Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) ha encontrado un nuevo obstáculo para arribar a buen puerto: las denuncias de nepotismo en la actual administración, últimas que han incomodado al poder que muestra su intolerancia a los temas de corrupción y se distancia cada vez que se aborda el convenio sobre la Misión anticorrupción al asegurar que Naciones Unidas está pidiendo muchas condiciones que ni la Organización de Estados Americanos (OEA) las puso para instalar la MACCIH hace un par de años atrás.
La voz cantante ha sido la del principal y más influyente asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya, coordinador del partido en el poder, Libertad y Refundación, al expresar en recientes declaraciones que Naciones Unidas “pone mil condiciones para instalar la CICIH, Xiomara (la presidenta) le ha pedido desde el primer día, pero Naciones Unidas pide mil condiciones, hay que preguntarle a Naciones Unidas por qué tantas condiciones. Ya deberían estar aquí”, acotó.
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Señaló que hace falta cumplir cinco puntos de las 14 condiciones solicitadas por las Naciones Unidas, y sin mencionar cuáles son esas condicionantes, dijo que algunos requieren reformas constitucionales, que se amerita de una mayoría calificada en el Congreso Nacional que no tienen por el momento.
Zelaya insiste en que hay disposición, pero al tirar el bulto a las Naciones Unidas y su burocracia, deja en el aire la instalación de la CICIH buscando culpables y excusas, al aseverar que el gobierno de Castro lo que quería era que viniera la misión y persiguiera la corrupción de los últimos 12 años.
“Cuando vino la OEA con la MACCIH, no le puso tantas condiciones a Juan Orlando Hernández (expresidente hondureño), vino y se instaló, se asoció con la Fiscalía y la Corte”, dijo el expresidente Zelaya, que dejó entrever su incomodidad con las condiciones planteadas por la ONU para una misión anticorrupción con independencia, autonomía e imparcialidad.
Las organizaciones de sociedad civil que luchan contra la corrupción han indicado que entre las condiciones de Naciones Unidas se encuentran una serie de reformas penales, la derogación del pacto de impunidad 2.0 relacionado con la amnistía política que ha favorecido a muchos imputados por delitos de corrupción, además de limitar a la CICIH al dejarla como una instancia de “asesoría” y no un ente con garras y dientes para perseguir los grandes delitos de corrupción. Otras acciones están relacionadas con la aprobación en el país de una Ley de Colaboración Eficaz y reformas que permitan garantizar la independencia de poderes y el fortalecimiento institucional.
ONU define las reglas
Las reformas penales como parte de los condicionamientos de la ONU no terminan de ser aprobadas en el Congreso, apenas se han hecho algunas, pero el resto, los legisladores del oficialismo han indicado que no las conocen, y que algunas requieren consensos que no son fáciles y es mejor aprobar el convenio ahora y arreglar lo que falta en el camino.
Para disipar dudas en torno al compromiso de ayudar a Honduras a buscar caminos seguros que le permitan combatir la corrupción (el tercer problema más grave identificado en el país), las Naciones Unidas emitió un comunicado informando no solo de la decisión de ampliar el memorando de entendimiento con el gobierno de Honduras para continuar las negociaciones de cara a la instalación de la CICIH, también para fijar su posición del tipo de misión internacional que estarían dispuestos a acompañar.
El secretariado general de las Naciones Unidas, dijo en su comunicado que el eventual establecimiento de un mecanismo anticorrupción en Honduras requiere primero “incluir por escrito, un mínimo de garantías legales para el establecimiento y operatividad” de esa entidad, que debe ser autónoma, independiente e imparcial.
Naciones Unidas recordó al gobierno de la presidenta Castro los acuerdos bilaterales establecidos para la negociación previa a la determinación de la instalación de la CICIH en el país, y estos acuerdos mínimos no se han cumplido hasta ahora.
Pero no solo ese entorno de incumplimientos ensombrece y alarga la llegada de la CICIH, también otros factores están incidiendo para que la ONU vea con cautela el compromiso de la lucha contra la corrupción en Honduras. Uno de ellos es la polarización política y el ambiente preelectoral que vive el país, en donde la misión anticorrupción puede quedar atrapada en el discurso político de los cumplimientos e incumplimientos de parte del gobierno y las promesas de campaña que pueden a la larga afectar la reputación de Naciones Unidas.
Otro factor está relacionado con las denuncias de nepotismo y las virulentas reacciones al respecto por parte de diversos actores gubernamentales, entre ellos el influyente asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales.
Considerado como la utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores, al margen del principio de mérito y capacidad, el nepotismo ha sido una de las figuras de corrupción más cuestionadas en la historia de la administración pública en Honduras, pero con mayor énfasis en el gobierno de la presidenta Castro por las redes estratégicas de poder existentes y sus nexos con el primer anillo del poder político del país en la presidencia de la república.
Familias por encima de la institucionalidad
Dos informes del Consejo Nacional Anticorrupción han develado con detalles, nombres, relaciones y conexiones, como el gobierno de Castro ha conformado una red de concentración de poder que riñe con el discurso de transparencia y lucha anticorrupción que le valió para acceder al poder. El nombramiento de hijos, sobrinos y otros parientes de la pareja presidencial en cargos estratégicos y de poder ha sido denunciado por el CNA, que ha advertido que esta ramificación se ha extendido también a tres familias de confianza del círculo de poder.
El CNA señala que en el 2023 existían 55 personas ligadas directamente al primer anillo presidencial como parte de esas redes de concentración de poder, pero ese número se elevó en lo que va del 2024 a 115 personas, que popularmente ha sido identificado entre la población como “el familión”, mismo que parece expandirse también a otras ramas administrativas del gobierno de menor rango, emulando el accionar del primer anillo del poder.
El nepotismo se considera una forma de corrupción porque no solo irrespeta el principio de mérito y capacidad de las personas para poner en cargo a familiares y amigos a cambio de lealtades personales, también violenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 21 que consagra el derecho de la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, establece la doctrina al respecto.
El Consejo Nacional Anticorrupción ha abogado por una ley contra el nepotismo para erradicar o disminuir este tipo de prácticas que ha caracterizado la administración pública, pero que en este gobierno tiene un mayor acento con rasgos preocupantes en materia de concentración de poder que puede conducir al país hacia una deriva autoritaria al deformarse la concepción de los principios y valores democráticos que rigen una nación en democracia.
Esa advertencia del CNA cobra fuerza luego que el asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya, rechazara los informes de nepotismo, acusando al CNA de no tener el “valor para cuestionar la cívica, pública y democrática de Xiomara Castro, y de su servidor, que soy alguien que tiene una lucha política como coordinador del partido Libertad y Refundación y mi posición me la gané en las urnas contra gente que no me ha aceptado”, dijo molesto el exgobernante.
Acusó al CNA de elaborar un informe sesgado, “de mala fe” que busca descalificar a una familia (los Zelaya) con mayor legitimidad que el mismo organismo anticorrupción y el resto de la institucionalidad del país. Seguido a ello se vino una avalancha de expresiones descalificadoras de empleados públicos, ministros y asesores en contra del informe del Consejo Nacional Anticorrupción y de su coordinadora, Gabriela Castellanos.
En sus mensajes todos justificaban el nepotismo, diciendo que el informe del CNA lo que presentaba era el “familión del pueblo”, de la “resistencia” y de la “refundación” de la patria, del cual se sienten “orgullosos”.
Desde el poder ejecutivo, otro de los asesores presidenciales de alta influencia, el exministro Enrique Flores Lanza, ha dicho en una carta que el informe del CNA pone en riesgo la “existencia misma del Estado, la seguridad nacional y la gobernabilidad democrática”, aseguró al reiterar que las tres familias citadas en el informe de nepotismo, se han ganado ese derecho por andar en las calles en los últimos 15 años.
La lucha contra la corrupción y la instalación de la CICIH entra así a terrenos pantanosos, a distorsiones conceptuales de los valores democráticos y cívicos, además de un secretismo al negarse el gobierno a brindar información pública de interés en torno a las negociaciones con Naciones Unidas sobre la CICIH, pretextando razones de “seguridad nacional”. (PD)
