Auditoría del TSC revela mal manejo de recursos en fondos procedentes de la UE

Tegucigalpa.- Un informe especial de auditoria del Tribunal Superior de Cuentas, revelado por el noticiero TN5, de la Corporación Televicentro, develó una serie de irregularidades y presuntos delitos de corrupción que implican la administración del ex ministro de Gobernación y Justicia, Jorge Arturo Reina, al otorgar recursos por más de 23 millones de lempiras a una organización gubernamental llamada Consultores Municipales Centroamericanos (COMUCA), quien al liquidar los fondos presentó documentación irregular y ficticia, que de acuerdo al TSC, configura una serie de delitos penados por la ley.

Según el informe del TSC, el ex ministro Reina y ahora embajador itinerante de Honduras para los países de la UNASUR, suscribió con COMUCA tres convenios. El primero fue por Lps. 3,060.000.00; un segundo por Lps 10,750,000.00 y el tercero por Lps 10.000.00.

El coordinador y responsable de la ejecución y liquidación de COMUCA en los primeros dos convenios, es el político nacionalista, César Gonzales Alcántara, y de acuerdo al informe en referencia, la auditoría describe hechos que de conformidad a la ley orgánica del Tribunal y del Ministerio Público, “existen indicios de responsabilidad penal”. El tercer convenio fue suscrito como coordinadora de COMUCA por la señora Patricia Magdalena Galindo.

De acuerdo al informe presentado por Telenoticias, el TSC constantó que el ex ministro Jorge Arturo Reina, no solo dio el visto bueno a las liquidaciones presupuestarias presentadas por COMUCA en los dos primeros convenios, sino que también nombró como enlace de esa Secretaría para supervisar el cumplimiento y fondos asignados a COMUCA, a la señora Gladys Alcántara López, quien es pariente del político César Gonzáles Alcántara y para lo cual el TSC anexo en su informe fotocopia de las partidas de nacimiento de ambas personas que comprueba su vínculo familiar.

Los más de 23 millones dados a COMUCA son recursos otorgados al país en el marco del convenio de financiación específico, celebrado entre la Comunidad Europea y la República de Honduras ALA/2004/016-807, denominado Programa de Apoyo a la Descentralización en Honduras (PROADES) que funciona bajo la modalidad de apoyo presupuestario no focalizado y que tiene como propósito, establecer una institucionalidad pública moderna, eficiente y descentralizada a nivel central y local para la reducción de la pobreza.

La Secretaría de Gobernación y Justicia ejecutó estos fondos dados al país por medio del Programa Nacional de Descentralización y Desarrollo Local (PRODDEL). Fue bajo este mecanismo que llegaron los recursos a COMUCA.

La investigación del Tribunal Superior de Cuentas fue muy exhaustiva y minuciosa al presentar documentación y testimonios que evidencian que COMUCA no actuó con transparencia y no hizo una buena rendición de cuentas.

De acuerdo a la investigación COMUCA incurrió en una serie de irregularidades que fueron avaladas por Reina. Estas van desde falsificación y alteración de documentos, acreditación de recursos a consultores inexistentes; falsificación de listado de participantes, emisión de vaucher de cheques sin que éstos nunca fueron cobrados ni reportaran movimientos en las cuentas bancarias de la orgamnización, entre otros.

La auditoría indica que “producto de la verificación puntual a los convenios suscritos entre la Secretaría de Gobernación y Justicia con la Organización No Gubernamental Consultores Municipales Centroamericanos, COMUCA, se concluye que el representante de COMUCA en los dos primeros convenios, fue el Director del Programa de Desarrollo Local Participativo, César Alfonso Gonzales Alcántara y en el tercero, Patricia Magdalena Galindo, Presidente de COMUCA; siendo Secretario de Gobernación y Justicia y suscriptor de los tres convenios, Jorge Arturo Reina Idiáquez; quien designó como encargada de la supervisión técnica y financiera de los convenios a la Gerente Administrativo, Gladys Argentina Alcántara López de Paredes. Mientras que en COMUCA fungieron en el cargo de Asistente Técnico en el proceso financiero administrativo, los señores Alfredo García Bográn y Ana Eugenia sáncjez Roque”.

A cada uno de ellos, los auditores del TSC les enviaron citatorios y rindieron declararion testimonial y certificada, según consta en el informe. Fueron esas entrevistas y otras pesquisas las que develaron toda una fina madeja de presunta corrupción manejada por esta ONG con el visto bueno del ex ministro Reina.

COMUCA, según los convenios suscritos con Gobernación y Justicia iba brindar asistencia técnica a unos cien municipios en materia de manejo de finanzas municipales, administración municipal, castastro y ordenamiento territorial, transparencia, rendición de cuentas y contraloría social; microplanificación participativa y manejo del ciclo descentralizado de proyectos; participación ciudadana y formación de capital social, así como dotación de software y hadware a los municipios seleccionados, entre otros aspectos.

En el primer convenio, por ejemplo, COMUCA habría atendido a unos 24 municipios de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Comayagua y Choluteca. Incluso se menciona al Distrito Central a donde se supone que apoyaron en trabajos comunitarios y se reporta la construcción de gradas en la marginal colonia Guillén por el orden de 128 mil 868 lempiras; así como un muro de contención en la colonia El reparto por el orden de 230 mil 109 lempiras. A ello se suman una serie de microproyectos de electrificación rural que sumaron en total cerca de cinco millones de lempiras invertidos.

Así se gastó el dinero

No obstante, los hallazgos encontrados por el TSC indican lo siguiente:

COMUCA justificó la liquidación de los fondos recibidos por lps.23,810.000.00 con cheques emitidos de sus cuentas bancarias a nombre de diferentes beneficiarios, pero que no fueron entregados ni cobrados, por lo que se concluye que la liquidación recibida y aceptada en la Secretaría de Gobernación y justicia, fue ficticia.
COMUCA incluyó dentro de los documentos de liquidación presentados a la Secretaría de Gobernación y Justicia, contratos de consultores y recibos con nombres de personas, quienes afirmaron haber tenido una relación laboral con dicha organización pero que los pagos recibidos en efectivo son sustancialmente inferiores a lo que dicen los documentos de la liquidación, además de haber firmado recibos en blanco, de lo que se infiere que se utilizó y usurpó la identidad de esos ciuadadanos para documentar la liquidación de los fondos.
Algunos de los consultores confirmaron al Tribunal Superior de Cuentas, haber recibido cheques por pago de consultorías y viáticos; no obstante, se comprobó que los cheques presentados en la liquidación son ficticios, además de las irregularidades determinadas en los pagos de combustible, hotel y alimentación.
COMUCA presentó en la liquidación facturas y recibos por concepto de hotel por un monto de lps.645,140.00; hospedaje Lps. 576,500.00, gastos de combustibles por un valor de total de Lps.958.572.00 y alimentación y bebidas para la realización de seminarios por la cantidad de Lps.1,381,600.00 cuya numeración y formato no coinciden con los extendidos por los proveedores y que las casas comerciales (gasolineras y hoteles) confirmaron que nunca extendieron. En el caso del hospedaje, alimentación y bebidas, recibos de talonario, elaborados con el mismo tipo de letra, y de los cuales se confirmó con algunas de las personas que supuestamente suministraron el servicio, que no los emitieron y más aún, las autoridades municipales afirmaron que las mismas no viven en estos municipios; que no se celebraron los seminarios y cuando sí se realizaron, se efectuaron únicamente con algún personal de la municipalidad (dos o tres personas) durante los cuales no se les proporcionó alimentación y bebidas. Por lo que se concluye que con documentos ilegítimos se pretendió justificar la liquidación de fondos.
La mayor parte de consultores que laboraron para la Organización Consultores Municipales Centroamericanos y que brindaron Declaración Jurada y firmaron Acta Especial, afirmaron que por no habérselo solicitado, no presentaron documentos de liquidación por concepto de hotel, hospedaje y combustible, por lo que existen indicios razonables de que dicha dopcumentación fue prefabricada por autoridades y personal de dicha organización para ser presentada en concepto de liquidación ante la Secretaría de Gobernación y Justicia.
COMUCA incluyó dentro de los documentos de liquidación presentados a la Secretaría de Gobernación y Justicia, contratos de consultoría y recibos por Lps.2,129.100.00, con nombres de personas, quienes afirmaron que nunca han tenido una relación laboral con dicha organización ni recibieron pago alguno y además sus firmas son diferentes a las plasmadas en los documentos presentados por COMUCA, de lo que se infiere que se utilizó y usurpó la identidad de esos ciudadanos para documentar la liquidación de los fondos.
COMUCA presentó en la liquidación, listados de participantes en los seminarios supuestamente impartidos, con números de identidad y nombres de personas inexistentes en el Registro Nacional de las Personas, o con números de identidad que no corresponden a las personas enlistadas; por lo que se concluye que se utilizó identidad de esos ciudadanos para acreditar eventos que no se realizaron.
COMUCA presentó en la liquidación, facturas de diferente fecha pero con la misma numeración por la cantidad de Lps. 1.086.000.00 por concepto de compra de equipo de cómputo a MUNDIGRAFIC; empresa que no está registrada en el Instituto de la Propiedad, Cárama de Comercio e Industria de Tegucigalpa ni en la Dirección Ejecutiva de Ingresos y que además presentó en dichas facturas, la dirección y número telefónico de la empresa VILLA GRÁFICA.
Los funcionarios de la Secretaría de Gobernación y Justicia extendieron a la Organización Consultores Municipales Centroamericanos, finiquitos de solvencia por el primer y segundo convenio suscrito, lo que demuestra la falta de supervisión y control en la revisión de las liquidaciones presentadas por esa organización.
Los fondos por Lps.23,810,000.00 entregados a COMUCA en el marco de los convenios sucritos con la Secretaría de Gobernación y Justicia, tuvo una administración irregular, evidenciando en la liquidación de gastos la presentación de documentos ilegítimos, utilización de la identidad de ciudadanos y compras en una empresa inexistente.

Todos estos hechos configuran en el plano legal violaciones a la Constitución de la República, transgresiones establecidas en el Código Penal; delitos de estafa y otros fraudes; falsificación de documentos, usurpación de funciones y títulos y uso indebido de nombres; uniformes, insignias y condecoraciones; cohecho, apropiación de caudales, bienes o efectos administrativos; negligencia y morosidad de acuerdo a lo establecidos en el código civil, además de violentar el convenio de financiación específicamente entre la comunidad europea y la república de Honduras.

El TSC entregó este informe a la Fiscalía General de la República el 15 de junio del presente año y trascendió que en las próximas horas será citado el ex ministro Jorge Arturo Reina, así como todos los implicados en el caso para ahondar en la investigación hecha por el Tribunal Superior de Cuentas. En el caso de César Gonzales, éste actualmente es director técnico en materia de descentralización del actual ministerio de Gobernación y Justicia.