Tegucigalpa – La Secretaría de Derechos Humanos pidió en las últimas horas al Ministerio Público que busque soluciones que garanticen la investigación eficaz, independiente e imparcial ante la paralización de labores de fiscales y médicos forenses.
Mediante un pronunciamiento, el ente acusador del Estado reconoció que cada trabajador tiene derecho a la huelga, a organizarse y expresar sus reivindicaciones específicas de sus condiciones laborales, presentarlas ante el empleador y participar en cuestiones de interés público como un colectivo.
No obstante, señaló que la naturaleza de trabajo de los funcionarios del Ministerio Público debe ser proporcional sin afectar los derechos de las víctimas y familiares en los distintos casos de violencia y limitar el acceso a la justicia.
Mencionó que el caso de Ana Lizeth Hernández, cuyo cuerpo esperó una semana para que se le practicara la autopsia, indicaba que este caso demandaba la realización de una autopsia especializada bajo protocolo diferencia por la naturaleza de su caso.
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Citó que Medicina Forense al negarse a realizar una autopsia incurría en una violación del derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
La Secretaría de Derechos Humanos expresó su preocupación porque hay más de 60 cuerpos que están refrigerados y están a la espera de una autopsia y que vulnera los procesos técnicos vitales para la deducción de responsabilidades y el acceso de justicia a las familias.
La falta de actuación del Ministerio Público, fiscales y médicos forenses incurre en la vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la población, resaltó la Secretaría de Derechos Humanos.
Esta dependencia del Estado concluyó que si los fiscales y médicos forenses se abstienen de cumplir con sus obligaciones habilita la perpetuación de la impunidad e implica un daño de la integridad psíquica de los familiares de las víctimas. AG
