Fracasada licitación de combustibles dejó millonarias pérdidas a Honduras en asesorías y gastos legales

El gobierno invirtió millonarios recursos del erario en onerosas asesorías, costo de juicios y otras acciones administrativas y legales ligadas al proceso, que oscilan entre 60 y 80 millones de lempiras, según estimaciones de expertos.

Pero la mayor tajada de este fracasado proceso se la llevó al asesor internacional, el estadounidense Robert Meyering, quien fue contratado con la promesa de lograr una rebaja sustancial al precio de los derivados del petróleo mediante la cuestionada licitación internacional.

Los combustibles bajaron en los últimos meses, pero no gracias a la asesoría de Meyering, sino producto de la caída de los precios internacionales y de la crisis financiera internacional.

El Estado hondureño suscribió con Meyering un contrato de dos millones de dólares, según reza en el acuerdo ejecutivo 002-2006 del 16 de abril de 2006,

Esos dos millones de dólares al cambio actual equivalen a cerca de 40 millones de lempiras, que terminarían de pagarse una vez concluido el contrato, es decir, en mayo de 2007.

El salario de Meyering ha seguido corriendo a pesar que la tan publicitada licitación para la compra de combustibles y la construcción de las terminales de almacenamiento no se materializó.

Gastos millonarios

Hasta febrero de 2007 se estima que los gastos incurridos por el Estado en la licitación superaban los 52 millones de lempiras en pago de asesorías y operaciones administrativas.

El segundo costo económico de este proceso está relacionado con el funcionamiento de la Comisión Administradora del Petróleo (CAP) para lo cual la Secretaría de Finanzas transfirió al ministerio de la Presidencia 12 millones de lempiras a principios de 2007.

Esta comisión tenía la responsabilidad de conducir el proceso técnico de la licitación y los movimientos de precios del mercado de los carburantes en las bombas.

Esos 12 millones, que se han seguido otorgando, están destinados al pago la planilla con más de 10 personas, entre ellos asesores técnicos y legales, bajo el mando de su directora, Lucy Bu.

Debido al hermetismo con que el gobierno maneja éste y otros temas se desconoce si el contrato con Meyering fue reformado o quedó inalterable y al final se le cancelaron los 40 millones de lempiras, aunque el fin primordial para el que fue contratado no se cumplió.

Se intentó tener a mano una copia del convenio suscrito con Meyering, pero no fue posible obtenerlo y el mismo fue retirado de la página web de Casa Presidencial.

Contrato secreto

Los alcances del oneroso contrato son desconocidos por los propios miembros de la Coalición Patriótica, que fue quien recomendó los servicios del consultor.

“No conozco los detalles de la contratación del señor Meyering, sé que originalmente tenía un contrato que fue publicado y muy controversial por cierto. Posteriormente quizás lo que se le hizo fue un adendum para sus otras funciones, porque hubo cosas que estaban fuera de sus responsabilidades”, dijo hoy a Radio Cadena Voces, Saraí Silva de la Asociación de Distribuidores de Petróleo y miembro de la Coalición Patriótica.

Debido a que el proceso de licitación se estancó en los juzgados desde enero de 2007, el gobierno justificó el oneroso salario de Meyering nombrándolo supervisor del acuerdo Petrocaribe, mediante el cual Venezuela le vende bunker a Honduras al crédito.

A lo anterior hay que agregar los gastos e inversión de tiempo que han representado para el Estado a través de la Procuraduría General de la República, los juicios que se ventilaron en los juzgado de lo contencioso administrativo con la empresa Distribuidora de Productos del Petróleo Sociedad Anónima (DIPPSA),

Al respecto, el secretario de la presidencia Enrique Flores Lanza defendió la labor de Meyering y aseguró que Honduras ha obtenido beneficios importantes gracias a su asesoría en materia energética.

Lanza no aclaró si por esta labor Meyering recibe un pago adicional o si lo hace en base a los mismos términos del contrato inicial.

Cabe recordar que fue el consultor quien en un inicio se opuso a que Honduras firmara el acuerdo de Petrocaribe con Venezuela y hoy contradictoriamente es su supervisor.

La empresa estadounidense Conoco Philips ganó la licitación de los combustibles que asignó el 29 de noviembre de 2006 el Gobierno de Honduras para comprar unos 17 millones de barriles de derivados del petróleo.

Sin embargo, la transnacional nunca importó una gota de combustible, ya que el gobierno no logró un acuerdo con la compañía DIPPSA, para que ésta le cediera los tanques de almacenamiento mediante el pago de un justiprecio.

Al final de todo este controversial proceso, los hondureños no ganaron nada, más bien perdieron porque fue de su dinero que se pagaron todos los costos que esta fracasada licitación dejó.

Los analistas consideran que este puede ser uno de los grandes fracasos más visibles de la administración Zelaya y que marcará su ya controversial gobierno.