Tegucigalpa – La ausencia del concejal Teodoro Bonilla de la vice presidencia del Consejo de la Judicatura será un hueco que el pleno estima llenar el martes próximo, cuando sus miembros se reunirán para determinar la sustitución de rigor.
El proceso contra el concejal Bonilla, acusado de presunto tráfico de influencias, abre la puerta para realizar una especie de limpieza en las más altas esferas de la justica en Honduras.
Proceso Digital conoció que el puesto de Bonilla, podría ser asumido por Francisco Quiroz o Julio Cesar Barahona (este último ingresó al cargo propuesto por el Colegio de Abogados y no tiene carrera en el Poder Judicial).
En tanto, los concejales Celino Aguilera y Liliam Maldonado actúan como suplentes y se desempeñan ante la necesidad de atender tareas concretas.
Los enredos de un concejal
El caso del vice presidente del Consejo de la judicatura es considerado simbólico en Honduras, ya que se trata del uno de los más altos cargos del Poder Judicial, sometido a un juicio por señalamientos relacionados con actuaciones inapropiadas en el cumplimento de sus funciones.
Bonilla, quien guarda arresto domiciliario, se convierte en el primer alto funcionario judicial que enfrenta un proceso por tráfico de influencias. Otros jueces de tribunales ordinarios han sido llevados al banquillo y condenados por hechos reñidos con sus deberes e incluso por colusión con criminales. Pero también, algunos de los jueces acusados han denunciado atropellos y violación a sus derechos.
El Consejo de la Judicatura, un órgano de reciente creación en la estructura administrativa de la justicia en Honduras, generó grandes expectativas en la lucha para adecentar el Poder Judicial, un eslabón con una debilidad menos visible, pero incluso, más grave de la que enfrentan otras instituciones operadoras de justicia.
En el camino, los hechos no han dado la razón a quienes cifraron sus esperanzas en el ente.
El caso del vicepresidente Teodoro Bonilla, ya ha sido comunicado oficialmente al presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera Avilés.
Su arresto es una medida adoptada en las últimas horas del jueves, por el magistrado Raúl Henríquez, responsable de atender el proceso.
Bonilla tampoco puede salir del país, ni comunicarse con dos juezas mencionadas en la causa. Se trata de Liz María Núñez y Delmy Elizabeth López.
La Fiscalía acusó a Teodoro Bonilla de presionar a sus colegas para liberar a tres personas, señaladas de lavado de activos, tenencia de armas y municiones. Entre los sindicados se incluyen parientes suyos, quienes permanecen en prisión desde inicios de 2014, bajo cargos de lavado de activos y almacenar armas y municiones prohibidas.
Nace el Consejo de la Judicatura
Pese a que el Consejo de la Judicatura adquirió carácter legal el 28 de diciembre de 2011, cuando se publicó en La Gaceta el decreto 219-2011, que contiene la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, fue hasta en el primer semestre de 2014, cuando los cinco concejales asumieron sus cargos con la consigna de “depurar el poder judicial”. La presidencia corresponde al mismo presidente de la Corte Suprema (Jorge Rivera Avilés) y la vice presidencia recayó en Teodoro Bonilla.
De acuerdo a la normativa, el Consejo es el órgano constitucional del gobierno del Poder Judicial, con autonomía e independencia funcional y administrativa, con facultades para dirigir financiera y administrativamente a la Corte Suprema.
Igualmente tiene potestad para nombrar y remover a magistrados de Cortes de Apelaciones, jueces y otro personal jurisdiccional y administrativo. Pero en muchos de estos movimientos ha imperado la duda, las quejas y denuncias de acciones impropias de los procedimientos han sido constantemente evidenciadas.
La evolución del Consejo caminó lenta, desde sus inicios, fue hasta septiembre de 2013, cuando el Congreso Nacional juramentó a los cuatro concejales propietarios y dos suplentes, que completarían el nuevo órgano encabezado por el presidente Rivera Avilés.
En ese entonces se juramentaron como titulares a Teodoro Bonilla, Rolando Argueta (dejó el cargo con un permiso para asumir como director de fiscales, una posición que ahora podría también ahuecar en el caso de resultar electo magistrado a la CSJ ), Julio Barahona y Francisco Quiroz y como suplentes a Lilian Maldonado y Celino Aguilera.
Pero, la falta de presupuesto no permitió al órgano operar de inmediato sino hasta entrado en 2014.
Con el inicio de funciones del Consejo de la Judicatura, la expectativa de sectores de sociedad civil se centró en limpiar la cara de la justicia en un proceso que ahora podría iniciar, justo, depurando a los depuradores.
