Por. Thelma Mejía
Tegucigalpa.- una reedición de crímenes de personas afines a la Comunicación Social y el caso del periodista Herlyn Espinal, trae al debate nuevamente la discusión de la ley de protección a periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y operadores de justicia.
Solo en el mes de junio, dos locutores fueron asesinados en el departamento de Olancho y un comunicador rural fue también objeto de una muerte violenta en la región de Dulce Nombre de Copán. Los primeros en la región nororiental del país y el segundo en la zona occidental.
Los dos locutores fueron Óscar Anthony Torres y Luís Alfonso Fúnez, en tanto el comunicador rural se identificó como Hernán Cruz Barnica. De sus crímenes poco o nada se sabe, solo que las autoridades “investigan”.
Se suma a estos crímenes, el brutal asesinato del periodista televisivo Herlyn Espinal, por causas aún desconocidas pero que según las autoridades fiscales y policiales, ya “casi” resuelven en un 98 por ciento.
De otro lado, la organización francesa Reporteros sin Fronteras ha llamado la atención por el proceso de “sedición” que se lleva contra una comunicadora rural, corresponsal de Radio Progreso, la emisora de la Compañía de Jesús de la Iglesia Católica. Ella es Albertina Manueles Pérez y se le acusa, al parecer, por dar voz a los protagonistas de un conflicto indígena en occidente.
Reporteros sin Fronteras también ha llamado la atención por las amenazas, que asegura, tiene su corresponsal en Honduras, la periodista Dina Meza, que estaría recibiendo amenazas de sectores que se esconden en el anonimato.
En medio de este barullo, finalmente la ley de protección a periodistas, comunicadores sociales, defensores humanitarios y operadores de justicia llegó al congreso y ha pasado sus dos primeros debates.
La iniciativa legislativa, consta de 73 artículos, y contempla entre sus novedades la creación de un Consejo Nacional de Protección y dos unidades técnicas sobre recepción de casos, evaluación de riesgos y reacción inmediata, así como de prevención, seguimiento y análisis de casos.
La cámara legislativa comenzó, antes de aprobar el último debate, los alcances y propósitos de la ley con algunos sectores involucrados. De lo que vi en la transmisión de esa sesión por el Canal 20 del Congreso, los asistentes pidieron más tiempo para socializar a fin de no aprobarla a la carrera, por la coyuntura y por el compromiso suscrito por el gobierno con la OEA.
Muchos de los que estaban allí también mostraron que poco o nada conocen de esta propuesta de ley que se supone había sido ampliamente debatida por el anterior gobierno. Con las escasas excepciones que se centraron en mostrar algunas debilidades de la ley, el resto aún no parece entender el alcance de un defensor de los derechos humanos, el rol de los operadores de justicia y el trabajo de la prensa y los afines a la comunicación social.
Pero todos, sin excepción, fueron conscientes que la norma no fuera precisa si en Honduras se respetaran los derechos humanos y el Estado de Derecho. Son conscientes que aquí, ser defensor humanitario, ser periodista o comunicador social y ser un operador de justicia, implica un trabajo de alto riesgo; uno con mayor o menor intensidad que otros.
La ley tiene entre sus debilidades, la creación de engorrosos pasillos burocráticos que cuando se emita una alerta o se tome la decisión de dar protección a una persona amenazada, ésta probablemente ya no vivirá para contarlo. Que si una dependencia le comunica a otra y que si esta otra analiza el riesgo con otros terceros, son algunas de las burocracias de esta ley, muy lejos de lo que viven a diario quienes profesan sus oficios en un país en riesgo.
En este sentido, se propuso hacerla más expedita y menos engorrosa, pues en una de sus partes ni siquiera se contempla que ante una simple amenaza o evidente intimidación, las autoridades deben actuar de oficio, es decir, no esperar a que el afectado llegue a poner la denuncia.
Los legisladores, unos que repiten, y otros que ya van por su segundo o tercer período se muestran anuentes a escuchar para intentar sacar una buena ley que no se vaya tan extremo en el tiempo, pero que tampoco se apruebe sin obtener el necesario debate.
Eso al menos es lo que se percibe, pero como las sorpresas predominan en esta Honduras que duele, será el tiempo quien dirá que tipo de guiso legislativo se nos ofrece.
En el caso de los periodistas y comunicadores sociales se registran unas 43 muertes violentas de 2003 a la fecha. Honduras es después de México, uno de los países más riesgosos para ejercer la profesión en el continente americano, según organismos internacionales de libertad de expresión.
Pero al margen de la aprobación o no de la ley, expedita o ampliamente consensuada, los últimos crímenes contra los periodistas y afines a la comunicación social necesitan voluntad política para resolverse, más allá de ese “casi” 98 por ciento que dicen tienen resuelto. Démosle el beneficio de la duda.
