Tegucigalpa – Deficiencias, mora y desinterés de las autoridades en las antiguas administraciones para resolver casos denunciados a través del sistema de denuncias de la Secretaría de Educación, encontró la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, tras realizar un diagnóstico al método de denuncia gubernamental.
– El 63 % de los docentes indicaron que, si interponen una denuncia, tienen desconfianza en la atención y su resultado.
El Diagnóstico del Sistema de Denuncia de la Secretaría de Educación, realizado en el marco del proyecto SANCUS, con el financiamiento de la Unión Europea, expone carencias en los programas de formación en cuanto a inducción y actualización de la normativa vigente, manual de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; protocolos de atención de la denuncia, gestión de la convivencia para fomentar la cultura de paz y los derechos humanos entorno a los servicios educativos, en el nivel central, descentralizado y centro educativo.
En ese sentido, el informe revela que el 81 % de los maestros, personal administrativo y escolares mencionaron desconocer los procedimientos para efectuar denuncias, al igual que la existencia de una normativa vigente sobre rendición de cuentas, convivencia estudiantil en pro de la paz y garantía de derechos humanos de alumnos, entre otros temas.
Durante la investigación se encontró que entre 2016 y 2019 ingresaron 6 mil 635 denuncias al sistema, donde predominan los casos por abuso de autoridad, cobros ilegales, ausencia en el lugar de trabajo y desempeño profesional deficiente. Además, acoso sexual y actos de violencia entre niños; estos últimos tuvieron un alarmante incremento en los años antes mencionados.
Sin embargo, debido a la falta de interés de las autoridades competentes, los docentes, padres de familia y usuarios del sistema, en muchas ocasiones, interponen denuncias de manera informal a otras autoridades de confianza o entidades que consideren tienen mayor credibilidad, entre ellas: organizaciones de sociedad civil, alcaldías, iglesia y organismos cooperantes que están trabajando en la comunidad, señaló la ASJ.
Por tanto, el diagnóstico muestra una disfuncionalidad por la normativa vigente en la Secretaría de Educación, con fraccionamiento de los procesos de denuncia, elevada desconfianza de la ciudadanía en su quehacer, evidente falta de capacidades en sus funcionarios, y un bajo nivel de eficiencia y eficacia en sus actividades.
Este análisis refleja que la sociedad civil ha tenido obstáculos para ser veedora de la rendición de cuentas y que el 63 % de los docentes indican que, si interponen una denuncia, tienen desconfianza en la atención y su resultado.
Este diagnóstico, incluye además un apartado importante sobre los temas concernientes a riesgos sociales que afectan el desempeño escolar, al encontrar que los principales son: violencia entre alumnos (68 %), robos (64 %), casos de bullying o acoso escolar (61 %), consumo de drogas (55 %), migración de escolares (54 %), falta de educación sexual (54 %). Abuso físico y verbal de los profesores, les corresponde un 19 % y 34 % respectivamente.
Ante estos hallazgos, la ASJ recomienda crear un mecanismo alterno de resolución a nivel departamental para reducir mora en atención de denuncias, atenderlas de forma integral con lineamientos homologados para la recepción, investigación y resultados. Diseñar un modelo efectivo de la convivencia escolar que simplifique las normativas para disminuir los altos índices de riesgos sociales en los centros educativos.
Para esta investigación se tomó en cuenta actores pertenecientes a la sociedad civil, academia, autoridades educativas, estudiantes, docentes y organismos de cooperación internacional como la Unión Europea, en el marco de brindar acompañamiento mediante asistencia técnica a la Secretaría de Educación en el fortalecimiento de su sistema de denuncia. (RO)
