Tegucigalpa – Este jueves, un juez designado recovó la medida de arresto domiciliario al diputado Nelson Márquez y los otros imputados tras presentar una fianza suficiente para un cambio de medidas.
– El diputado Márquez tendrá medidas cautelares y puede reintegrarse a sus funciones como diputado y poder realizar campaña electoral para sus aspiraciones de reelección.
Así lo informó el abogado Dagoberto Aspra, quien comentó que el diputado del Partido Nacional deberá cumplir con la medida de presentarse periódicamente en los Juzgados a firmar el libro de registro, no salir del país, no comunicarse con los otros imputados y presentar los bienes necesarios que sirvan de hipoteca.
Informó que el diputado tendrá medidas cautelares y puede reintegrarse a sus funciones como diputado y poder realizar campaña electoral para sus aspiraciones de reelección.
Nelson Márquez, que también es subjefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, es acusado por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de fraude.
El diputado Nelson Márquez manifestó que fueron 100 días difíciles que tuvo que enfrentar y reafirmó que no tiene ninguna vinculación con un acto reñido de la ley.
“Voy a dedicar cada minuto de mi libertad para defender la libertad y democracia de mi país”, expresó el congresista.
Márquez estaba con la medida de arresto domiciliario por supuestas irregularidades que cometió cuando era titular de la desaparecida Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).
Requerimiento fiscal
Según el requerimiento fiscal del Ministerio Público, los imputados supuestamente drenaron tres mil 084 millones de lempiras mediante demandas ilegales.
El requerimiento fiscal surge en el contexto de los hechos a que en el año 2000 tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras, subcontrató presuntamente de forma irregular a NAINSA, según el MP.
Mientras que en 2001, de acuerdo al relato oficial de la Fiscalía, el cooperante canceló la ayuda por inconsistencias en el contrato, años después ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de acuerdo a la acusación fiscal.
DRC Inc. celebró un acuerdo confidencial con NAINSA, sin que esta última hubiera tenido relación contractual alguna con el Estado.
En enero de 2020, como parte de esa misma estrategia, Márquez en su cargo de secretario de Sedecoas, remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un acuerdo ejecutivo para evitar una «erogación mayor» de acuerdo al MP.
Un mes después, Sedecoas y NAINSA suscribieron el convenio extrajudicial mediante el cual acordaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales en curso.
Posteriormente en el año 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria admitió otra demanda millonaria contra el Estado de Honduras. De acuerdo con las investigaciones, los jueces que ya conocían la nulidad del laudo arbitral continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley.
Según el requerimiento fiscal, en una de las audiencias clave, el imputado Héctor Alvarado Mejía, representante en su momento del Estado (PGR) no asistió, justificando su ausencia con un certificado médico cuya autenticidad fue puesta en duda de acuerdo al mismo informe del MP. PD
