La Habana – El Tribunal Popular Provincial de Villa Clara (centro de Cuba) sentenció con hasta seis años de prisión a seis manifestantes por tocar cacerolas y otros «objetos metálicos» y gritar frases como «queremos corriente» frente a la sede del municipio de Manicaragua durante un apagón nacional a finales de 2024.
Los sancionados, según la sentencia fechada el 20 de octubre de este año y a la que tuvo acceso EFE, fueron considerados culpables de los delitos de propaganda contra el orden constitucional y desórdenes públicos. La pena conjunta es de 33 años de prisión.
Dos de los manifestantes fueron sentenciados con seis años de cárcel, mientras que otros cuatro -uno de ellos con 18 años de edad- con cinco años de privación de la libertad.
La Fiscalía, por su parte, pidió una pena de hasta siete años de prisión, de acuerdo con el documento.
Los jueces consideraron probado que los acusados participaron «con toques de calderos y otros objetos metálicos para provocar sonidos fuertes, con lo que se afectaba la tranquilidad ciudadana» en una manifestación de unas 100 personas.
También aseguraron que dos de ellos realizaron demandas a las autoridades con gritos que «impedían que los dirigentes del Gobierno» pudieran explicar la situación a los manifestantes. Mientras que a otro lo sancionaron por grabar la movilización con su celular “con el ánimo de desacreditar el sistema social cubano”, ya que el video fue utilizado por «varios medios digitales enemigos».
Los jueces solo utilizaron como testigos a integrantes de la Asamblea Municipal y a integrantes del Ministerio del Interior para fundamentar la sentencia, además de inspeccionar el teléfono del manifestante que transmitió en vivo la concentración.
La sentencia no es firme, por lo que los sancionados aún pueden apelar la decisión del tribunal.
En un comunicado publicado este viernes, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, consideró la sentencia como un «fraude».
«Esta sentencia judicial es un fraude cuyo único propósito es criminalizar la protesta cívica, sirviendo como instrumento de represión y anulación de derechos humanos. Está dictada en un contexto de recrudecimiento de la represión como única respuesta a los graves problemas sociales», aseguró.
De igual forma, la oenegé señaló que el fallo «está claramente destinado a limitar las libertades de expresión y manifestación, anulando los derechos constitucionales de queja y petición». EFE
