Tegucigalpa – La Coalición Observación Electoral N-26, una instancia civil no partidaria, presentó este día su primer informe de veeduría ciudadana en el inicio de la campaña electoral, al destacar que la misma inicia precedida por signos de polarización.
En su primer informe, Observación N-26 señala que incluso se han producido amenazas de no participar o desconocer las elecciones si no se producen reformas políticas, por parte de un sector de los partidos políticos en contienda.
En relación con los datos oficiales sobre la participación política de las mujeres, se revela una reducción en la participación de las candidaturas con relación a las elecciones anteriores, que se evidencia en menos mujeres electas en las elecciones primarias y las que quedaron inscritas para las elecciones generales, dijo Jessica Sánchez, del grupo de Sociedad Civil, una de las organizaciones miembros de la Coalición Observación N-26.
“Observamos cambios en las reglas del juego a último momento, como la aprobación del voto en línea o en raya para la papeleta electoral a nivel electivo de diputados, además, de los cuestionamientos a la inconclusa depuración del censo electoral y las denuncias de corrupción que rodea el otorgamiento de contratos a las empresas responsables de manejar la transmisión de los resultados electorales”, señala el documento.
Por su parte, Migdonia Ayestas, del Observatorio de la Violencia y directora del Iudpas de la UNAH, integrante también de esta instancia ciudadana de veeduría social, informó que este período que precede a las campañas políticas estuvo caracterizado por una creciente polarización y confrontación entre las distintas fuerzas políticas y sociales en el país, que incluyó fuertes cuestionamientos a la institucionalidad encargada de dirigir los procesos electorales.
Conflictividad y violencia política
En el presente período de este informe, señaló, nueve candidatos han sido víctimas de muertes violentas: dos regidores, tres precandidatos a diputados, dos dirigentes políticos y dos familiares de precandidatos a alcaldes en los municipios de Morazán, Tocoa, La Ceiba, San Pedro Sula, Iriona, Copán Ruinas y Danlí. De acuerdo con la afiliación política de las víctimas, cinco pertenecían al Partido Liberal, tres al Partido Nacional y el subcoordinador del partido Libre.
En ese sentido, Ayestas indicó que aún y cuando la información del Observatorio Nacional de la Violencia es validada con las fuentes oficiales, no brinda los elementos para determinar si el móvil fue de tipo político o por hechos violentos relacionados con otras actividades.
“Existe evidencia que algunos de los candidatos a cargos de elección y dirigentes políticos, han sufrido agresiones y amenazas a muerte de forma directa o por las redes sociales a pesar de ello, no interponen las denuncias respectivas ante los órganos competentes y solamente las hacen públicas, mientras que los partidos políticos no se pronuncian ni respaldan a sus candidatos”, acotó.
El Informe de la Coalición Observación N-26 da la bienvenida a la ley de la política limpia, “pero nos preocupa que la Unidad de Fiscalización, a la fecha no cuente con los instrumentos legales complementarios a la ley y los recursos humanos necesarios que le permitan fiscalizar la inversión que realizarán los partidos políticos y candidatos”. Esta será una de las campañas políticas más caras si se toma en cuenta el techo límite fijado por el tribunal electoral, advierte el informe.
La aprobación del reglamento de aplicación del principio de paridad y del mecanismo de alternancia en la participación política de mujeres y hombres en los procesos electorales, si bien es saludada por la Observación N-26, resalta la incongruencia en la aplicación de la alternancia que, de acuerdo con el espíritu de la ley, debe iniciar desde la primera posición y no desde posiciones subsiguientes como se hizo en departamentos con mayor carga electoral en las elecciones primarias.
Resolución de conflictos
Entre sus reflexiones, la Coalición de Observación N-26, señala que la institucionalidad carece de los mecanismos para resolver crisis dentro de las organizaciones políticas y se precisa impulsar y validar espacios de diálogos políticos enmarcados en los alcances y funciones de la ley electoral y de las organizaciones políticas.
Solicitan al Tribunal Supremo Electoral que promueva entre los partidos políticos, una campaña a favor del respeto que evite la promoción del odio, el desprecio y la discriminación a los candidatos a cargos de elección popular por género, identidad de género, credo, ascendencia y cultura. Piden a los partidos políticos y a sus candidatos presidenciales lanzar propuestas más coherentes que permitan analizar o establecer tendencias en cuanto a los elementos centrales de sus propuestas o agendas de país.
