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El COVID, corrupción, crisis económica y contrapoder, avivan incertidumbre en Honduras

Tegucigalpa – Honduras enfrenta horas adversas. La pandemia del COVID-19 recorre toda la geografía y causa zozobra y muerte entre la población.

Al par, otra pandemia también estremece a los hondureños, es la crisis económica que agita los hogares, que deja sin comida a miles de familias y que profundiza la exclusión, misma que de acuerdo con cifras oficiales superará el 75% en el contexto de la crisis sanitaria.

Las calles de las ciudades, aunque reguladas por el decreto de excepción, que mantienen un confinamiento parcial en todo el país y casi absoluto en la capital Tegucigalpa, es apenas un papel que muchos incumplen y el tráfico de automóviles, así como la multitud de personas no dejan de hacer sus actividades, muchos de ellos para ganarse el pan de su día a día y otros, inconscientes de lo que representa el coronavirus, aunque solo en el Distrito Central, los expertos dicen que el contagio está  más cerca de cada una de las personas que nunca.

Mientras las cifras de muertos y contagiados en los hospitales públicos cada día se multiplicany ponen a tambalear el debilitado sistema sanitario, también los sanatorios públicos reportan estar absolutamente rebasados.

Las autoridades al frente de la pandemia amplían cada día el número de resultados proporcionados por las pruebas hechas a la población sospecha de COVID-19 y los resultados son en promedio cercanos a la mitad de los evaluados.

Aun con el esfuerzo de masificar las pruebas, los contagios son cada vez mayores y la curva aun no logra aplanarse en el país.

La pandemia económica

La reapertura inteligente que fue planificada por una mesa multisectorial ha tenido que replegar sus avances debido a la agudización de la crisis sanitaria. Pero la pérdida de empleos y el agravamiento de la economía hacen temer otra catástrofe, con repercusiones sociales.

Igualmente, las finanzas públicas muestran su mayor deterioro en lo que va del actual milenio, y no solo se reportan una grave disminución de los ingresos tributarios, sino también una caída en el crecimiento del país que se prevé en al menos cuatro puntos al concluir el año.

Otras cifras deplorables que avizora el estatal Banco Central de Honduras indican una caída del ingreso por remesas de por lo menos del 7-7 por ciento interanual. Las remesas son un pilar que representa el 20 del PIB.

Las afectaciones económicas son también acentuadas en rubros como el turismo, el transporte y muchos otros que mantienen activa la economía.

La corrupción en tiempos del COVID-19

En medio de este panorama, el fantasma de la corrupción se ha adueñado de la principal unidad responsable de las compras durante la pandemia. Se trata de las dudas cada vez más fuertes respecto a Invest-H, entidad que compró hospitales móviles en un proceso plagado de irregularidades y de presunto despilfarro de los fondos públicos, según las denuncias de varios entes de la sociedad civil.

Igualmente, un informe de la organización civil ASJ, reportó que Invest-H realizó, durante la emergencia, una serie de procesos al margen de la ley, según su investigación.

El grueso de las compras ocurrió en marzo y los procesos tuvieron una velocidad superior al promedio de los trámites burocráticos en el país. Los hospitales móviles y otros insumos con un valor de por lo menos dos mil millones de lempiras fueron pagados en su mayoría por adelantado y sin garantía, en gran proporción en lo que respecta especialmente a la compra de siete hospitales móviles.

Los detalles van desde la discrecionalidad, la falta de documentación respecto a los proveedores, la falta de garantías y el poco cuidado de los fondos públicos. De hecho, el Ministerio Público, aunque disminuido en sus acciones penales por una modificación a su ley que le resta poder actuar con diligencia y le hace depender de los reportes del Tribunal Superior de Cuentas, ha iniciado de oficio, desarrolla varias líneas de investigación y mantiene al director de INVEST-H Marco Bográn, en calidad de investigado por tres delitos relacionados a presunta corrupción.

Contrapoder

Todo esto ocurre cuando el presidente del país, Juan Orlando Hernández es afectado por el COVID-19, desde hace alrededor de una semana y su situación ha sido reportada como delicada, aunque si reporta mejoría paulatina, de acuerdo con los reportes médicos del Hospital Militar donde se encuentra interno.

En ese ámbito, el país enfrenta otros desafíos ya que 2020 es un año preelectoral. En el primer trimestre del año entrante deben ser realizadas en el país las elecciones internas y primarias y, en noviembre del mismo año, deben realizarse las elecciones generales para elegir al presidente del país, los 128 diputados al Congreso Nacional y las 298 corporaciones municipales.

Pero este proceso ha comenzado a generar ruidos y las fuerzas en algunos casos, buscan retrasar el calendario democrático u obstaculizarlo. Las justificaciones básicamente se enmarcan en la imposibilidad de actualizar el censo y la base del Registro Nacional de las Personas.

Otro hecho relevante en la contaminada vida institucional hondureña es la entrada en vigor, mañana, jueves del Código Penal que tras una larga vacación legislativa cumple su última etapa.

Pero las fuerzas opositoras y el malestar ciudadano han generado una especie de bloque para detener la entrada en vigor de este instrumento penal ya que lo catalogan como un aporte en favor de los corruptos y de quienes buscan blindar sus actuaciones vinculadas al crimen en todas sus formas y lesiona la libertad de expresión y disminuye penas contra criminales de cuello blanco.

Por ello, fuerzas opositoras se reunieron en una sesión virtualen la que en un acto simbólico, donde agruparon a decenas de legisladores de varias bancadas, dijeron abrogar el nuevo Código Penal. Pero el secretario del Congreso, Tomás Zambrano, les recordó que la reunión no es legalya que el legislativo se encuentra en una etapa ordinaria de sesiones.

Sobre el mismo tema, el Poder Ejecutivo pidió al Congreso Nacional un mayor debate en torno a la entrada en vigor del Código Penal. El secretario de la Presidencia, Ebal Díaz dijo que presentaron ante el Poder Legislativouna serie de señalamientos sobre reformas que debía sufrir el nuevo Código Penal antes de la entrada en vigencia.

Mientras todo esto ocurre, el gobierno hace esfuerzos por contener la pandemia y generar soluciones dentro de las estrechas capacidades del sistema. En tanto, los hondureños siguen viviendo una pesadilla, los muertos por el COVID y quienes padecen la dolencia cada vez son más; el hambre sigue afectando a los más vulnerables y los empleos cada vez son menos, los pequeños y medianos negocios cierran, algunos de ellos sin retorno y las grandes empresas también se tambalean.

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