Tegucigalpa – La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción(CNA), Gabriela Castellanos, se vio obligada a salir de emergencia del país en las últimas horas, tras ser vulnerada su seguridad, informaron fuentes cercanas al organismo a Proceso Digital.
Castellanos, en los últimos días, se aseguró, venía siendo objeto de seguimientos y su seguridad se puso en alto riesgo, obligándola a dejar el país junto a su familia, luego de hacer la denuncia correspondiente ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, se informó.
Horas antes de dejar el país, la directora ejecutiva del CNA sostuvo una reunión con miembros de la cooperación, entre ellos la representante de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, y la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, con quien abordaron el papel de la sociedad civil en la democracia. La representante de la ONU posteó en sus redes sociales: “Mantuvimos un diálogo con @cnahonduras sobre el papel crucial que desempeña la sociedad civil en una democracia, en víspera de su participación en el diálogo de los gobiernos de la región con sociedad civil”.
En esos mismos términos, se refirió minutos después del posteo de la representante de la ONU, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, al indicar: “Una sociedad civil fuerte es importante para todos los países. Bueno que la @OEAHonduras incluya voces de la sociedad, incluida @CNAHonduras como parte de los eventos de la Asamblea General”, señaló la embajadora.
Castellanos ha sido objeto en las últimas semanas de fuertes ataques y amenazas en redes sociales, además de cuestionamientos públicos por la difusión de una investigación que devela las redes de nepotismo y la concentración del poder en la actual administración, destacando entre ellos a la familia presidencial, los parentescos de ministros y del poder judicial.
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), registró la queja interpuesta por la directora del CNA, Gabriela Castellanos, por encontrarse en situación de riesgo.
De acuerdo a la información del Conadeh, la queja fue admitida a trámite y se realizarán las diligencias que son competencia de ese ente defensor de DDHH para asegurar la vida e integridad de la peticionaria. (PD).
