Tegucigalpa – El acuerpo para elegir al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tuvo lugar el pasado jueves, incluyó la implementación de la Comisión Internacional Anticorrupción (CICIH), nombramiento de magistrados integrantes y reformas a la ley del Ministerio Público.
Para llegar al consenso de nombrar un nuevo Supremo, el tripartidismo -Libre, Nacional y Liberal- firmó un documento en el que se comprometen a respetar varios acuerdos.
Entre los ocho puntos acordados, el primero cita a los 15 integrantes del Supremo con una designada por Libre para encabezar ese Poder del Estado.
El pleno quedó integrado por los magistrados: Rebeca Lizette Ráquel Obando (Presidenta), Sonia Marlina Dubón, Roy Pineda Castro, Mario Rolando Díaz, Francisca Villela Zavala y Rubenia Galeano y por el Partido Libre; Gaudy Bustillo, Anny Belinda Ochoa, Isbela Bustillo, Walter Miranda y Luis Fernando Padilla, del Partido Nacional; y Odalys Nájera, Milton Jiménez, Wagner Vallecillo y Nelson Danilo Mairena por el Partido Liberal.
Igualmente, se acordó la designación de seis magistrados suplentes llamados también como “integrantes”, quienes por impedimento, licencia, ausencia temporal o cualquier motivo legal, será regulado con base en el Reglamento Interno de la CSJ, en acta especial efectuada por votación calificada del pleno de magistrados.
Estabilidad laboral, CICIH y proporcionalidad
La nota firmada por las tres principales fuerzas políticas también se compromete a respetar la estabilidad laboral en el Poder Judicial.
“Se respetará la independencia, inamovilidad y estabilidad laboral de jueces, magistrados, funcionarios y demás servidores del Poder Judicial, en los términos previstos por las leyes de la República”, cita el acuerdo.
En tanto, se acordó discutir en primera legislatura, el proyecto de decreto de reforma constitucional para la implementación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH), para el combate de la corrupción de alto impacto cometida en todos los gobiernos.
También hubo consenso para respetar el principio de proporcionalidad al elegir e integrar las instituciones que le corresponde al Congreso Nacional de acuerdo con el resultado electoral obtenido por cada partido político declarado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que integran al Legislativo respetando la participación esos actos de las autoridades partidarias.
Finalmente, hubo el compromiso de reformas a la Ley del Ministerio Público en el menor tiempo posible con el fin de garantizar el cumplimiento de su misión institucional de defender los intereses de la sociedad hondureña.
El documento fue firmado por Rafael Sarmiento e Isis Cuéllar por Libre, Tomás Zambrano y Nelson Márquez del Partido Nacional, y Mario Segura por el Partido Liberal. JS
