(Tomado de Insight Crime) Durante varios años, la selvática región de la Mosquitia en Honduras ha sido idónea para el tráfico internacional de cocaína. El auge de esta actividad ha potenciado una nueva economía criminal: la ganadería ilegal. Esto ha creado un estado de terror en la selva, donde se amenaza a la naturaleza y a las comunidades indígenas.
“Es un animal muerto”, dice Oswaldo, un poblador indígena de la comunidad Miskita de la Reserva de la Biósfera de Río Plátano que viaja con el equipo de InSight Crime en una balsa por el Río Patuca. Oswaldo se refiere a un extraño bulto que flota sobre la superficie del agua y con su rostro hace una señal para guardar silencio.
La Biósfera de Río Plátano es el área natural protegida más grande de Honduras. Se ubica en una región conocida como la Mosquitia, en la punta extrema del noreste del país, donde comparte frontera con Nicaragua y hace parte de los departamentos de Gracias a Dios, Colón y Olancho. La mayor parte de la Mosquitia es selva y territorio ancestral de comunidades indígenas.
Más tarde, cuando llegamos al poblado de Krausirpi y estamos en un lugar privado, Oswaldo explica que el bulto que vimos no era un animal, sino el cadáver de una persona. Hace unos días, cuenta, alrededor de 20 “colonos” habían terminado de construir un nuevo potrero en la selva y para no pagarles, sus jefes los mandaron a asesinar y arrojaron sus cuerpos al río.
Las comunidades indígenas de la Mosquitia llaman “colonos” a las personas que llegaron a esta remota región desde el interior del país para acaparar terrenos en los que se cría ganado bovino. A pesar de ser esta un área protegida, los colonos circulan en sus jeeps por carreteras abiertas en plena selva, cortan árboles con motosierras, queman el suelo y plantan pastizales en los que engordarán a miles de reses.
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Estos actores también llegan fuertemente armados, por lo que Oswaldo aprendió que es mejor hacerse el de la vista gorda y no preguntar. Desde hace 10 años, vive en un constante estado de pánico porque sabe que la ganadería tiene otros propósitos: facilitar el tráfico de cocaína y blanquear el dinero proveniente de esta actividad.
El epicentro del narcotráfico en Honduras
Para llegar a la Mosquitia se debe volar a Puerto Lempira, la capital del departamento de Gracias a Dios. A pesar de ser esta la ciudad más importante de la región, la pista de aterrizaje es de tierra y parece más una ranchería que un campo de aviación. La infraestructura es mínima: entre la cabina del avión y la caseta abierta que sirve como sala de embarque, una tormenta puede convertirse en un obstáculo para poder abordar y desembarcar cualquiera de los tres vuelos comerciales que llegan de manera semanal desde la capital Tegucigalpa y La Ceiba, una ciudad porteña en el norte del país.
Estos vuelos no traen al visitante a un destino turístico, sino a un lugar en el que, mediante la mezcla de los idiomas español, inglés, miskito, garífuna y pech, se pronuncian palabras para referirse a lo mismo: el dinero del narcotráfico. En las calles de Puerto Lempira, los hombres hablan abiertamente de trabajar como peones para descargar avionetas «que caen» con cargamentos de cocaína enviada desde Colombia y Venezuela.
La zona de la Mosquitia ha sido la principal puerta de entrada de la cocaína a Honduras -por aire, mar y tierra- desde hace al menos dos décadas. La ubicación es estratégica: su frontera con Nicaragua es porosa, tiene una amplia costa en el mar Caribe y densas selvas de difícil acceso. Desde aquí, se alimentan los principales corredores de droga que van hacia Guatemala, México y Estados Unidos. Además, la Mosquitia ofrece un atractivo irresistible para las redes criminales: la ausencia casi absoluta del Estado y complicidad de algunos de los pocos representantes de sus débiles instituciones.
Históricamente, las organizaciones criminales hondureñas han estado presentes en esta zona. Aquí operaron grandes clanes como Los Cachiros, el Cartel del Atlántico y los Amador. También otros grupos pequeños que recibían lanchas con cocaína a lo largo de la costa de Gracias a Dios.
Durante la última década, la mayoría de estas redes fueron desarticuladas y sus principales líderes fueron extraditados a Estados Unidos. No obstante, la droga sigue fluyendo. En 2021, por ejemplo, las fuerzas armadas hondureñas desmantelaron 21 pistas de aterrizaje clandestino en la Mosquitia y decomisaron aproximadamente 25 toneladas de cocaína en todo el país. Las investigaciones de InSight Crime en terreno entre 2019 y 2021 arrojaron que los actores criminales que han tomado la batuta del narcotráfico en Honduras son herederos de estas viejas redes. Hoy en día, forman células que también son compuestas por funcionarios, políticos o empresarios.
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En la Mosquitia, una de las redes narcotraficantes más conocidas está conformada por los hermanos Paisano Wood, quienes presuntamente dominan las rutas de la droga en el municipio de Brus Laguna y territorios aledaños. En esa zona hay una gran concentración de pistas de aterrizaje ilegales y atracadero de lanchas.
También están organizaciones como los Arrechavala, que trabajan en la frontera con Nicaragua, y los remanentes del clan Amador que operan entre el departamento de Olancho y el poblado de Wampusirpi. Todos ellos han sido ligados a políticos del Partido Nacional, sobre todo, al exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, quien cumple una cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Su hermano, el expresidente Juan Orlando Hernández, también espera juicio en ese país por los mismos cargos.
La narcoganadería
Viajar al interior de esta región tan pobre –si se atiende a las estadísticas de la economía formal– es caro, complicado y arriesgado. A falta de caminos vehiculares hechos por el Estado, el transporte se realiza de forma aérea, aterrizando en pequeñas pistas de tierra; por ríos, canales y pantanos en barcas de fibra de vidrio; o a pie por brechas abiertas entre la selva y terrenos desescombrados.
A lo largo de estos recorridos se pueden observar predios deforestados en los que, de manera ilegal, se cría ganado bovino. Esta colonización de la selva empezó hace unos 40 años, y, según los residentes de la zona, se ha potenciado en la última década a la par del narcotráfico.
Hoy en día, las cifras de deforestación son alarmantes. El Instituto de Conservación Forestal de Honduras estima que la Biósfera de Río Plátano pierde unas 2,700 hectáreas de bosque cada año desde 2016. Según una investigación de Wildlife Conservation Society, alrededor del 90 por ciento de estas pérdidas estarían relacionadas a la ganadería ilegal.
Varias fuentes entrevistadas en diversos lugares de la Mosquitia aseguraron a InSight Crime que los dueños del ganado no son personas locales, sino empresarios de los departamentos de Colón y Olancho que presuntamente actúan como testaferros para otros actores dedicados al narcotráfico. De hecho, la vinculación entre la ganadería y el narcotráfico en Río Plátano es tan íntima, que los pobladores de la zona han denominado este fenómeno como “narcoganadería”.
Los nativos conocen a las personas que manejan estos potreros, pero no se atreven a identificarlas ya que, en varios casos, se dedican a apoyar sus actividades en lugar de correr peligro.
“Aquí manda la ley del narco. Es plata o plomo”, dijo a InSight Crime un poblador de Puerto Lempira que, al igual que la mayoría de las fuentes consultadas, pidió no utilizar su nombre.
Por un lado, la ganadería funciona como fachada para el control del territorio. Al tener presencia sobre amplios terrenos, las organizaciones de narcotráfico pueden desarrollar infraestructura para recibir la cocaína que llega a Honduras por vía aérea y marítima, almacenarla y después transportarla hacia la frontera con Guatemala.
Jennifer Devine, profesora de la Universidad Estatal de Texas que ha estudiado la “narcoganadería” ampliamente en la Reserva de la Biósfera Maya en Guatemala y quien también es co-autora de estudios sobre este fenómeno en Honduras, asegura que la ganadería se ha vuelto sumamente estratégica para los narcotraficantes centroamericanos, quienes han movido sus operaciones hacia las reservas naturales para minimizar la presión de las autoridades.
“La ganadería les permite a los narcotraficantes esconder y encubrir sus verdaderas actividades. De esta manera, son percibidos como ganaderos ilegales en vez de narcotraficantes, por lo que la respuesta y presión de las autoridades es menor”, dijo la profesora a InSight Crime.
Devine agregó que los predios ganaderos requieren poca infraestructura material, por lo que el ganado fácilmente puede ser reubicado dentro de la selva si llegan a ser desplazados por las autoridades.
Hasta ahora no existe un censo de cuánto ganado hay dentro de la Biosfera de Río Plátano. Los pobladores que viven en la ribera del Río Patuca calculan que hay entre 2,000 y 3,000 animales en cada predio. Incluso hay ganaderos que pueden llegar a tener hasta 10,000 cabezas de ganado, según comentaron a nuestro equipo. En total, InSight Crime estima que se estarían criando alrededor de 65,000 reses en la reserva, tomando en cuenta las cifras de deforestación.
Para ingresar el ganado a la reserva, los colonos abren caminos de manera ilegal o emplean a personas nativas para que arreen a los animales por la selva en trayectos que pueden durar hasta 15 días. Las reses son traídas desde los departamentos de Colón y Olancho o desde Nicaragua, cruzando el Río Segovia que divide a la Reserva de Río Plátano de la Biósfera de Bosawás en ese país.
Parte del ganado criado en la Biosfera de Río Plátano se envía de vuelta a ciudades en Olancho y Colón, donde es sacrificado y empaquetado para el mercado local. Otra parte ingresa en una ruta de contrabando bovino que llega hasta Guatemala y México. En esta cadena de contrabando, las organizaciones de narcotráfico nuevamente encuentran un beneficio: el lavado de dinero.
La compra-venta de bovinos se realiza mayoritariamente en efectivo, involucra a varios intermediarios y los controles de las autoridades llegan a ser insuficientes para rastrear el verdadero origen del ganado. De esta manera, los actores criminales pueden inyectar dinero de origen ilícito a la industria –con la compra de ganado e insumos para la producción– y obtener ganancias legales mediante la venta.
El reino del terror
Para los nativos, la presencia de los colonos es atemorizante. A pesar de que la mayor parte del territorio de la Mosquitia fue concedida por el gobierno como propiedad comunal a los pueblos indígenas, los colonos se han convertido en los «mandamás» de la zona.
Según pobladores de varias aldeas en la reserva que prefieren guardar el anonimato, existen enfrentamientos constantes por el control de territorio entre diferentes bandas de colonos. Los ganaderos tienen acceso a armas largas (AK-47, AR-15 y escopetas) y las utilizan para atemorizar y defender sus fincas de otros ganaderos, que en ocasiones intentan robar ganado.
Por su lado, los pobladores también contaron a InSight Crime que hay varios territorios donde los colonos no les permiten transitar. Según sus testimonios, estas personas amenazan a los que deseen cruzar, y por ello, los peatones prefieren bordear los terrenos ocupados, aunque esto significa caminar varias horas más para llegar a su destino.
Los nativos también se han visto obligados a vender sus tierras a los ganaderos por precios bajos o de lo contrario ser despojados a la fuerza. En 2017, la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) señaló la presencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y a la ganadería ilegal como la principal causa de desplazamiento forzado en esta zona. Sin embargo, no hay cifras exactas sobre cuántas personas han tenido que abandonar sus territorios.
“Tienen que instalar producción ganadera para poder justificar su presencia aquí. Pero están monitoreando lo que sucede respecto a sus intereses [de narcotráfico] en nuestros territorios”, dijo a InSight Crime un profesor de la zona, quien hace parte del consejo territorial indígena.
Oswaldo y su familia se han resistido a ceder sus tierras. Por lo tanto, al igual que muchos otros misquitos, pech y tawahkas, sus vidas diariamente corren peligro.
*Este es el primer artículo de una serie investigativa compuesta de tres partes, que analiza cómo el ganado producido en Centroamérica se introduce de contrabando en México y es blanqueado de diversas maneras para luego ingresar a la cadena de suministro legal de alimentos. Lea la investigación completa aquí.
