Tegucigalpa – El tema de la depuración policial sigue dando de qué hablar, pues no solo un legajo de expedientes de más de un centenar de policías, activos y en retiro, fueron entregados recientemente al Ministerio Público para investigación, también ha trascendido que algunos de estos uniformados habrían amasado una fortuna de casi 258 millones de lempiras de forma ilícita y que no han podido justificar en su declaración patrimonial.
Mientras la Fiscalía exige públicamente que los expedientes sean completados y originales, resalta, entre los cuestionados, el actual jefe de la Policía Nacional, el comisionado general, Félix Villanueva, un hombre que hasta ahora ha tenido una trayectoria intachable, reconocida incluso por quienes le adversan. De ahí que la información sorprenda y lleve a las autoridades de Seguridad a salir al paso al indicar que él y otros dos oficiales en puestos de mando están anuentes a ser investigadosa profundidad.
El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, dijo que tanto Villanueva como sus subordinados están dispuestos a aclarar este tipo de información, que nadie va ocultar nada y que se pondrán a la disposición de los entes de control para desvirtuar cualquier acción y rendir cuentas, como parte de la nueva mística policial.
En tanto, la Comisión de Depuración de la Policía ha sido clara en señalar que estas informaciones de presunto enriquecimiento ilícito obligan a las autoridades a actuar con diligencia, al tiempo que anuncian una re-certificación de los policías que han sido ratificados en sus cargos a fin de garantizar su idoneidad y responsabilidad de los depuradores en los trabajos encomendados.
En su afán por mandar mensajes claros y certeros, la depuradora anunció la cancelación de al menos 17 oficialesy policías que estarían implicados en los crímenes del zar antidroga, Arístides Gonzálezy el experto antidroga, Alfredo Landaverde. Asimismo, señala con nombre y apellido a otros oficiales implicados que gozan de licencia médica y pide para ellos una comisión médica especial para dictaminar si la enfermedad que aquejan es cierta o falsa.
La sospecha de los depuradores es que detrás de esas licencias médicas puede haber complicidad pues han encontrado otros casos similares e incluso extensiones de constancias médicas posiblemente falsificadas. De ahí que pidan para esos casos vinculados a los crímenes emblemáticos una evaluación imparcial.
Recientemente, tres cajas conteniendo cientos de papeles en los cuales se implica a un promedio de 500 integrantes de la Policía Nacional, entre activos y retirados, en presuntos ilícitos, fue entregada por la Comisión Especial de la Depuración a la Fiscalía General de la República en un hecho sin precedentes en las últimas dos décadas desde que comenzaron los primeros asomos de depuración policial.
Cerca de 20 expedientes y más de 104 denuncias ciudadanas en contra de los uniformados de la Policía Nacional fueron entregados al fiscal general Óscar Chinchilla, quien anunció la creación de un equipo especial compuesto por investigadores nacionales y extranjerospara corroborar las pruebas entregadas, determinar su veracidad y proceder a entablar los procesos judiciales respectivos.
Dentro del legajo de documentos entregados iban tres expedientes en contra de tres generales comisionados de la Policía Nacional, al igual que otros siete expedientes que muestran “significativas” incongruencias patrimoniales de otros altos oficiales de la institución policial, con fortunas entre 3.5 millones y 138.1 millones de lempiras, dijeron fuentes de la depuradora.
Pero a medida que se desgrana el documento público difundido por la depuradora la pregunta que suena es. ¿En qué no estaban metidos oficiales y agentes de la policía? Casi todo lo relacionado con el ilícito común y organizado parece salpicarlos, dando así la medida que el proceso de depuración no será fácil. Los responsables del mismo no llegan a fondo y dicen sorprenderse del nivel de infección encontrada.
En las nuevas instalaciones construidas en la Academia Nacional de Policía, todo es nítido, amplio y acogedor, en una demostración de cambio y de apuesta a querer formar una nueva policía y una nueva mística de atención ciudadana. Las revistas satinadas informando de sus acciones son atractivas a la lectura, pero ese empeño de cambio no será sostenible en tanto la depuración no llegue a fondo.
Si el proceso no acelera su accionar, el maquillaje se derretirá en el tiempo, como la mala pintura, y la calidad total como quiere llamar el titular de Seguridad, Julián Pacheco, a la depuración policial, terminará siendo gris, insípida y descolorida si las pruebas entregadas a la fiscalía no son contundentes para armar casos contundentes.
El rostro del crimen
De lo entregado por la depuradora—quien le ha ayudado a tomar decisiones delicadas según Pacheco—se colige que esos casi 500 policías de base, oficiales y altos oficiales implicados, están vinculados en ilícitos graves como violaciones a los derechos humanos, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, abuso de los deberes de los funcionarios, coacción, detención ilegal, falsificación de documentos, fraudes, entre otros.
Al menos unos 84 policías resultan señalados en delitos de robo, homicidios, extorsiones y evasiones. Otros son señalados de pertenecer a bandas del crimen organizado y del narcotráfico, así como con las pandillas o maras, entre ellas 18 y la MS-13.
Policías implicados en casos de hurto y empeño de armas, apropiación de objetos particulares, ocultación de delitos, encubrimiento de otros policías en fugas, de privados de libertad desde las cárceles y acciones de sicariato, son entre otros, los delitos en que se les implican.
La radiografía de los ilícitos presentados por la depuradora solo viene a ratificar lo que desde hace años se decía: que la policía se había vuelto en una especie de “cómplice oficial” del crimen organizado y la delincuencia común.
No es casual que uno de los depuradores, Omar Rivera, dijera luego de entregar esos expedientes que los mismos iban manchados de sangre, dolor e impunidad. Otros miembros de la Comisión Depuradora son del criterio que el abandono en que estuvo sometida la policía por décadas, hizo que sus integrantes cometieran cosas “groseras”.
“Aquí lo que se dio fue un tráfico de todo, la institución perdió el norte, perdió la jerarquía y generó un trauma para la sociedad. Hasta tráfico interno de expedientes se produjo y en ese tráfico interno se generó una solidaridad interna terrible”, dijo uno de los depuradores en un encuentro informal con periodistas.
La acción de los depuradores de entregar esos expedientes al Ministerio Público reviste de importancia porque es la primera vez en la historia de la depuración policial de las últimas dos décadas, que ocurre algo semejante: señalar a unos 500 policías, oficiales, comisionados y comisionados generales en presuntos delitos criminales graves. Pero hace falta garantizar la contundencia de los expedientes puestos en duda por el propio Ministerio Público al indicar, en un comunicado oficial, que en gran parte son fotocopias y archivos incompletos y hasta anónimos.
Una fuente fiscal dijo a Proceso Digital que los expedientes han suscitado gran expectativa, por ello aseguró, se requirió al ministro Julián Pacheco en su doble condición (titular de Seguridad y miembro de la Comisión Depuradora), y a él se le pidieron expedientes originales y completos, un requisito que aún no es satisfecho para satisfacer las expectativas fiscales de investigación científica.
De su lado, la rectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, dijo a periodistas que el MP tiene que ser claro y expresar el estado de la información que recibe en aras de la transparencia y para generar expectativas plausibles.
Nexos con las pandillas
La depuradora con su entrega, busca a su vez confirmar otro nexo de algunos grupos de la policía que habían sido descubiertos por el ministerio Público en la operación Avalancha: los vínculos con la pandilla MS-13, que permitió desarticular un importante brazo financiero de esta red y en el se implicó a un oficial de policíaque gozaba de permiso, pero que al parecer había creado su opulencia en asocio con este grupo criminal.
Pero no solo la MS-13 es señalada por el informe de la depuradora ahora en poder de la Fiscalía, también señala a la pandilla 18. Tanto la 18 como la MS-13 tienen vínculos regionales y se han destacado últimamente por el negocio de la extorsión y han entrado en la mira de los tres países que conforman el Triángulo Norte al ser declaradas por los ministerios públicos de Guatemala, El Salvador y Honduras como organizaciones criminales transnacionales.
Un dato interesante en esta lucha por la depuración ha sido la participación ciudadana al acatar el llamado de denuncias anónimas en las diversas modalidades virtuales impulsadas por la depuradora y la instancia civil Alianza por la Paz y la Justicia (APJ). De junio a agosto de este año, la ciudadanía hizo un total de 107 denuncias, unas vía correo electrónico, otra vía aplicación, otras por teléfono y otras mediante entrega presencial.
También la APJ ha pedido un mayor respaldo presupuestario para el Ministerio Público de Honduras, equiparándolo con sus iguales de El Salvador y Guatemala, a fin que pueda contar con recursos adecuados para responder a las exigencias de combate a la impunidad.
Si bien la carga de la prueba ahora recae en poder de la Fiscalía, ésta debe priorizar dentro del legado de denuncias y acusaciones que le fueron entregadas, cuáles tienen sustento jurídico y cuáles no, para evitar hacer un ridículo en los tribunales si van con acusaciones débiles a la hora de sustentarlas. El Ministerio Público ha entrado a una etapa de mayor rigurosidad en ese aspecto y el aporte que los expertos internacionales den a los casos policiales será crucial al momento de presentar las pruebas.
Independientemente del criterio que usen los fiscales para iniciar las pesquisas, todo indica que la depuración policial no se quedará solamente en los boletines oficiales con el anuncio de los reestructurados, ratificados, suspendidos, en investigación o en retiro voluntario. La fuerza de los hechos y los hallazgos encontrados les indican que la estrategia debe ir más allá. Hasta ahora, según los depuradores, lo encontrado es “dantesco”, pero aún no llegan al fondo. Aún falta señalar cuántas bandas criminales operaban a lo interno, cuántas estructuras han desmontado y quiénes han sido sus cómplices desde las élites del poder hace más de dos décadas.
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