Tegucigalpa – El procurador general Manuel Díaz Galeas explicó este lunes que la demanda civil en contra de los diputados que participaron en la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012 es para reparar el daño financiero al Estado hondureño.
Díaz Galeas expuso que el Estado fue demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por este acto legislativo y fue condenado en noviembre del año pasado.
Reveló que el Estado hondureño pagó una indemnización monetaria de dos millones 090 mil dólares, es decir, 54 millones de lempiras, a las personas afectadas.
Comentó que la sentencia condenatoria de la Corte IDH estableció que el acto legislativo fue arbitrario, ilegal y vulneró los derechos humanos.
En ese sentido, el procurador general argumentó que la demanda en los Juzgados de lo Civil de Francisco Morazán contra estas personas ocasionó un perjuicio financiero al Estado que establecer un acto de repetición.
“Estos servidores son responsables y que deben pagar de su propio patrimonial el daño financiero ocasionado al Estado de Honduras”, declaró Díaz Galeas.
El procurador general indicó que la responsabilidad civil no excluye de las responsabilidades penales y administrativas de los infractores y que le corresponderá a los entes competentes. AG
