Tegucigalpa – A través de un pronunciamiento público este jueves la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) instó al Congreso de Honduras a fortalecer el marco legislativo anticorrupción luego que varios decretos considerados “pactos de impunidad” fueran derogados o reformados.
En el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad, la defensa del Estado de derecho, el fortalecimiento de la democracia y la creación de un ambiente idóneo para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) como una coalición conformada por organizaciones de sociedad civil, iglesias, academia, jóvenes, mujeres organizadas, organizaciones de derechos humanos, sector privado, entre otras, la coalición se pronunció de la siguiente manera:
I. Pese a larga espera de dieciocho (18) meses después de la instalación de la primera legislatura en el Congreso Nacional, observamos positivamente la derogación del decreto No. 57 – 2020 contentivo de la interpretación de los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal (CPP), impidiendo al Ministerio Público (MP) pudiera realizar el comiso y secuestro de documentos de personas involucradas en casos de corrupción y el decreto No. 93 – 2021, que entre otras reformas y derogaciones, retiró al Ministerio Público (MP) la capacidad de trabajar articuladamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), así como, cambios en la regulación del delito de lavado de activos y otros elementos que contemplaba dicha reforma.
II. Instamos al Congreso Nacional (CN) a continuar creando en menor tiempo, las condiciones necesarias para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), derogando los decretos 116 – 2019 mejor conocido como “Fondo Departamental”, la reforma al Decreto 117- 2019; artículo 10-A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, así como, la revisión de los delitos en contra de la administración pública regulados en el decreto 130 – 2017, que le da vida al actual Código Penal. Además, reformar la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, decreto 145–2019 en el artículo 77, que limita el acceso del MP a la información del Tribunal y no olvidar la derogación de la ley conocida como “Amnistía Política” o “Pacto de Impunidad 2.0” que fue aprobada por el actual Congreso Nacional a inicios del año 2022. Sin lugar a dudas, que sin la derogación de la normativa antes mencionada no se podrá contar con una efectiva e imparcial lucha contra la corrupción e impunidad en Honduras.
III. En el mismo sentido, exhortamos al Congreso Nacional a crear y reformar mecanismos complementarios de normativa, como la Ley de Colaboración Eficaz, Ley del Consejo de la Judicatura, Ley sobre Conflicto de Interés y Nepotismo, así como, reformar la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, entre otras, como herramientas necesarias para la investigación, previo a la judicialización y sanción de los actos de corrupción que vulneran directamente los derechos fundamentales de los y las hondureñas.
IV. Finalmente, recordamos que de la mano de la labor legislativa, de derogar, modificar, crear e interpretar el ordenamiento jurídico, responsabilidad expresa de los y las diputadas del Congreso Nacional, el proceso de elección de Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público, también es fundamental para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), teniendo en sus manos los legisladores el compromiso de elegir bajo los estándares internacionales de transparencia y publicidad, meritocracia, participación ciudadana e igualdad y no discriminación, a las personas idóneas, que se convertirán en el brazo institucional de apoyo a la CICIH. (RO)
