Tegucigalpa – Eran las 9:15 de la mañana del lunes 3 de diciembre, cuando varias detonaciones irrumpieron la paz en los predios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Policías y personas que realizan trámites en ese palacio del Poder Judicial corrían despavoridas para poner a salvo sus vidas. Minutos más tarde se confirmó que había sido asesinado Reynaldo Barahona (45), de oficio abogado penalista y quien era muy popular en el lugar.
– Este año ya se superan las muertes violentas de profesionales del derecho en comparación a las ocurridas en 2016 y 2017. Un promedio anual de 15 abogados murieron violentamente en el país desde 2010 a la fecha.
La muerte violenta de Barahona ocurrió en una de las zonas más vigiladas de la capital hondureña, donde además de la Corte Suprema se encuentra Casa Presidencial y otras oficinas del aparato gubernamental. Ahí los cercos de seguridad suelen ser rígidos y numerosos, pero eso no les impidió a los sicarios arrebatarle la vida al togado.
El malogrado abogado llegó a los predios de la CSJ para desayunar antes de comenzar diligencias cotidianas en ese edificio del palacio de justicia. Minutos antes de ser asesinado, Barahona bromeó con colegas en torno al fútbol, el deporte que más apasiona a los hondureños.
Uno de los hermanos del abogado Reynaldo Barahona, asesinado frente a la CSJ, manifestó que su hermano había pedido protección y no se le dio, ante amenazas de muerte que recibía.
De acuerdo a versiones de personas que estuvieron con él en sus últimos minutos, contaron que el abogado Barahona estaba feliz porque su equipo -Olimpia- volvía a una final del fútbol nacional. Bromeó y vociferó que esta vez iban a ser campeones, luego de dos años sin levantar una copa.
El ahora occiso era hermano de los también abogados Leyla Barahona y Kelvin Barahona. Minutos después del crimen llegaron familiares del occiso y protagonizaron escenas dramáticas que fueron retratadas por medios digitales, impresos y televisivos.
El suceso fue cubierto casi al instante por la prensa desplegada en ese poder del Estado. Igualmente fue atestado de policías que resguardan las instalaciones de la CSJ, todo esto se entrelazó con el malestar y la impotencia de los ciudadanos que no daban crédito a lo ocurrido en el propio palacio de justicia.
Familiares retiran de Medicina Forense el cadáver del abogado Reynaldo Barahona, asesinado este lunes en horas de la mañana frente al Poder Judicial.
Este lamentable asesinato ocurre cuando el país vive momentos tensos por eventos políticos que han sacudido la conciencia nacional, asimismo, por juicios sonados que se ventilan en las diferentes salas de la CSJ.
Hace unos años, en 2013, el hoy occiso resultó herido en un atentado en el que además otro profesional del derecho perdió la vida a inmediaciones de los juzgados capitalinos. En esa oportunidad también fueron heridos de bala los togados Fanny Paola Flores y Arnold Morales Hernández.
Desprotegido
Danilo MoralesDanilo Morales, director del Mecanismo de Protección de la Secretaría de DDHH, tras conocer el suceso explicó las razones por las que Reynaldo Barahona no recibió seguridad de esa oficina gubernamental.
El Mecanismo de Protección tiene un objetivo ya claro en la Ley de Protección de Defensores Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia, en el caso de los abogados en particular, éstos son acogidos en la actividad de defensoría de DDHH en el ejercicio de su protección.
“No precisamente por ser abogados están dentro del programa, para ellos se hace un estudio previo”, mencionó.
Morales describió que en febrero de 2017, el abogado Barahona, con otros tres abogados más, solicitó protección a petición del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
En ese sentido, se hizo un estudio para ver si ellos podrían aplicar al mecanismo, sin embargo, no cumplían con los requisitos establecidos por la ley en el artículo 43, pero sí se determinó que existía situación de riesgo, por lo que se remitió a otras instancias.
Los requisitos no se cumplieron por la actividad que realizaban (abogado penalista), se identificó un riesgo y se remitieron a otras instancias como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, donde acudió a poner la denuncia.
“El problema es identificar qué abogados pueden ingresar al mecanismo, es muy diferente a los periodistas que por lo general es por la libertad de expresión. Se ha estado abogando porque, por el mismo Colegio de Abogados se brinde un mecanismo para brindar protección”, ultimó Morales.
Investigación a cargo de Fuerza de Tarea
Comisionado Rommel MartínezEl jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rommel Martínez, dijo que las muertes violentas de los profesionales del derecho son diligenciadas por una fuerza de tarea.
“En este caso en particular, por instrucciones del Ministerio Público, se hacen concurrir también elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), para que cada quien sume sus habilidades, sus competencias y se pueda dar una respuesta que permita llevar ante los juzgados al que se supone es el responsable del crimen”, explicó.
Martínez se negó a precisar qué porcentaje de estos crímenes son resueltos por las autoridades. “En definitiva esto supone un enorme desafío, por lo pronto hemos procedido a realizar todas las diligencias que se ameritan y buscamos el acompañamiento del Ministerio Público.
El comisionado de Policía externó que esperan tener resultados prontos que ayude a dar con los responsables de este asesinato. “Queremos ofrecer respuestas sin caer en la precipitación porque eso también es bastante peligroso”, reforzó.
De su lado, otro de los funcionarios de la Policía hondureña, Edgardo Barahona, declaró que el malogrado abogado defendía a personas involucradas a organizaciones criminales.
En ese sentido, dijo que “tenemos información preliminar que el abogado estaba defendiendo personas que pertenecen a estructuras criminales, así que una de las líneas de investigaciones estarían orientadas a identificar quienes serían (los) que le quitaron la vida”.
Específicamente, confirmó que el ahora occiso defendía a personas pertenecientes a maras y pandillas, además a otras estructuras criminales.
Gremio urge respuestas
El expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), José María Díaz, dijo que cuando él dejó la presidencia de ese ente gremial sugirió habilitar una oficina que fuera la encargada de recibir las peticiones de seguridad de agremiados que se consideraban en peligro por el ejercicio de sus funciones.
“Pedimos que esa oficina tuviera un analista de riesgos para que comprobara la veracidad de las denuncias y así asignarle resguardo a los que estaban en peligro”, reforzó.
Díaz recordó que en su gestión asesinaron a una abogada en los predios de los Juzgados de Letras de lo Penal, ubicados en La Granja. “Parece que se repite la misma historia, los guardias de la Corte (Suprema de Justicia), y agentes de la Fuerza de Seguridad Pública vieron el asesinato y más bien se protegieron, y no repelieron el ataque”.
Pidió al CAH -ese mismo que él dirigió- ofrecer una respuesta inmediata a los colegiados que están en peligro sus vidas. “Lo primero es resguardar la vida de los compañeros, aunque luego se verifique la denuncia. Los abogados tenemos un papel protagónico, el Estado de derecho descansa en nuestra profesión y no podemos permitir que la delincuencia ataque a un gremio crucial para la democracia del país”.
Puntualizó que “la sociedad debe entender que cuando un abogado defiende a un delincuente, eso no es sinónimo que también ese profesional ande en malos pasos, tan solo es una defensa legal”.
Impunidad
Ombudsman hondureño,
Roberto Herrera CáceresEl Conadeh, condenó la muerte violenta del abogado Reynaldo Barahona con el que suman alrededor de 153 los profesionales del derecho muertos desde 2002, crímenes que se mantienen en la impunidad en más del 90 % de los casos.
El ente estatal hizo un llamado a las autoridades a establecer mecanismos efectivos de seguridad que permitan fortalecer la protección del derecho a la vida en el país.
“Es urgente que las autoridades hondureñas establezcan mecanismos de seguridad que permitan salvaguardar la integridad física y la vida de los profesionales del derecho y sus familiares”, dijo el Ombudsman.
Una las preocupaciones del Conadeh es el nivel de impunidad de estos crímenes, lo cual impide que se conozcan las causas por las que pierden la vida violentamente los profesionales del derecho.
Es importante fortalecer la investigación y una mejor coordinación entre los operadores de justicia para reducir drásticamente el alto nivel de impunidad prevaleciente en el país.
Los hechos violentos contra los miembros de este gremio empezaron a registrarse en el 2002, sin embargo, los mismos se agudizaron a partir de 2010, de allí que, en los últimos 9 años, han muerto más de 130 profesionales del derecho, un promedio de 15 por año.
Al menos 13 de los 18 departamentos del país han sido escenario de la muerte violenta de profesionales del derecho. Más del 70 % de los casos se registró en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés.
Entre los profesionales del derecho que murieron en forma violenta figuran, ex jueces de letras, de la niñez; especialistas, en derecho penal, laboral, mercantil y civil, fiscales del Ministerio Público, defensores públicos, jueces de la niñez, de Tránsito, de Letras, de lo Penal, de Paz y de tribunales de sentencias, asesores legales de entes gubernamentales, grupos campesinos.
Además, empresarios de transporte pesado, directivos del Colegio de Abogados de Honduras, aspirantes a cargos de elección popular, jubilados, abogados que ejercían su profesión en bufetes privados y otros que combinaban su labor con otras actividades empresariales y religiosas. Según el Conadeh, más del 90 % de los abogados fueron ejecutados con armas de fuego.
