Nueva York – Una coalición de abogados presentó este jueves una demanda colectiva por abuso de poder contra la Administración del presidente Donald Trump por imponer multas civiles a inmigrantes indocumentados, de hasta 1,8 millones de dólares, para presionarlos a que salgan de EE.UU., pidiendo que sean declaradas inconstitucionales.
La demanda fue presentada en el tribunal federal para el Distrito de Massachusetts contra el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Justicia, a nombre de dos inmigrantes -María L. de Massachusetts y Nancy M. de Florida- que enfrentan multas de 1,8 millones de dólares.
No obstante, este caso pretende representar a más de 21.500 personas a las que se les han impuesto estas multas desde enero de 2025, que ya suman más de 6.000 millones de dólares, de acuerdo con el comunicado conjunto de las organizaciones.
Cuando Trump retornó a la Casa Blanca en enero pasado, la regulación establecía que se debía avisar con 30 días de antelación a los migrantes antes de emitir la sanción. La regla fue cambiada en junio para eliminar ese periodo de tiempo y autorizó a los agentes de inmigración a enviar las multas por correo ordinario, acortando además el proceso para recurrir la sanción.
La reglamentación, que fija multas de hasta 998 dólares por día, se impone a quienes entraron al país ilegalmente; a los que ignoraron órdenes para dejar el país o demoraron su salida y a los que no cumplen con los acuerdos judiciales para su salida voluntaria.
De acuerdo con la demanda, estas multas se han impuesto incluso a personas que solicitan legalmente algún tipo de alivio migratorio, como el ajuste de estatus, que cumplen con las órdenes de supervisión del ICE o que no pueden regresar de forma segura a su país de origen.
La demanda busca anular la nueva norma de multas civiles, declarar las sanciones ilegales e inconstitucionales y prohibir permanentemente al Gobierno imponerlas o cobrarlas, destaca el comunicado.
Asimismo, señala al tribunal que el sistema de sanciones viola múltiples protecciones constitucionales y legales: la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda “porque el gobierno impone multas sin previo aviso, sin pruebas y sin ninguna oportunidad real de impugnarlas”.
También viola la cláusula de multas excesivas de la Octava Enmienda “porque las sanciones que alcanzan casi los 2 millones de dólares son manifiestamente desproporcionadas y financieramente ruinosas” y el derecho a un juicio por jurado, según la Séptima Enmienda, “porque el gobierno impone sanciones monetarias mediante procedimientos internos de las agencias en lugar de ante un tribunal”, de acuerdo con el comunicado.
La demanda alega además que la norma viola la Ley de Procedimiento Administrativo porque se emitió sin el proceso de notificación y comentarios requerido, la que consideran “arbitraria y caprichosa”. EFE
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