Los campos, operados por las unidades de Operaciones Especiales del Ejército de EE.UU., están ubicados en las bases militares estadounidenses de Bagram, en Afganistán, y Balad, en Irak.
Son centros de detención a corto plazo donde el Ejército de EE.UU. mantiene a insurgentes que se cree tienen información valiosa o suponen una grave amenaza, aseguraron fuentes anónimas al diario The Washington Post.
Los detenidos permanecen arrestados en esos campos durante unas semanas y luego son trasladados a otros centros para un encarcelamiento más prolongado.
A diferencia de las prisiones secretas de la CIA ya clausuradas, el Pentágono sigue operando los campos en Balad y Bagram.
La Cruz Roja tiene acceso a prácticamente todas las prisiones militares estadounidenses y sitios de detención en Irak y Afganistán pero esos campos operados por las Operaciones Especiales del ejército están excluidos.
El diario The New York Times informó en el año 2006 que algunos de los soldados en el centro de detención temporal en Irak, ubicado entonces en el aeropuerto internacional de Bagdad y llamado Campo Nama, habían sido víctimas de abusos físicos y psicológicos.
El ejército dice que la situación en los campos de detención temporal ha mejorado mucho desde entonces, aunque hasta ahora el secretismo ha rodeado la situación de los que llegan a esos centros.
El Times, que cita a tres funcionarios militares en un artículo publicado hoy, dice que la decisión muestra un cambio frente a la falta de transparencia que hasta ahora ha rodeado las instalaciones más secretas del Pentágono que albergan a docenas de sospechosos de terrorismo capturados en Irak y Afganistán.
La Cruz Roja ha mantenido una larga batalla para obtener más información sobre esos detenidos pero el ejército había insistido hasta ahora en que la divulgación de datos podría poner en peligro operaciones anti-terroristas.
El Times señala que la nueva política entró en vigor este mes sin que se produjese ningún anuncio del Pentágono o la Cruz Roja.
Según las nuevas directrices, el ejército debe facilitar a la Cruz Roja el nombre y número de identificación de los detenidos en el plazo de dos semanas de su captura.
Hasta ahora, esa notificación se producía sólo cuando el detenido había sido transferido a una prisión para su encarcelamiento a más largo plazo.
La decisión se suma al previsto cierre de la polémica prisión militar estadounidense en Guantánamo (Cuba).
La nueva administración estadounidense ha iniciado también una revisión de los procedimientos para interrogar y detener a sospechosos de terrorismo.
