En Honduras, han existido bastantes desafíos para poder crear fondos específicos destinados a la realización de actividades de inversión u otras que, por su naturaleza, requieren mayor agilidad que la que permite la caja única estatal. Las malas experiencias acumuladas, cuyas secuelas aún persisten —como en los fideicomisos de vivienda, la tasa de seguridad y otros—, han provocado que tanto la población como el propio gobierno se muestren renuentes a emprender nuevas iniciativas fuera de la caja única central.
Sin embargo, será necesario retomar la agilidad en áreas específicas como los proyectos de infraestructura, las compras estatales de medicamentos y otras actividades clave. Para ello, se deben construir mecanismos transparentes, eficientes y bajo control público que permitan ejecutar estas funciones con mayor efectividad. A esta propuesta la denominamos fideicomisos públicos abiertos. Este modelo reúne dos condiciones fundamentales: en primer lugar, debe estar ubicado dentro del marco de la banca estatal, y no de la banca privada. Si bien no todas las experiencias con fideicomisos privados se tradujeron en corrupción o ineficiencia, lo cierto es que existieron suficientes casos negativos como para que la opinión pública los perciba con desconfianza y los riesgos de repetir esos errores resulten inaceptables, al menos en el corto plazo.
Lo más importante es evitar la opacidad en el manejo de la información. Un fideicomiso público abierto debe poner a disposición del público, de manera transparente, todos sus datos relacionados con erogaciones, contrataciones, recepciones de ofertas y procesos de toma de decisiones. Esta apertura es la garantía esencial de que no habrá un mal manejo dentro del mismo. Incluso las compras, adquisiciones y contratos celebrados bajo la Ley de Contratación del Estado tendrían, en comparación, un nivel más bajo de transparencia que el que podría alcanzarse mediante este mecanismo.
Tomando casos particulares, resulta fundamental aprovechar la experiencia previa del fideicomiso de salud para diseñar un sistema que cumpla con estas condiciones, administrado ya sea por Banhprovi o por el propio Banco Central. En el caso de las compras de medicamentos, la exposición pública de las necesidades, los postulantes, las ofertas, los resultados de las adquisiciones y el seguimiento a las entregas —incluyendo la ejecución de garantías o acciones por incumplimiento— permite evitar abusos y generar confianza en el proceso. La transparencia, en este sentido, no solo asegura la eficiencia del gasto público, sino que también se convierte en un incentivo reputacional: quien logre venderle al Estado de manera económica y cumpliendo en tiempo y forma sus obligaciones obtendrá prestigio y mayores oportunidades de crecimiento en un entorno competitivo. Por el contrario, el que incumpla no solo enfrentará las sanciones económicas o legales correspondientes, que deberán ejecutarse por ser información pública y no obviable, sino que también sufrirá un golpe reputacional que obligará a las empresas a actuar con mucha mayor prudencia antes de exponerse a este tipo de procesos.
En el caso de la tasa de seguridad, si bien en la administración actual se han corregido algunos de los abusos más graves, los estándares de transparencia aún no se cumplen. La existencia de una veeduría integrada por ciertos sectores no equivale al acceso público general a toda la información, que es la verdadera garantía de apertura. Argumentar que las compras vinculadas a la seguridad deben mantenerse en reserva no es una aplicación correcta del principio de información estatal confidencial. En todos los países desarrollados, incluso las adquisiciones relacionadas con la defensa son auditadas públicamente; lo único que permanece bajo secretividad son las acciones operativas sobre el uso de los equipos adquiridos. Esa es la información que debe protegerse, pero nada justifica que los procesos de compra se mantengan ocultos.
Es fundamental concluir el debate sobre el futuro de los fideicomisos públicos, explorando su potencial para impulsar proyectos de infraestructura que el país necesita con urgencia. Un fideicomiso público abierto podría constituirse para desarrollar carreteras o puentes, como un nuevo libramiento para El Progreso, nuevas salidas para la zona urbana del Distrito Central y otras vías alternas. Estos proyectos no tendrían por qué concesionarse en su totalidad a una empresa extranjera, sino ejecutarse bajo este esquema, donde se contrata a una empresa nacional para la construcción y, eventualmente, otra para el mantenimiento, mientras que el grueso de la utilidad permanece en el fideicomiso y, por ende, en manos del pueblo hondureño. Al estar diseñado con total transparencia en todas sus contrataciones y operaciones, este mecanismo evitaría abusos y garantizaría que los recursos captados se destinen íntegramente al propósito para el cual fueron creados. La misma lógica podría aplicarse, además, a proyectos estratégicos como la gestión y modernización de aeropuertos.
Este es un tema crucial que merece abrir un debate nacional, pues puede convertirse en un verdadero punto de inflexión para el desarrollo de las capacidades e infraestructuras públicas del país. Los fideicomisos públicos abiertos ofrecen la posibilidad de evitar la corrupción y la ineficiencia que han marcado experiencias pasadas, al mismo tiempo que permiten mantener en manos de la sociedad un mayor control sobre los procesos de desarrollo. Con un diseño transparente y enfocado en el interés colectivo, este modelo puede convertirse en una herramienta estratégica para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que los recursos del Estado se utilicen de manera honesta y efectiva.
