Ex ministros de Finanzas y Salud afrontan requerimiento fiscal

Tegucigalpa – El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Lucha Contra la Corrupción, procedió penalmente contra dos ex funcionarios del gobierno de Porfirio Lobo, quienes son acusados de los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
 

El portavoz del Ministerio Público, Marvin Cruz, informó que el ex ministro de Salud, Arturo Bendaña fue acusado por el supuesto delito de fraude y abuso de autoridad ya que participó en la compra de medicamentos por 457 millones 596 mil 450.13 lempiras.

Cruz explicó que el requerimiento fiscal que se hace contra Bendaña es por la compra de medicamentos.

Según las investigaciones del Ministerio Público, mediante la licitación con número de proceso 0212010SS, se compraron varios medicamentos supuestamente de manera irregular.

En ese mismo proceso están involucrados los empleados Martha Griselda Vásquez, María de los Ángeles Fúnez, Cilian Medelia Zavala, Mirza Lizbeth Ruiz Castro y Cristian Manuel Bautista Fúnez, estos dos últimos fungían como miembros de la comisión de evaluación para la revisión y el análisis de las ofertas de licitación.

La relación de los hechos establece que en el proceso, esas personas debilitaron las normas de carácter científico y no se contó con el dictamen legal, por lo que se les acusa de los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

Por otro lado, el ex ministro de Finanzas Héctor Guillén, fue acusado por los delitos de fraude y abuso de autoridad.

Cruz explicó que la acusación que pesa sobre Guillén es por un contrato de arrendamiento que se hizo en las fincas camaroneras ubicadas en el sur de Honduras.

Guillen tenía dos cargos, uno como ministro de Finanzas y otro como presidente del grupo camaronero Hondufarms-Ibermar, que es un grupo de fincas que administra el Estado a través de esa dependencia estatal.

En ese sentido, Guillén suscribió un contrato de arrendamiento por 500 mil lempiras en 18 meses.

Según las investigaciones realizadas por la fiscalía de Lucha Contra la Corrupción, se pudo comprobar que las fincas camaroneras y la procesadora daban una utilidad anual al Estado por más de tres millones de lempiras.

En el contrato de arrendamiento, se excluye a la procesadora para que el producto no sea exclusivo, sino que pueda ser distribuido a las demás fincas, apuntó.

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