Tegucigalpa – El Ministerio Público presentó la tarde de este lunes un requerimiento fiscal contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) por el presunto delito de prevaricato judicial.
– El requerimiento fue anunciado por el otro consejero Mario Morazán desde el pasado viernes que la CSJ desestimó la solicitud de antejuicio.
Los acusados son Mirian Suyapa Barahona y Mario Flores Urrutia. La causa deberá ser conocida por un juez natural.
La acusación de la Fiscalía señala a los magistrados de emitir resoluciones contrarias a la ley y por ende ordenar al Consejo Nacional Electoral la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados.
De acuerdo a lo argumentado por el MP, el magistrado Flores Urrutia fue recusado por un ciudadano debido a que omitió una opinión pública sin conocer formalmente el expediente en pleno, el cual correspondía a un recurso relacionado con la inscripción de dos ciudadanos como candidatos al Congreso Nacional. El 27 de octubre los dos magistrados resolvieron de manera irregular, arbitraria y antojadiza dicha resolución, sin conformar el quórum respectivo ni seguir el procedimiento que establece la Ley Orgánica y Procesal Electoral, la cual exige la formación de una pieza separada, la notificación al magistrado recusado, la suspensión temporal del expediente y la convocatoria de un magistrado suplente.
[LEER] “La justicia siempre ha estado de nuestro lado”
La actuación, además de ser contraria a la normativa que regula ese tribunal, carece de validez jurídica, ya que el magistrado Flores Urrutia participó en la resolución de una recusación planteada en su contra, situación expresamente prohibida en la ley.
[LEER] El MP quiere confundir a la población, reacciona magistrado Flores Urrutia
El MP plantea que otras de las irregularidades cometidas por ambos funcionarios ocurrió el 28 de octubre cuando dictaron sentencia definitiva, declarando con lugar los recursos y ordenando al CNE la inscripción inmediata de los dos ciudadanos. Esta decisión se tomó pese a que el TJE no estaba debidamente integrado (no se convocó al tercer magistrado propietario ni a un suplente), pese a que la ley exige la presencia de los tres miembros para que el pleno pueda sesionar y emitir resoluciones en legal y debida forma.
