Por: Ricardo Puerta
La Conferencia internacional sobre Migración, Niñez y Familia, se realizó en Tegucigalpa el 16 y 17 de Julio del presente año, según el comunicado oficial del evento con la participación de representantes de los gobiernos de Estados Unidos de América, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, de organismos internacionales y de selectos miembros de la sociedad civil hondureña. Entre los ausentes en la lista se destacan los representantes de Canadá, España e Italia, tres naciones que también son de destinos preferidos por los emigrados hondureños, aunque en mucho menor volumen y frecuencia, en comparación con Estados Unidos y México.
CUATRO RESULTADOS
Según el Comunicado oficial dado por el Gobierno de Honduras sobre los resultados de la Conferencia, se destacan cuatro planteamientos:
1) INICIATIVA REGIONAL
Partiendo de las experiencias realizadas, se recomienda actuar de manera conjunta en una iniciativa regional para erradicar la localización de las redes del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos en los países.
Es interesante que el Comunicado de la Conferencia empiece con este planteamiento, destacando tres factores externos, que implícitamente comparten en común como un denominador muy conocido: “Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo”.
El Presidente Hernández cita tres causas que explican “porqué los menores y la unidades familiares se van de Honduras”: “violencia, delincuencia y falta de información”. Sin embargo, los menores, con o sin acompañante, en un estudio disponible dicen que se fueron de Honduras –más del 60%– para reunirse con los familiares suyos que se encontraban ya en Estados Unidos.
Los que antes de la crisis citaban como causa “violencia o delincuencia”, fluctúan entre el 8% y el 12% del total entrevistado, según varias fuentes.
Entre “los que se fueron” provocando la actual crisis, se corrió la voz que cuando las autoridades estadounidenses de migración les preguntaran porqué dejaron su país de origen, citaran como causa “violencia, delincuencia, maras o narcotráfico”. Ello agregaría razones adicionales a favor del entrevistado para “que de inmediato no lo deportaran” y así aumentar las oportunidades de quedarse en Estados Unidos
Durante la crisis de los migrantes menores la prensa nacional publicó una lista elaborada por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. La misma demuestra que del total de 298 municipios que tiene Honduras, los 30 con los mayores índices de violencia son a su vez de donde más proceden los menores de edad no acompañados y capturados por la Patrulla Fronteriza. En este análisis algunos se han ido más allá de lo que permiten probar los datos disponibles. Sin hacer un análisis estadístico que compruebe causalidad, erróneamente afirman que “la violencia reinante en las ciudades con los índices más alto de criminalidad y con el mayor tránsito de drogas causa la migración de menores indocumentados hacia Estados Unidos”. (en el destaque en negrita de causa está el error señalado. Una correlación es una prueba necesaria pero aún insuficiente para derivar de la misma causalidad).
En el mes de abril pasado el Gobierno de Honduras puso a disposición de la población el 911, número de emergencia, de uso gratuito, que reemplazó todas las líneas de denuncias y emergencias relacionadas con la inseguridad que reina en el país. El nuevo servicio es parte del Proyecto Ciudades Seguras. Según una declaración reciente, de Arturo Corrales, Ministro de Seguridad de Honduras, hecha en medios televisivos del país, el 67% de las llamadas recibidas en el 911 piden auxilio por actos de “violencia intrafamiliar y doméstica”. Según el Ministro, el dato con la mayor frecuencia estadística, “es un llamado de alerta para que en todos los temas de prevención (de violencia) se trabaje paralelamente contra la violencia intrafamiliar”. Como un problema mayormente de base cultural, en el mismo “urge la ayuda de las iglesias, líderes, maestros y familias para que cultiven los valores sostenibles en las generaciones que (en el futuro) hereden una Honduras en paz”.
La experiencia acumulada en las Cortes de Migración de Estados Unidos informa que el 17% del total de los juicios concluidos –unos 140,000 por año— los migrantes lo ganan y por ello no son deportados de inmediato, pudiendo por la tanto quedarse en Estados Unidos, con visa temporal al menos. Dentro de ese 17% hay un estrato menor –que desconozco su tamaño– cuyas causas son migración forzada, violencia callejera, ser víctimas de delincuentes, maras o agentes del narcotráfico.
Ello ha dado también pie para que el Presidente de Honduras, aprovechara antes de la Conferencia una visita de siete congresistas norteamericanos a esta nación y les solicitó un programa de apoyo con estrategias y recursos similares a los del Plan Mérida (de México) o el Plan Colombia, financiados por Estados Unidos.
Cuatro años antes, en octubre del 2010, Oscar Álvarez, entonces ministro de Seguridad de Honduras, solicitó un Plan Colombia para Honduras, a fin de frenar el narcotráfico hacia Estados Unidos, aprovechando el inminente arribo a Honduras en esos días del Sr. David Johnson, subsecretario de Estado para la Lucha Antinarcóticos de Estados Unidos.
Otros altos funcionarios del actual gobierno han repetido tal solicitud, reconociendo que con los fondos de cualquiera de esos dos planes Honduras aliviaría en parte la crítica escasez de capital fresco que ahora no tiene. Ciertos analistas del tema definen la actual situación del Gobierno de “quiebra sin solución a corto y mediano” plazos, con muestras de estancamiento o de muy bajo crecimiento económico.
Solicitar una iniciativa regional para intervenir en la migración internacional, incluso sin una ayuda considerable externa, tampoco es nuevo en Honduras. La venían pidiendo desde antes cierta entidades de la sociedad civil hondureña que trabajan en migración, según consta en las declaraciones que anualmente se hacen en el Día y Mes del Migrante, ambas ocurren en Honduras en setiembre de cada año.
Una iniciativa regional se volvió una petición continua y abierta al Gobierno hondureño de turno desde el 2007. Por acción de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, en ese año fue condenado a 9 años de prisión por abusos de autoridad el exdirector de la Dirección General de Migración General y Extranjería en tiempos del Presidente Ricardo Maduro (2002-2006). El juicio demostró que desde el 2004, el destacado funcionario traficaba ilegalmente visas y pasaportes, extendidos a africanos, colombianos –amigos del narcotraficante Ramón Mata que cumple cadena perpetua en Estados Unidos– cubanos, chinos y libaneses. El caso se conoció popularmente por “el pasaportazo”. En el proceso de Romero quedaron impunes algunas figuras destacadas de la élite política hondureña, que aparentemente eran también parte “del negocio”. Hoy todavía algunos de ellos se mantienen activos como “destacados” políticos electos o funcionarios con altos cargos en “la vida pública del país”.
La condena de Romero en el 2007 no paró la corrupción en esa Dirección, que ha llegado hasta nuestros días. En medio de esta “crisis de migrantes menores” el actual Gobierno hondureño suprimió la antes intervenida “Dirección General de Migración Y Extranjería”. A tono con las recomendaciones de la Junta Interventora, nombrada por el Presidente Juan Orlando Hernández, la Junta probó que la entidad operaba como un instrumento de los coyotes que operan en Honduras en el tráfico de migrantes. Los coyotes obtenían, en forma expedita e ilegal, visas de salida y pasaportes para menores que después eran “sacados” del país apoyados en la documentación obtenida en dicha Dirección.
La Dirección fue sustituida por el Instituto Nacional de Migración, según Decreto Ejecutivo PCM 031-2014, de julio 31, 2014. Si bien el Instituto nace en una época de gran turbulencia en el tema migratorio, está bien concebido, según consta en el Decreto constitutivo. También los primeros pasos primeros dados por el Instituto son esperanzadores con miras a llegar a tener, por fin, una política migratoria nacional, una de sus funciones según le autoriza el Decreto que lo crea.
Una entidad como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, con presencia en los 18 Departamentos del país, en alianza quizás con AMHON y la Cruz Roja Hondureña, ambas con presencia en todos los municipios. La Cruz Roja cuenta con decidido y numeroso voluntariado. En conjunto podrían monitorear el desempeño del Instituto, verificando localmente si al regreso a sus lugares de origen, los deportados están logrando lo que el Gobierno central les prometió cuando fueron devueltos a Honduras: empleo, inserción vecinal y familiar, atención sanitaria, regreso de menores a la escuela, pago del Bono 10 mil, etc.
2) CONTROL EFECTIVO DE LAS FRONTERAS
La Conferencia Internacional también se pronunció a favor de un programa de control de fronteras, como un operativo disuasivo y de protección, para prevenir que los menores viajen de un país a otro sin la compañía de un adulto. Al mismo tiempo, busca garantizarle a los migrantes en las rutas por donde transitan sus derechos e integridad física y espiritual.
Este planteamiento se concentra en dos objetivos: la eliminación de los puntos ciegos de cada frontera y la persecución,desarticulación y derrota definitiva de las redes de coyotaje… La derrota “definitiva” en el segundo objetivo luce bastante ambiciosa en base a lo que se ha venido haciendo al respecto, donde la Fiscal de la Niñez en varios años solo ha podido judicializar y condenar a dos coyotes.
El contrabando habitual de mercancías, equipos y de otros productos de valor intensivo, y no por la migración, históricamente ha creado y consolidado puntos ciegos en las 24 fronteras de Honduras hacia el exterior, con más visibilidad en las terrestres. Aunque la migración le agrega en Honduras al contrabando “tradicional” de ciertos productos, los lucrativos negocios de la trata, tráfico de personas, de drogas y armas.
Por ejemplo, en las fronteras terrestres de Honduras con Guatemala, en Corinto y en las dos de Ocotepeque, por años vienen operando entre 9 y 13 puntos ciegos por frontera. En ellos también se practica lo que técnicamente se llama “la migración circular”: nacionales que regresan deportados a Honduras y que en pocos días, o quizás en 24 horas o menos, ya están de vuelta en la corriente migratoria “rumbo a Estados Unidos”, utilizando para entrar o salir uno de esos puntos estratégicos que bien conocen los traficantes de personas. Según datos del CAMR, el 90% de los adultos deportados regresa a la ruta migratoria por tierra en un corto plazo, a veces a los pocos días de haber retornado a Honduras.
En los puntos ciegos de las fronteras terrestres operan las reconocidas “aduanas privadas”, en beneficio de particulares. Cobran “impuestos”–entre 300 y 500 dólares por el paso de un vehículo. Trabajan en complicidad con ciertos miembros de la Policía de Frontera y de la Preventiva, asignados a la zona para mantener en ella el orden y la seguridad.
Las fincas con terrenos ubicados en cada lado de la frontera son las rutas más atractivas para el tráfico ilegal y contrabando de personas y de mercancías. Ramón Sabillón, director de la Policía Nacional, admitió que en esas fronteras los agentes policiales piden sobornos. Sucede a pesar de que las patrullas de la zona tienen en sus vehículos instalados GPS – el Sistema de Posicionamiento Global. Además, sobre todas las autoridades de fronteras se mantienen dos operativos como vigilantes permanentes: “Coyote 1” y “Rescate de Ángeles”; ambos pertenecen al Grupo de Operaciones Tácticas (GOET) de la Policía Nacional, con funciones de inteligencia en la institución.
El coyotaje en Honduras es un negocio que tiene en su haber más de 10 años de experiencia transnacional. Se disparó con la migración, después del Mitch, en 1998, consolidándose a los pocos años en volumen y experiencia. Cada vecindario de Honduras, urbano o rural, sabe quiénes son los coyotes “del sector” y el grado de efectividad que tiene cada uno, en base a la trayectoria que han acumulado durante años.
La ruta que va desde Honduras hasta Estados Unidos la atienden al menos cuatro distintos coyotes, uno por país: el de Honduras, Guatemala, México y el que finalmente “entra” a Estados Unidos. Las ofertas y precios varían según “el tipo de servicio solicitado y quién lo paga”. Cobran en promedio unos $4,500 dólares por persona, pudiendo a veces llegar a $10,000 por persona, cuando el servicio es de “5 estrellas”, de puerta a puerta, con transporte y alojamiento privados garantizados en la travesía, paso seguro de fronteras y con derecho “a tres intentos”, si falla el anterior. Generalmente el “enganche” y negocio lo ”empieza” el reclutador en la nación del norte. Un pariente o amigo que ya se encuentra en los Estados expresa que esta dispuesto a pagar para “traerse a un pariente o amigo”. Si el trato se cierra, el pago se hace en dos momentos: uno al iniciarse el viaje –quizás un 30% del total—y el resto se paga cuando el “migrante-cliente” llega a su destino en los Estados. Durante esta crisis humanitaria lo anterior sufrió modificaciones, que aún están por ser identificadas y analizadas por los pocos investigadores que en Honduras estudian el fenómeno migratorio, mayormente como una actividad voluntaria e independiente.
En esta masiva “travesía de menores” fueron los mismos coyotes en Estados Unidos y en Honduras (y resto de los países) — quienes regaron la voz de que “ahora es el momento más apropiado para que los menores de edad viajen a Estados Unidos”, para reunirse “finalmente” con “sus seres queridos”. La “oportunidad se magnificó anticipando la “inminente” aprobación en Estados Unidos de la nueva Ley de Reforma Migratoria Integral. La estampida en Honduras empezó en febrero pasado, con tal éxito que también “el rumor pegó” en ciertos morenales de Honduras –de mayor a menor grado en Tornabé, Sambo Creek. Triunfo de la Cruz y San Juan.
Tal respuesta la consideramos un hecho excepcional. Los afrodescendientes hondureños –garífunas e ingleses– es el grupo étnico con la mayor y más efectiva experiencia migratoria hacia Estados Unidos. Disponen de redes, apoyos y capacidades instaladas propias para llegar, generalmente con visa y por vía aérea, a las ciudades de Nueva York y de Nueva Orleans, sus destinos preferidos con diásporas de años, sólidamente establecidas.
La patraña divulgada por los coyotes “se volvió creíble” cuando se magnificó por el deseo de la reunificación. Muchas familias hondureñas años tienen uno o más miembros viviendo como emigrados en Estados Unidos, el 14% del total de hogares en Honduras. Son familiares allegados –padres, madres, hermanos– que al irse de Honduras dejaron aquí sobre todo hijos para que los siguieran criando tías y abuelas, mientras ellos quedaban con el compromiso de “mandarles remesas”.
Al deseo de reunificación se sumó también la riqueza, relativamente considerable que los miembros de la diáspora hondureña ya han desarrollado en Estados Unidos. En situaciones como la actual, esos fondos y activos están listos para ser usados directamente o en garantía para obtener un préstamo. Bien puede incluir capital líquido ahorrado o los obtenidos a crédito, que al menos sirven para pagarle la prima al “enganchador” que negocia a nombre del sistema de coyotaje ya identificado.
El total de los fondos movilizados en este masivo movimiento de menores hondureños, acompañados o no, –lo estimaría en unos 60 millones de dólares, alrededor de unos 1,200 millones de lempiras. Esos fondos han salido, en su gran mayoría, de los parientes hondureños radicados en Estados Unidos y en menor cuantía de los familiares que viven en Honduras. Para obtener fondos a crédito, los familiares del lado hondureño dan en garantía tierra, ganado, cosechas, vehículos, casa, equipos, remesas futuras, etc. Demostrando con ello una vez más, que “los más pobres” del país no emigran. Sino aquellos que pueden endeudarse y que ya gozan de cierta posición económica propia. Pertenecen a la “clase media baja”, y cuando menos, al estrato “más alto de la clase baja”. El endeudamiento del lado estadounidense-hondureño afecta el ahorro de los emigrados, préstamos cargados a la tarjeta de crédito, dando de garantía un carro, una vivienda, un activo que genera ingresos o las mismas remesas que en el futuro mandarían a sus familiares en Honduras.
Los hechos en Estados Unidos contradicen la farsa divulgada por los coyotes en ambos lados de la corriente migratoria sobre la Ley de Reforma Migratoria Integral. Dicha Ley fue aprobada en enero del 2013 por la Cámara alta o Senado de Estados Unidos, y al presente se encuentra estancada en la Cámara Baja o “Casa de Representantes” estadounidense. Ante esa parálisis, el Presidente Obama amenaza con actuar por cuenta propia, a través de órdenes ejecutivas.
La Ley aprobada por el Senado estadounidense en enero del año pasado no coincide con lo divulgado en Honduras por los coyotes. Si la versión de la Ley aprobada por el Senado finalmente se convirtiera en Ley, de los 11.6 millones de “ilegales” que hoy se encuentran en Estados Unidos sin “normalización migratoria”, se beneficiarían pero no todos, sino solamente los inmigrantes que llegaron a territorio norteamericano en o antes el 31 de diciembre del 2011. Después de esa fecha, ninguno estaría cubierto” por la tal Reforma, dado que se mantenga lo ya aprobado por el Senado estadounidense como ley definitiva.
Quizás la actual crisis “acelere” en Estados Unidos la aprobación de una Reforma Migratoria Integral en lo que resta del 2014. Aunque los pronósticos no son optimistas. Aún cuando un estudio nacional de opinión pública, hecho en julio pasado en ese país por una entidad profesional reconocida, revela que el 68% de los entrevistados acepta “normalizar la situación migratoria” de los indocumentados que al presente viven en ese país. Ello demuestra que el estancamiento actual la Reforma Migratoria es de naturaleza política, y su posible solución está en Washington. En base a ello es acertada la reunión que los tres presidentes de las naciones centroamericanas del Triángulo Norte, tendrán con el Presidente Obama el 25 de julio. Donde probablemente “se revisen” asuntos geopolíticos, nacionales, binacionales y regionales, además del tema migratorio. El caucus hispano en ambas cámaras del legislativo norteamericano (CHC por sus siglas en inglés, y tiene una cuenta oficial en la red social Twitter), que suman 26 legisladores electos del partido demócrata, podría servir de ayuda “para hablar sobre algunos asuntos importantes que impactan a la comunidad hispana en Estados Unidos”, antes de reunirse con Obama.
En nuestra última entrega, abordaremos los resultados 3 y 4 que arroja esta conferencia internacional.
