Tegucigalpa – La pandemia ha puesto en evidencia la desigualdad, la discriminación, la opresión y en general la violación a los derechos humanos en las Américas, destaca Amnistía Internacional en su informe anual, 2020-2021. Honduras y el resto de países del istmo también son evaluados con preocupación en el reporte.
–Repercusiones de la pandemia de COVID-19 agudizan desigualdad y violaciones a Derechos Humanos: informe de 2020-2021 de Amnistía Internacional
–Panorama para C.A sigue siendo sombrío en temas de ddhh
–Honduras sigue siendo un país peligroso para defensores de ddhh, la tierra y el medio ambiente
Entre los países más afectados figuran los de Centroamérica, debido a que además de la pandemia el año pasado se sufrieron grandes consecuencias debido al paso de los huracanes Eta e Iota, particularmente Honduras que fue el país más afectado.
Como consecuencia tanto de la pandemia como de los huracanes, se ha profundizado la brecha de la pobreza y la constante violación de los derechos Económicos, Sociales y Culturales entre otros derechos fundamentales.
El informe remarca que muchos gobiernos no actuaron para mitigar los efectos económicos y sociales de la COVID-19 en la población más vulnerable, “los mensajes sanitarios confusos, la falta de transparencia y las inadecuadas medidas de protección para las comunidades marginadas agravaron el ya débil y desigual acceso a la atención médica, con consecuencias devastadoras” cita el documento.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, lamentó que América Latina y el Caribe siguen siendo la región más peligrosa para las personas defensoras de Derechos Humanos con 264 asesinatos que representan el 79% del total mundial en el 2020.
“Colombia, se mantuvo como el país más letal para las personas que defienden los derechos con por lo menos 177 asesinatos registrados, seguido de Honduras, México, Brasil y Guatemala que ocupa los primeros lugares de la lista de los países más peligrosos en todo el mundo” añadió.
Graciela Martínez, investigadora de Amnistía Internacional amplio que Honduras se encuentra entre los países más peligrosos para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente del mundo. “Honduras es uno de los países más peligrosos para Defensores de Derechos Humanos, en general y de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente”
Martínez recomendó que los Mecanismos de Protección, encaminen acciones más concretas para los defensores de los derechos humanos.
Además, recordó que sería muy importante que Honduras suscriba el Acuerdo de Escazú, que reconoce la importancia del trabajo de las personas defensoras del medio ambiente y obliga a los Estados a garantizar su protección.
De igual forma, durante la conferencia realizada vía Zoom donde participó Proceso Digital, las investigadoras hicieron mención de que pese a la pandemia la violación a los derechos humanos para defensores de la tierra y el medio ambiente han continuado, en Honduras, con el caso de Guapinol y el caso de líderes del pueblo garífuna que llevan varios meses desaparecidos, entre otros casos. En el contexto también se mencionó el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres.
Derecho a la Salud y la Libre expresión de los más vulnerados durante la pandemia
“La pandemia tuvo consecuencias devastadoras en muchos países en los que el acceso a la atención médica era limitado y desigual. Más de 750.000 personas murieron durante el año en las Américas a causa de la COVID-19” cita el documento de AI.
Se detalla que, aunque muchos gobiernos siguieron las líneas generales y las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para dar respuestas a la pandemia, en su mayoría no aplicaron políticas para proteger a quienes corrían más peligro y actuaron con falta de transparencia a lo que se suman actos de corrupción.
Asimismo, Amnistía Internacional detalla que -La pandemia tuvo consecuencias devastadoras para el personal sanitario de la región; al menos 8.000 personas de este colectivo murieron con COVID-19. El 2 de septiembre, la Organización Panamericana de la Salud notificó que más de 570.000 profesionales de la salud habían contraído la COVID-19 en las Américas, lo que representaba “el mayor número de trabajadores de salud infectados en el mundo”-.
En la mayoría de los países del área las condiciones para atender la pandemia no han sido adecuadas ni para el personal sanitario ni para los pacientes, y se han dado claras violaciones al derecho de la Salud, por falta de medicamentos, acceso a los hospitales y falta de insumos entre otros.
Amnistía constató que -Los profesionales de la salud que se pronunciaban sobre lo inadecuado de los servicios médicos y las condiciones laborales se arriesgaban a sufrir sanciones. En varios hospitales hondureños, el personal sanitario tuvo que firmar acuerdos de confidencialidad que les prohibía hablar públicamente sobre sus preocupaciones.
En cuanto a la libertad de expresión, es un derecho que se ha visto afectado debido a restricción y limitación a información oficial por algunos gobiernos con mensajes confusos y falta de transparencia, para el caso el informe refiere que el Observatorio de Agresiones a la Prensa Independiente de Nicaragua informó de 351 ataques, que incluían procesamientos injustos, detenciones arbitrarias y el hostigamiento de profesionales de los medios de comunicación y sus familias.
-En Nicaragua, al menos 31 profesionales de la salud fueron despedidos de su empleo después de que hubieran expresado su inquietud por las condiciones laborales, la falta de EPI y la respuesta gubernamental a la pandemia-.
Relacionado con este tema el informe también describe que -Los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos también sufrieron agresiones, amenazas, procesamientos, detención arbitraria y vigilancia ilegítima en Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela-.
Y siguieron las violaciones a grupos en condición de vulnerabilidad
La situación de la pandemia y los huracanes en el caso de Centroamérica, no detuvieron los casos de violencia y discriminación para los grupos colocados en situación de vulnerabilidad.
Las personas LGBTI sufrieron actos de violencia y homicidio en varios países de la región, como Colombia, Estados Unidos, Honduras, Paraguay y Puerto Rico. Al menos 287 personas trans y de género diverso fueron asesinadas en el continente- anota el informe en mención.
Adicionalmente se remarca que, en toda la región, las medidas de confinamiento por la COVID-19 dieron lugar a un aumento marcado de la violencia contra las mujeres, incluidos actos de violencia de género intrafamiliar, violación, homicidio y feminicidio.
Una leve esperanza con nuevas políticas de Estados Unidos
Otro tema de suma importancia son los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo mismos que durante la pandemia han sido visiblemente violentados.
Decenas de miles de personas —en su mayoría procedentes de Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela— continuaron huyendo de la violencia, la pobreza y la desigualdad, subraya el informe.
Y las autoridades estadounidenses paralizaron todos los trámites de solicitud de asilo en la frontera con México y, entre marzo y septiembre, detuvieron y expulsaron ilegítimamente a cerca de 330.000 migrantes y solicitantes de asilo (incluidos aproximadamente 13.000 menores de edad no acompañados).
No obstante, en este tema surge una nueva esperanza con el cambio de políticas del nuevo gobierno de Estados Unidos, con su presidente Joe Biden, que podrían favorecer a muchas personas de estos grupos que están huyendo de sus países.
Adeline Neau, Investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional dijo que “se han visto pasos positivos en derechos humanos de los migrantes con el gobierno de Joe Biden, pero todavía hay situaciones muy preocupantes sobre todo con el año que ha vivido Centroamérica en particular Honduras y Guatemala ha sido un año muy difícil no sólo ha sido la pandemia sino también los huracanes”.
Debido a estas condiciones que han empeorado la desigualdad y la pobreza es que las personas están saliendo, “y no lo están haciendo por gusto, están saliendo para sobrevivir y escapando de niveles de violencia muy altos”.
Reiteró que estas personas de Honduras Guatemala y El Salvador, solamente están buscando como poder subsistir, por lo que las migraciones van a seguir “y creemos que cerrar las fronteras no es la respuesta adecuada, los estados tienen el deber de proteger los derechos humanos, y se debe trabajar especialmente las causas que obligan a salir a las personas de estos países del Triángulo Norte”.
Se agudizan problemas estructurales existentes de violación de derechos humanos en Centroamérica
De manera general el informe de Amnistía Internacional, describe que no hay cambios drásticos para mejorar los derechos humanos y por el contrario la pandemia puso en evidencia que muchos gobiernos centroamericanos recurren de forma tradicional a la represión y violación de derechos para resolver problemas estructurales.
Astrid Valencia, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, expresó que hay preocupación porque hay ejemplos claros de que los gobiernos del Triángulo Norte, continúan con el uso de metodologías represivas.
“El panorama para Centroamérica sigue siendo sombrío, los retos siguen ahí, la pandemia lo que hizo fue sacar a la superficie esas desigualdades estructurales” adicionó.
Finalmente, se resalta que, aunque los problemas de Centroamérica son históricos y estructurales, la sociedad civil, los activistas y las personas defensoras siguen jugando un papel fundamental porque pese a las adversidades y un ambiente adverso, durante la pandemia y los huracanes siguieron demandando cambios a sus gobiernos y a sus tomadores de decisiones, lo que es una muestra de valentía y sobre todo deseo de cambio y respeto para los derechos humanos. (PD)
