Tegucigalpa – En Honduras grupos poderosos que incluyen carteles de crimen organizado, contrabandistas, evasores de impuestos, grupos políticos, algunos empresarios y transgresores de la ley en diferentes formas, miden fuerzas para influir en la elección del nuevo fiscal general de Honduras.
La aseveración fue externada la mañana de este lunes por la exrectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), durante una comparecencia en el foro televisivo Frente a Frente.
Castellanos analizó la trayectoria del Ministerio Público (MP), desde su fundación a inicios de los años 90 y dijo que desde entonces hasta la fecha fue el primer fiscal Edmundo Orellana y el actual titular, Óscar Fernando Chinchilla, quienes han marcado la diferencia positivamente.
Y es que la expectativa se acrecienta en Honduras en la medida que se acerca la elección del fiscal general del país que en este momento está en manos de una junta proponente que deberá elegir cinco candidatos para enviarlos al Congreso Nacional y es de esa nómina de donde el pleno, por mayoría calificada elegirá a la nueva cabeza del MP y su adjunto.
La exrectora dijo que en este momento hay una especie de pugna, incluso dentro del Estado, ya qué hay fuerzas que quieren colocar a un fiscal moldeable y que pida permiso para investigar y presentar casos en los tribunales de justicia.
En ese sentido dijo que es importante que la elección del fiscal fortalezca los esfuerzos anticorrupción emprendidos por el MP en los últimos años.
Agregó que existen una especie de “contracorrientes” tendientes a afectar las los avances en el combate del crimen.
Igualmente ponderó como el Congreso Nacional ha contribuido en algunos momentos en la lucha contra el crimen como cuando se aprobó la reforma de ley que permite de la extradición de nacionales, la depuración de la Policía y la Ley de Privación de Dominio.
Asimismo, señaló que en otros momentos el Legislativo ha modificado leyes que afectan la lucha contra la impunidad como en los casos de las últimas modificaciones a la Ley de Privación de Dominio y Ley de Presupuesto.
La exrectora y socióloga, quien ha formado parte de una anterior junta de proponentes, dijo que en el caso del actual fiscal Óscar Fernando Chinchilla, él ya ha pasado por las pruebas de confianza y por todos los requisitos que se requieren para ser fiscal. Chinchilla hizo la evaluación curricular, las pruebas y acreditó toda su documentación, recordó.
A este punto, la junta proponente debe decidir los cinco candidatos que irán a la ronda final en la Cámara. En el caso del fiscal general, propuesto por organizaciones de patronatos, según una corriente de juristas, es ese órgano el que debe decidir si lo incluye en la lista final, al valorar que la Constitución de la República establece que el fiscal general puede ser reelecto sin detallar el mecanismo y la Ley del MP tampoco lo hace.
Igualmente recordó que no siempre los mejores calificados son buenos en el ejercicio de su profesión y que muchos se decantan por prácticas que contravienen sus discursos. La Constitución de la República establece que el fiscal general puede ser reelecto sin detallar el mecanismo y la Ley del MP tampoco lo hace.
Igualmente reflexionó que no siempre los mejores calificados son buenos en el ejercicio de su profesión y que muchos se decantan por prácticas que contravienen sus discursos.
