El vicepresidente y canciller panameño, Juan Carlos Varela, entregó el miércoles al canciller guatemalteco, Haroldo Rodas, la nota oficial por medio de la cual, su país inicia el proceso formal de retiro del Parlacen.
El Gobierno guatemalteco, como depositario del Tratado Constitutivo del Parlacen, tendrá que comunicar oficialmente la solicitud panameña a la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que a su vez deberá trasladarla a los presidentes de la región.
Para que el Gobierno conservador del presidente panameño, Ricardo Martinelli, vea cumplido su objetivo, podría demorar mucho tiempo, debido a que no existe un mecanismo legal que lo facilite.
«Será un proceso de mucho tiempo, que podría demorarse años y que podría perjudicar, en términos políticos, el proceso de integración regional, porque Panamá para lograr su objetivo, necesita del apoyo de todos los Gobiernos centroamericanos», dijo hoy a Efe uno de los directivos del Parlacen.
Debido a que el Tratado Constitutivo no establece un mecanismo para casos como este, precisó la fuente, «el asunto deberá ser aprobado por unanimidad por los presidentes del SICA», y en caso que ello llegará a ocurrir, «la disposición tendría luego que ser sometida a los Congresos de cada uno de los países».
A mediados de 2003, los Gobiernos de Guatemala, Honduras y Nicaragua promovieron sin éxito reformar el Tratado Constitutivo de ese organismo, debido a la oposición de El Salvador.
Ahora, la Cumbre de Presidentes de la región tiene un plazo de 90 días para conocer y resolver la petición panameña, pero esta no podrá establecerse como tal, hasta que no haya sido resulta la crisis política por la que atraviesa Honduras, cuyo presidente de facto, Roberto Micheletti, no es reconocido por los países de la región.
Las pretensiones panameñas también deberán vencer la oposición manifiesta de los parlamentos de El Salvador y Nicaragua, que han expresado su rechazo a esa decisión.
Los directivos del Parlacen prefieren no opinar abiertamente del tema, bajo el argumento de que «se trata de un asunto que se ha convertido en algo más diplomático y jurídico, que político» y señalan: «rebasa nuestras capacidades».
Sin embargo, el diputado guatemalteco en ese organismo, Rodolfo Dougherty, dijo hoy a medios locales que «Panamá se enfrentaría a situaciones jurídicas» debido a que sus intenciones podrían vulnerar las soberanías de los países que integran el Parlacen, porque la creación de este fue un «compromiso de los Estados».
El Parlacen, creado en 1991, es una organización integrada por 20 diputados de cada Estado miembro; los ex presidentes y ex vicepresidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, y 22 parlamentarios designados por la República Dominicana.
Además, cuenta con la participación, en su calidad de «observadores», de los Parlamentos de México, Puerto Rico, Argentina y Taiwán.
Costa Rica es el único país de Centroamérica que no se ha integrado en el foro regional y lo ha criticado por considerarlo inoperante, así como por su composición y financiación.
Algunos sectores achacan, entre otros motivos, a la oposición de Costa Rica a integrarse plenamente a las diferentes instituciones de la integración centroamericana, el que este siga siendo un sistema frágil y con escasos logros tras más de 20 años de existencia.
El Gobierno de Martinelli ha insistido en que la salida de su país del Parlacen no perjudicará el proceso integracionista, y a cambio de ello, anunció hoy su intención de integrar a Panamá como como miembro pleno en las conversaciones que se realizan con la Unión Europea (UE) para lograr un Acuerdo de Asociación.
El éxito de ambas posiciones dependerá de las habilidades diplomáticas de su gabinete, para convencer a los presidentes de la región los que, en última instancia, tendrán que decidir al respecto.
