Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Por segunda vez en la historia del Poder Judicial de Honduras, ocho mujeres asumen las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, y en pleno siglo XXI, tienen entre sus desafíos garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, reducir la mora de impunidad en los feminicidios y demostrar que más allá de sus diferencias, apostarán por devolver la credibilidad y la confianza en la justicia en Honduras.
Estas mujeres, seleccionadas de la nómina de 45 aspirantes que enviara al Congreso Nacional, la Junta Nominadora, y respaldadas por las fuerzas políticas partidarias a las que pertenecen, tienen también el compromiso, junto a sus compañeros de la corte de justicia, de aplicar el deber de ingratitud, es decir, apegarse a la impartición de justicia sin obediencia partidaria o sombrerazos que les quieran dar los caudillos de sus partidos. Su compromiso es con Honduras y con la justicia, de capa caída en los últimos años.
De todas ellas, la que repite en la magistratura de la Suprema, por segunda ocasión, es la magistrada Sonia Marlina Dubón, quien estuvo también en el pasado en la Sala de lo Constitucional, y hoy la preside nuevamente. Dubón fue parte de la primera Corte Suprema de Justicia que surge tras la ley de la Junta Nominadora, como parte de las reformas al sector justicia y constitucionales de principios del año dos mil.
Junto a la entonces presidenta del poder judicial, Vilma Morales, la magistrada Marlina Dubón, encabezó también una corte con amplia participación de género, ocho magistradas, rompiendo los tabúes de las mujeres en la impartición de justicia en el más alto tribunal del país.
Más de dos décadas después, el Supremo nuevamente es integrado por ocho mujeres como magistradas, cumpliendo así con lo establecido en la nueva ley de la Junta Nominadora que consignaba una representación de género para garantizar una participación igualitaria en cuanto a las mujeres.
Las primeras tareas
La presidenta de la República, Xiomara Castro, destacó en su cuenta de Twitter la integración de la nueva Corte con perspectiva de género, multipartidaria e inclusiva, en alusión al primer magistrado garífuna que integra el poder judicial en la historia del país e igual lo hizo el principal partido opositor, el Nacional, quien en sus propuestas les apostó a las mujeres mientras los liberales también hicieron lo propio.
Ese avance en materia democrática es destacado por otros sectores, en especial los veedores internacionales y el mundo de la cooperación internacional, y si bien es un logro para Honduras, representa, a su vez, un desafío enorme para quienes conforman esa representatividad multipartidaria y diversa.
En el caso de las mujeres magistradas, entre sus retos se encuentran poner en práctica el deber de ingratitud, y avanzar en una agenda de género que garantice el acceso a la justicia a las mujeres en función de lo establecido en la Constitución, la progresividad de los derechos humanos y la convencionalidad.
La agenda de las mujeres en el sector justicia es amplia y diversa, pero todas conectadas a un hilo común: acceso a la justicia. Uno de los problemas a resolver o comenzar a revertir es el relacionado con la impunidad de los feminicidios, donde los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, Colón, Cortés y Atlántida concentran altos índices de impunidad en materia de judicialización de casos.
Solo entre los años 2010 y 2019 se registraron 4,769 muertes de mujeres, de las cuales se judicializaron 1,818, lo que refleja un acumulado de judicialización en el periodo de 38%, revela un informe sobre índice de impunidad en materia judicial de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). La judicialización de los casos de mujeres sigue siendo una agenda pendiente.
Más allá del género
Una agenda que crece ante el dispare de las muertes violentas contra las mujeres y la violencia doméstica e intrafamiliar. Según los registros, más de la mitad de los crímenes contra las mujeres son feminicidios y en su mayoría estos se encuentran en las gavetas de la impunidad de los archivos de los operadores de justicia, entre ellos, el Poder Judicial.
La visión de género de la nueva Corte Suprema tiene también ante sí una demanda de reivindicación de derechos que reclaman las organizaciones de mujeres, entre ellas las relacionadas con la salud sexual reproductiva, agendas que van a sacudir ese poder del Estado, en una nación con una visión conservadora, y con altas dosis de desinformación en cuanto a la progresividad de los derechos humanos y la doctrina.
Pero esa visión de género no se debe limitar solo a la reivindicación de derechos de las mujeres y los sectores más vulnerables, pasa también a una mirada profunda cuando se trate de impartir justicia en casos de corrupción y criminalidad organizada, para que la aplicación de la Diosa Temis sea implacable con quienes abusan del erario y de las estructuras del Estado, ya que sus hechos impactan en la democracia y el fortalecimiento de las instituciones, cuando éstas son erosionadas. La revisión de la calidad de las sentencias impartidas por el Poder Judicial debe ser parte de esa agenda de prioridades para desmontar la impunidad judicial.
Del aplauso de una Corte de Justicia integrada por ocho mujeres y siete hombres, las magistradas electas deberán mostrar su temple en la impartición de justicia para devolver la credibilidad a un organismo en donde los niveles de confianza son del 13%, de acuerdo con los sondeos del Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas del último año.
También, en un Poder Judicial donde la mayoría de los hondureños cree que se imparte justicia solo para los ricos y poderosos, según el sondeo de opinión de los jesuitas 2021. De ahí que la visión de género no se reduce al número de mujeres magistradas, al contrario, plantea en el escenario la capacidad de las magistradas de impartir justicia con una agenda de país en donde la perspectiva de género sea integral para lograr junto a sus compañeros de sala, una justicia menos rancia y más equitativa y progresiva.
Una justicia que garantice seguridad jurídica, respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Una justicia que no criminalice a los indefensos, sino que castigue a los que, sin importar el color político, hacen del país una hacienda particular de abusos, latrocinio e impunidad. (PD)
