Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señaló que la Policía Militar de Orden Público (PMOP) es la encargada de garantizar la seguridad en los centros penitenciarios, por lo tanto, es la autoridad responsable de proteger la integridad física y la vida de las personas que fueron trasladadas al Centro Penal de Támara.
En las últimas horas fueron trasladados al Centro Penitenciario de Támara una veintena de personas que permanecían recluidos en el Primer Batallón de Infantería.
Ricardo López, Director del Despacho expresó que el Estado de Honduras ha sido objeto de recomendaciones del sistema regional en materia de derechos humanos en cuanto a este tipo de centros alternativos anexos a las penitenciarías nacionales.
“Lo que el Estado de Honduras debe hacer, es garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad que se encuentren en cualquier lugar, ya que el Estado es el responsable de su seguridad”, externó.
Recordó que el único derecho que les suspende es su libertad, pero que su derecho a la integridad física, a su dignidad como persona humana y a su vida, toda persona privada de su libertad las conserva y, por consiguiente, en cualquier centro penitenciario donde se encuentren recluidos, el Estado de Honduras debe garantizar el 100% de la seguridad de estas personas.
Corrupción no sólo es achacable a particulares
Sobre lo expresado por las autoridades penitenciarias en el sentido que si les pasa algo a las personas trasladadas sería por la corrupción existente en los centros penales y no por ellos, López declaró que no se puede decir que un acto de corrupción es achacable solo a un particular y no a una autoridad.
Un tema de corrupción en centros penales involucra la autoridad del Estado, porque el Estado es el responsable de la administración de los centros penitenciarios y recordó que estos no están en manos de personas particulares.
Señaló que la Policía Militar de Orden Público es la autoridad que esta investida de las facultades para liderar los centros penitenciarios, por lo tanto, es la autoridad responsable de la integridad física de todas y cada una de las personas que se encuentran recluidas en los centros penales.
Aplicación de protocolos son importantes
López espera que Estado hondureño haya creado los protocolos correspondientes para poder tomar las mejores decisiones a la hora de hacer un traslado de un centro hacia otro, de cualquier persona privada de libertad.
Además, tener en consideración, las recomendaciones del Sistema de las Naciones Unidas en cuanto a la protección de la integridad física y la vida de una persona privada de libertad.
Hay que analizar caso a caso y determinar, donde es el lugar más idóneo que se debe tener a una persona a la cual se presume que se le pueda hacer un atentado en contra de su integridad física por lo delicado del caso que se haya manejado en su contra.
Sin embargo, el Estado antes de hacer estos movimientos tuvo que haber hecho estas valoraciones y tomar las mejores decisiones para evitar un daño irreparable en la integridad física de cualquier ciudadano, concluyó. JS
