«Estos países han solicitado que el representante hondureño no participe en la sesión actual del Consejo que se celebra desde hoy, 14 de septiembre, al 2 de octubre en Ginebra, por su rechazo al golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucionalmente electo de Manuel Zelaya», se felicitó la FIDH en una nota.
Se sumó así a las peticiones de exclusión de Honduras formuladas en el seno del Consejo de Derechos Humanos e instó a ese órgano a que adopte «una resolución de urgencia condenando el golpe de Estado y las violaciones de derechos humanos cometidas».
El secretario general de la FIDH, Luis Guillermo Pérez, lo justificó porque en Honduras desde el golpe de Estado se han producido «obstáculos» a la acción de la justicia, «la limitación drástica a la libertad de prensa y atentados contra la libertad de expresión, así como la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales».
Pérez denunció que el aparato judicial «se ha instrumentalizado para perseguir penalmente a decenas de manifestantes contra el régimen de facto».
La FIDH igualmente alertó del deterioro de la situación de Honduras en materia de Derechos Humanos, con una polarización creciente de la población y la continuación de la violación masiva de los derechos humanos.
«No se permiten las manifestaciones libres de quienes denuncian el golpe de Estado y piden el retorno del presidente Zelaya, los enfrentan de inmediato con mecanismos de represión directa de las fuerzas de seguridad», comentó.
La organización advirtió de que las elecciones convocadas por el régimen de facto en Honduras «está viciado no solamente por el golpe de Estado, sino también por la ausencia total de garantías de libertades ciudadanas, de expresión y democráticas» y por eso sus resultados no serán reconocidos internacionalmente.
