Brasilia – Grupos opositores de Brasil reforzaron hoy su convocatoria para una manifestación nacional el próximo domingo para exigir la destitución de la presidenta, Dilma Rousseff, a la que esperan que se sumen miles de personas de 90 ciudades.
«No serán las grandes marchas de abril o agosto», cuando millones de personas tomaron las calles de todo el país en protestas contra Rousseff, pues «no ha habido tiempo de movilizar a la gente», dijo a Efe Julio Lins, portavoz del movimiento «Vem pra Rua» (Ven a la calle), uno de los organizadores de las manifestaciones.
No obstante, aclaró que «será mucha gente», ya que hasta hoy se han sumado grupos opositores de 90 ciudades, que incluyen Brasilia y todas las capitales regionales, indicó.
Según Lins, las protestas han sido convocadas en respaldo al proceso que comenzó esta semana en la Cámara de Diputados para un posible juicio con vistas a la destitución de Rousseff por unas maniobras fiscales realizadas por su Gobierno para maquillar sus resultados en 2014 y que han continuado en 2015.
Lins explicó que la manifestación del domingo será solamente una especie de «calentamiento» para una serie de movilizaciones que se convocarán a partir de enero, que «sí serán masivas» y se realizarán en todo el país a fin de «mostrar al Congreso lo que los brasileños quieren, que es la salida de este Gobierno».
Los grupos que organizan las protestas se dicen ajenos a los partidos, pero dirigentes de varias formaciones opositoras, como el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), se han sumado a la convocatoria y han pedido presencia en las protestas.
El Movimiento Brasil Libre, otro de los convocantes, sostuvo en una nota divulgada hoy que «los indignados de Brasil volverán a la calle el domingo para expresar su voluntad de cambio» y «gritar que el fin de las canalladas comienza con la destitución de Rousseff».
También afirma que «la presidenta solo será desalojada del cargo que ha deshonrado por la voz ronca de las calles» y la «fuerza de la resistencia democrática», que será «vista con lupa por diputados, senadores y magistrados del Tribunal Supremo».
Aunque el trámite para el inicio de un proceso con miras a la pérdida del mandato de Rousseff comenzó este martes en la Cámara baja, ese mismo día la Corte Suprema lo suspendió hasta el miércoles de la semana próxima, cuando analizará algunos procedimientos para el juicio que han sido puestos en duda por el oficialismo.
Una vez que es esclarezca la forma en que debe realizarse el trámite, el proceso quedará en manos de una comisión especial de la Cámara de Diputados que analizará si las acusaciones contra la jefa de Estado tienen peso jurídico como para iniciar un juicio político.
El parecer de la comisión deberá ser votado por el pleno de la Cámara de Diputados y, en caso de que se decida avanzar hacia una posible destitución, Rousseff deberá separarse del cargo por 180 días, que será el plazo que tendrá el Senado para realizar el juicio político.
