Tegucigalpa – El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Marlon Ochoa, envió una carta oficial a sus compañeras Ana Paola Hall y Cossette López en la que denuncia que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) constituye una “trampa” y parte de un supuesto “golpe electoral 2025”.
El documento se emite en medio de un conflicto interno prolongado, ya que Ochoa ha cuestionado desde hace meses las decisiones colegiadas, acusando a sus colegas de sostener un mecanismo preparado para adulterar resultados.
En la carta, Ochoa sostiene que se eliminó en la práctica el control biométrico, lo que habría permitido inflar los resultados consignados en las actas electorales.
También califica de “escandaloso” el resultado preliminar, señalando una diferencia de cientos de miles de votos entre lo transmitido por el sistema y las actas físicas, y acusa la existencia de fraude automatizado y transferencia de votos entre candidatos y partidos.
Las acusaciones se suman a una cadena de choques previos, pues Hall y López han defendido públicamente las decisiones técnicas adoptadas por el pleno y han rechazado que el sistema haya sido diseñado para falsear los comicios.
Con anticipación, las consejeras ya habían denunciado ante observadores internacionales que los señalamientos de Ochoa debilitan sin fundamento el proceso electoral y podían servir de pretexto para desconocer los resultados de las elecciones generales.
Observadores consideran que es poco ético que Ochoa, uno de los tres integrantes del máximo órgano electoral, cuestione frontalmente el proceso que él mismo administra, contribuyendo a una grave crisis de confianza en la transparencia de los comicios de 2025.
A medida que se procesa el escrutinio definitivo y se acumulan recursos e impugnaciones, la carta de Ochoa profundiza la fractura dentro del CNE y alimenta la tensión política en un proceso electoral que ha tenido que lidiar con el intervencionismo desde otros poderes del Estado en los órganos electorales que, incluso, han iniciado procesos para judicializar a las consejeras.
El oficialista partido Libre, que se ubica en un distante tercer lugar en el conteo de votos, orquesta sus propias impugnaciones y denuncias en la búsqueda de lograr un menor daño electoral ante su irreversible caída respecto a la voluntad del electorado que le deja, hasta ahora, con cerca del 90% de los votos escrutados, con menos del 20% de la voluntad ciudadana reflejada en las urnas. PD
