La administración Zelaya estuvo marcada por un particular –para algunos folclórico- estilo de gobernar, el que dejó ver desde su toma de posesión cuando pidió a quien iba a ser su secretario privado que le pasara “esa papada”.
La confrontación del gobernante estuvo a la orden del día con diferentes sectores de la sociedad hondureña, incluyendo políticos, empresarios y el mismo sector social, que a lo largo de su mandato se lanzó en varias ocasiones a las calles para exigir atención a sus problemas.
Las denuncias de corrupción en varias dependencias del estado, los escándalos públicos de algunos de sus ministros, su constante enfrentamiento con sus correligionarios del Partido Liberal por unas reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, los enfrentamientos con la prensa, son otros de los puntos que marcaron su administración, y que opacaron las buenas acciones de sus gobierno.
Las relaciones con los grupos de poder se crisparon cuando el entonces gobernante anunció el giro político de su gobierno hacia la “centro izquierda”, lo que le llevó a afianzar sus relaciones con el presidente venezolano Hugo Chávez y la égida izquierdista suramericana, alejándose de su tradicional aliado Estados Unidos.
PROCESO DIGITAL hace hoy una relación de los principales hechos que marcaron la agitada administración de Zelaya, entre el 27 de enero de 2006 hasta el 28 de junio de 2009, cuando los militares, cumpliendo una orden judicial, procedieron a su captura, y aduciendo que había un acto de necesidad para sacarlo del país, y que fue un acto espontáneo.
JUAN BENDECK RENUNCIA A GERENTE DE LA ENEE
El 31 de diciembre de 2006 El gerente de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Juan Bendeck, renunció a su cargo «de manera irrevocable molesto porque Zelaya hizo pública, sin enviársela a él, una carta en la que le desautoriza para continuar con un proceso de licitación de 160 megavatios de energía térmica, por considerar que es una acción contraria a su propuesta de campaña. La renuncia de Bendeck solo marcó el inicio de un vaivén de funcionarios en la administración Zelaya a su más alto nivel, la que cesó hasta lograr integrar a los principales cargos administrativos a sus amigos más cercanos.
LICITACION DE COMBUSTIBLES
Este fue uno de los principales temas que generaron conflicto en la administración Zelaya, quien, desde el inicio de su Gobierno, anunció que cambiaría la fórmula utilizada en el proceso de comercialización de esos productos y anunció una licitación pública para la adquisición de esos productos. Contrató al consultor internacional Robert Meyering para que coordinara el proceso.
 | La empresa estadounidense Conoco Philips ganó la licitación de los combustibles que asignó el 29 de noviembre de 2006 el Gobierno de Honduras para comprar unos 17 millones de barriles de derivados del petróleo. Sin embargo, la transnacional nunca importó una gota de combustible, ya que el gobierno no logró un acuerdo con la compañía DIPPSA, para que ésta le cediera los tanques de almacenamiento mediante el pago de un justiprecio. |
Al final de todo este controversial proceso, los hondureños no ganaron nada, más bien perdieron porque fue de su dinero que se pagaron todos los costos que esta fracasada licitación dejó.
Según estimaciones de expertos, esto le representó al país un gasto de entre 60 y 80 millones de lempiras en contratación de asesores, costas de juicios y otras acciones administrativas y legales ligadas al proceso.
ENFRENTAMIENTO CON GRUPOS DE DERECHOS HUMANOS
Los grupos de derechos humanos fueron de los sectores más críticos de la administración Zelaya.
En más de una ocasión acusaron a su Gobierno de violentar los derechos humanos de los hondureños y anunciaron denuncias ante organismos internacionales.
Uno de los actos de violencia denunciados fueron los violentos desalojos de miles de manifestantes que el martes 17 de julio de 2007 bloquearon varios puntos de la carretera de occidente en demanda de la aprobación de una nueva ley de minería. |  |
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo entonces a periodistas que han abierto una investigación sobre este caso, en el cual resultaron varias personas heridas.
“Estamos recabando toda la información, vamos a ver quienes son los que están vinculados con este delito para hacer la acción penal a nivel nacional en contra de agentes del Estado que cometieron este delito”, dijo la defensora de los derechos humanos a los periodistas.
Informó de que el caso también será denunciado a una delegación del organismo internacional Amnistía Internacional, que llegará al país el próximo 6 de agosto.
“Vamos a ponerlos en autos de lo que aquí está pasando, vamos a pedir que se investigue, yo creo que la seguridad de las personas es vital para que el país avance”, declaró.
Oliva cuestionó el excesivo uso de la fuerza en contra de los manifestantes por parte de las autoridades que participaron en el desalojo.
El 8 de agosto de 2007, los mismos organismos defensores de los derechos humanos denunciaron que al menos seis hondureños han salido al exilio en los últimos dos años por razones relacionadas con su trabajo en defensa de los derechos fundamentales del hombre.
“Tenemos el caso de seis personas, hondureños todos, que están en el exilio”, dijo la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva.
ENFRENTAMIENTO ENTRE MEL Y MICHELETTI POR LEY DE TELECOMUNICACIONES
Esos enfrentamientos ya hacían prever el rompimiento del orden constitucional, según el jurista, quien ya para entonces advertía que las amenazas de funcionarios del Poder Ejecutivo en contra del Legislativo “tiene connotaciones graves y puede dar lugar a pensar que no se está peleando la implementación de una ley, sino la próxima sucesión presidencial y el que gane esa batalla jurídica, también va a conquistar la batalla política”. Ya para entonces, Micheletti había denunciado que desde el Poder Ejecutivo se quería dar un golpe de estado. Las discrepancias entre ambos funcionarios también estuvieron al rojo vivo en el campo político, cuando Zelaya anunció que vetaría un decreto de reformas a la Ley Electoral que adelantaba las elecciones internas para el mes de febrero del año 2,009 y se realicen este año el 16 de noviembre. Los diputados aprobaron las reformas en medio de intensas manifestaciones de empleados públicos promovidas, según denuncias de los diputados, desde el Poder Ejecutivo. Otro encontronazo se dio cuando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia habilitó a Micheletti Baín para ser candidato presidencial al determinar que las reformas al artículo 240 constitucional que le impedían aspirar a la candidatura presidencial de su partido desde la presidencia del Congreso Nacional, son inconstitucionales.%26nbsp; |
ENFRENTAMIENTO CON SECTORES SOCIALES Y GREMIO MAGISTERIAL Los enfrentamientos con estos sectores estuvieron a la orden del día a lo largo de la administración Zelaya. Fueron muchas las protestas nacionales que montaron las organizaciones obreras, la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, para protestar y exigir la derogación de leyes de aguas, minería, forestal, modernización agrícola y telecomunicaciones, la emisión de nuevos instrumentos consensuados que garanticen un beneficio para las mayorías y una estrategia de redistribución de la riqueza, entre otras demandas. También rechazaban la construcción de centrales hidroeléctricas, piden tierras para los campesinos, la depuración de la Policía, el castigo a funcionarios corruptos, el control de precios de los productos básicos y el fortalecimiento de las empresas estatales.
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ENFRENTAMIENTOS CON LA PRENSA Zelaya vio en los periodistas y los medios de comunicación que él llamaba “tradicionales” y representantes de los grupos fácticos de poder a sus principales enemigos. Sus arengas contra este sector de la sociedad eran casi diarias, a nivel nacional e internacional. Les acusaba de no cederles espacios para informar a su pueblo de las buenas ejecutorias de su Gobierno, a pesar de que a diario, tanto él como sus funcionarios, a diario ocupaban amplios espacios en los medios que cuestionaban para dar a conocer sus obras, defenderse de las críticas de que eran objeto, e incluso cuestionar a los mismos periodistas. El 30 de agosto, la emisora Radio Cadena Voces (RCV), que emite desde Tegucigalpa, denunció haber sido víctima de «amenazas» por parte del presidente de Honduras, Manuel Zelaya. «Si yo fuera Hugo Chávez (presidente de Venezuela), ya hubiera cerrado esa radio», aseguró la periodista de RCV Carolina Torres que le dijo Zelaya al cabo de una conferencia de prensa.
Tres días antes del asesinato de Salgado, Zelaya había comparecido ante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Miami la existencia en su país la existencia de oligopolios en los medios de comunicación, que limitan el derecho a la información y a la libertad de expresión de todos los hondureños. «Es innegable la existencia en Honduras de oligopolios en cuanto a la propiedad de las grandes cadenas de medios informativos, escritos y reflejado especialmente en las empresas televisivas y periodísticas del país», dijo el mandatario ante la SIP. Estos oligopolios -sostuvo- generalmente mantienen una estrecha «vinculación con los poderes políticos y económicos tradicionales». El 1 de noviembre del mismo año, el director de RCV, Dagoberto Rodríguez, se vio obligado a salir del país por amenazas de muerte en su contra. La situación de la prensa generó la preocupación de organismos defensores de los derechos de los periodistas y la libertad de expresión a nivel internacional. Preocupado por la situación vino al país el relator especial sobre el Derecho de Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas, Ambeyi Ligabo. Zelaya no recibió a Ligabo y hasta se burló de no hacerlo. Dijo que lo hubiera recibido si el relator de la ONU sobre libertad de expresión hubiera llegado en motocicleta a la Casa Presidencial.
Chimirri querelló a los periodistas Renato Álvarez y Rossana Guevara del noticiero TN5; Melissa Amaya y Juan Carlos Fúnez, de Radio Cadena Voces (RCV); Carlos Mauricio Flores de Diario El Heraldo, y Nelson García del diario La Prensa, por el delito de difamación constitutiva de calumnias e injurias. El funcionario se molestó porque los periodistas reprodujeron en sus medios un informe sobre supuestos actos de corrupción elaborado por una fundación estadounidense, publicado en el diario El Universal de México. Los tribunales de justicia fallaron a favor de los comunicadores. |
CORRUPCION EN HONDUTEL
Las querellas de Chimirri contra la prensa fueron solo uno de los escándalos que marcaron la administración del funcionario. Los medios de comunicación dedicaron extensos espacios a las denuncias de corrupción, abuso de autoridad, tráfico gris de llamadas telefónicas, escuchas ilegales (espionaje) de funcionarios, incluido el propio presidente, quien denunció personalmente el caso al Ministerio Público, organismo que abrió la investigación respectiva. Zelaya terminó pidiéndole la renuncia a Chimirri
TRATADO DE LIMITES CON CUBA
Zelaya ha sido considerado uno de los presidentes que más viajes hizo al extranjero en su período gubernamental. Uno de los viajes los hizo a Cuba, hasta donde viajó con una nutrida delegación, para firmar un tratado de delimitación marítima entre ambas naciones, firma que al final se suspendió en espera de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitiera el fallo sobre el diferendo limítrofe en el Caribe entre Honduras y Nicaragua.
CORRUPCION EN FONDOS CONTRA LA POBREZA
 | Los malos manejos en los fondos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) también estuvieron a la orden del día en la administración Zelaya Rosales. Una de las denuncias la hizo la Iglesia Católica en su semanario Fides, en el cual consideró de “censurable” el «politizar las necesidades de los empobrecidos» y abogó por acciones efectivas para que «los pobres sean los constructores de su propio destino». |
La Asociación Campesina Nacional (ACAN) señaló por su parte en un informe enviado al gobierno que, precisamente, hay alcaldías que politizan la entrega de la ayuda y «chantajean» a los beneficiarios si denuncian esa irregularidad.
PETROCARIBE Y EL ALBA
La incorporación de Honduras a Petrocaribe y el ALBA, fueron dos de los temas más polémicos en el gobierno de Zelaya. Mientras el presidente venezolano calificó la acción de Zelaya de histórica, la empresa privada y los sectores sociales lo cuestionaron ampliamente.
A pesar de las diferencias entre el poder Ejecutivo y Legislativo, los diputados liberales y udeistas terminaron aprobando el controversial proyecto. Los nacionalistas y democristianos se opusieron aduciendo que la compra de combustibles a Petrocaribe supone un endeudamiento de al menos 730 millones de dólares al año.
Los empresarios y grupos políticos, también se opusieron vehementemente a la incorporación de Honduras al ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas), la que calificaban como una “alianza política, militar e ideológica”, promovida desde Cuba y Venezuela.
Haciendo gala del poder que ostentaba, Zelaya desoyó las voces de oposición y procedió a su alianza al ALBA en un gran acto al que acudió su amigo y aliado presidente venezolano Hugo Chávez. Como testigos de honor, Zelaya trajo a los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Daniel Ortega, de Nicaragua, y el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage. El ese acto, “Mel” proclamó lo que él llamó la “Tercera República» y anunció el giro izquierdista de su gobierno |  |
“Hoy este gobierno se ha colocado en un centro izquierda y como me dijeron algunos que era peligroso hablar de un centro izquierda, yo le dije: Quítele lo de centro si cree que es peligroso”, refirió en extenso discurso previo a la suscripción de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), dijo el mandatario, disparando las alarmas entre sus opositores.
LA CUARTA URNA
Fue el detonante final. Zelaya comenzó a promover su proyecto encaminado a buscar la aprobación para una encuesta popular en la que pediría la opinión sobre la necesidad de crear una Asamblea Nacional Constituyente, que llevaría indudablemente a la reforma de los artículos pétreos constitucionales que prohíben la reelección presidencial, según los analistas de su Gobierno.
El rechazo a su propuesta no lo hizo ceder en sus intensiones, a la que logró atraer a dirigentes populares, magisteriales y de derechos humanos, otrora fuertes críticos de su administración.
 | Seis días antes de la fecha fijada para su encuesta, Zelaya se vio repartiendo dinero y promesas en varias regiones del país. Decidió seguir adelante con su propuesta a pesar de las opiniones en contra emitidas por la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría general de la República y el Ministerio Público, entre otras instituciones del Estado. |
“Ni Kaliman para esta consulta”, dijo Zelaya en un abierto desacato a la institucionalidad del país.
