Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Siempre que hay cambio de autoridades en un poder del Estado, hay nuevas expectativas, o por lo menos se les da el beneficio de la duda, hace ya casi 10 meses asumió un nuevo pleno de magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para unos un periodo muy corto para evaluar, para otros ya se marca la pauta de lentitud y falta de operatividad.
– Según especialistas recursos de inconstitucionalidad en caso de Junta Directiva del CN y Fiscales interinos, serán inadmisibles porque tienen aceptación tácita.
– Después de un año de adaptación la nueva CJS debería despegar.
– Hasta el momento no hay un pronunciamiento en algún caso de trascendencia nacional que avizore cómo serán las resoluciones de pleno.
Este lunes la CSJ inicia un periodo de receso de fin de año y se vuelven a presentar hasta el 8 de enero de 2024. Expertos consultados dijeron que se necesita trabajar a paso redoblado para acortar la mora histórica que existe en ese poder del Estado.
Con la elección de la nueva CSJ, según expertos, hubo algunos puntos positivos, como el trabajo de la Junta Nominadora, con una labor acorde a lo que esperaban los hondureños; pero que no dio para un proceso final en lo relativo a la independencia judicial que esperaba el pueblo, de modo que siempre se terminó eligiendo magistrados de Libre, magistrados liberales y magistrados nacionalistas.
En ese sentido, no son muchas las esperanzas de que se puede esperar algo nuevo, ya que también se eligió magistrados a la medida de los políticos.
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Esperanza o incredulidad
No obstante, se vale soñar y muchos sectores visualizaron con optimismo que podría haber cambios que lleven a que la impartición de la justicia sea más efectiva, luego que el primer año logren tantear la situación.
Para ello, las principales expectativas se resumen en que los nuevos magistrados conozcan a cabalidad las atribuciones generales en cuanto a aplicación de la ley que se encuentran en el artículo 313 de la Constitución y las hagan valer; y que sean garantes de la Carta Magna como lo establece el artículo 316 respecto de la Sala de lo Constitucional.
Pero, por otro lado, hay dudas de que no se caiga en los vicios del pasado y sea una CSJ, plegada a los intereses principalmente del Ejecutivo.
Trabajo modesto y lentitud
En lo que lleva el nuevo pleno de magistrados al frente del máximo tribunal, ya hay algunos calificativos en cuanto a su labor “el desempeño de la Corte, ha sido relativamente modesto, no vemos acciones de amplio espectro que realmente transformen el Poder Judicial y mucho menos que resuelvan el problema de la lentísima administración de justicia”, dijo a Proceso Digital el analista Raúl Pineda y exaspirante a magistrado.
Continúa la situación crítica en el Poder Judicial, donde simplemente la admisión de una demanda puede durar meses, y ya es ampliamente conocido que justicia tardía no es justicia, remarcó.
El nuevo pleno se ha dedicado a desempeñar su papel, sin tener un plan operativo que de manera más rápida ofrezca a la sociedad una imagen de transformación, “la corrupción judicial se mantiene, la lentitud en la resolución de los fallos es peor que antes y sentimos que hay un sometimiento del Poder Judicial a las decisiones del Poder Ejecutivo”, amplió el entrevistado.
No obstante, apuntó que se espera que en el transcurso de estos meses ya hayan acumulado la experiencia necesaria para entender que cada vez el Poder Judicial va adquiriendo más poder político, eso se ve en todo Latinoamérica, y ese poder político debe sustentarse en la objetividad y en la imparcialidad en los jueces, cosa que hasta el momento no se ha logrado.
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Persiste alta mora judicial
En opinión de conocedores, el alto porcentaje de mora judicial, es uno de los factores principales para que Honduras sea uno de los países con mayor impunidad.
El director de seguridad y justicia en la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, en conversación con Proceso Digital, expresó que precisamente lo que se espera del Poder Judicial es que logre eliminar o al menos bajar lo más posible la mora judicial en todas sus instancias.
Pero para ello, debe haber atención en diferentes temas como la contratación de más jueces y la capacitación de los mismos, nuevas herramientas tecnológicas, digitalizar los archivos y mejorar la información pública, entre otras cosas.
El profesional expuso que, debido a la falta de orden, clasificación y digitalización, muchos jueces desconocen su carga, lo que provoca acumulación, y lógicamente cuando se evalúa el rendimiento de cada Juzgado, “hay un gran índice de impunidad, casos parados mucho tiempo”.
Por su parte, el coordinador de la Sala de lo Civil, Milton Jiménez Puerto, reconoció la “altísima” mora de expedientes por resolver en las cuatro salas (Laboral, Penal, Civil y Constitucional) que componen la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Desglosó que la mora en la Sala de lo Civil no es tan alta como en la Sala de lo Constitucional, “pero prácticamente nos estamos poniendo al día, hemos encontrado expedientes de 2014, 2015 y 2016 que ni siquiera habían sido tocados”.
Auguró que para 2024 podrán avanzar con los expedientes que entraron este 2023. Además, anheló la digitalización de expedientes para avanzar rápidamente, como ocurre en otros países en materia judicial.
Aunque la administración pasada tuvo avances en la mora judicial las estadísticas hasta el 2022 indican que hay mucho trabajo por hacer, falta sumar estadísticas del 2023, mismas que aún no aparecen actualizadas en el portal del Poder Judicial.
Se auguran recursos inadmisibles
Por su parte, el abogado penalista Marlon Duarte, dijo a Proceso Digital que, durante estos meses, la CSJ ha estado en reestructuración, incluyendo cambios de personal, y a eso se debe la lentitud que se ha visto y es comprensible, no obstante, se esperaría que para el próximo año ya arranquen con todo, porque caso contrario la crítica será directa.
El profesional, anotó que se siguen dando casos de retrasos para pronunciarse en recursos importantes, sobre todo cuando son del pueblo son retrasados, porque después hay daños irreparables.
En el caso específico de dos temas principales en los que hay recursos de inconstitucionalidad, como lo es la ilegalidad de la Junta Directiva del actual Congreso Nacional y el tema de los recién nombrados fiscales interinos, explicó que en ambos casos hay una aceptación tácita.
“Creo que estos recursos en ambos casos van a ser declarados inadmisibles porque tácitamente la oposición o los que se oponían de manera tajante, tácitamente acompañaron en el Congreso Nacional decisiones importantes como la elección de la CSJ, y en el caso de los fiscales interinos hay recursos que han sido admitidos y se han librado órdenes de captura en contra de personas y resoluciones decretando actos de formal procesamiento con prisión preventiva como el caso de la extitular de Finanzas”.
Un ejemplo
Un ejemplo se dio en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró sin lugar dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Amnistía Política o pacto de impunidad, uno de estos había sido interpuesto por la jueza Karla Romero.
En su momento, el magistrado de la Sala Constitucional, Luis Fernando Padilla, explicó que estos fueron rechazados “porque fueron presentados con errores de procedimiento”.
Engranaje jurídico
Los especialistas consultados opinaron que efectivamente hay una percepción de que la Corte Suprema de Justicia ha hecho bien poco o nada en los meses que el nuevo pleno asumió, y aunque no deja de ser cierto en parte, pero lo que sucede es que se echa en el mismo saco toda la problemática del sistema de justicia.
Sin embargo, al apegarse a la norma procesal, se da cuenta de que el Poder Judicial, actúa conforme a investigación y si no hay investigación y otras acciones precisas, tampoco habrá resoluciones.
El abogado Castañeda señaló que para el caso eso ha pasado en el circuito anticorrupción, donde son muy pocos los requerimientos, porque se está sosteniendo toda una estructura de un juzgado especializado que no está dando resultados.
También ha bajado el número de judicializaciones por extorsión, apenas 40 en lo que va de 2023, en los juzgados especializados tampoco están entrando requerimientos fiscales, por ejemplo, se ha visto una baja en el decomiso de drogas, antes se miraba mayor incautación y decomisos, tampoco se han dado nuevas extradiciones “eso provoca que la percepción de justicia sea muy baja”.
En ese sentido, debe haber un completo engranaje del Ministerio Público y Seguridad, para que haya efectividad en el Poder Judicial, que viene siendo el último eslabón.
La limitación de herramientas, por ejemplo, la falta de las cámaras del 911, limita la efectividad del Ministerio Público y se ha visto pasividad y prácticamente han estado trabajando solo con casos de flagrancia.
Limitados avances
Los avances de la nueva Corte han sido pocos y tímidos, apuntan los conocedores, pero se destaca para el caso el traslado del Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional del Primer Batallón de las Fuerzas Armadas, a la sede judicial ubicada en la Avenida La Paz.
También se ha conocido que se trabaja en la construcción de estrategias para fomentar un gobierno abierto de transparencia y estadísticas e información.
Asimismo, se le ha dado continuidad a algunos mecanismos de efectividad como el modelo de gestión judicial y capacitaciones para tener jueces más efectivos.
Lo cierto es que hay algunos pasos limitados en el Poder Judicial, reconocen los analistas, pero falta mucho por hacer y el paso del tiempo para resolver una causa sigue siendo demasiado lento y esto no contribuye a mejorar los altos grados de impunidad que ya existen. LB
