Tegucigalpa- El abogado penalista Marlon Duarte advirtió sobre los riesgos del mal uso de la Ley de Escuchas Telefónicas en Honduras, señalando que desde su creación existieron dudas sobre los fines reales de dicha normativa y el manejo que se da a la información obtenida mediante la intervención de comunicaciones privadas.
“Desde que se creó la Ley de Escuchas tuvimos nuestra reserva de lo que se iba a hacer con la información, y es tanto así que en 2011 ya se venía planeando y buscando mecanismos para intervenir las telecomunicaciones, no solamente de personas sujetas a una investigación, sino también en los ámbitos político y comercial”, explicó Duarte.
Seguidamente, el penalista expresó preocupación por el riesgo de espionaje comercial y político, al señalar que la ley podría usarse para fines distintos a los que originalmente se plantearon.
Intervenir las comunicaciones de un comerciante exitoso, por ejemplo, puede vulnerar sus secretos jurídicos y mecanismos legítimos de beneficio. “Eso es espionaje comercial, y es una práctica que no debería permitirse”, apuntó.
Duarte recordó que la Ley de Escuchas fue creada con el propósito de combatir delitos graves, como homicidios, secuestros o narcotráfico, pero cuestionó el uso que actualmente se le da a la información interceptada. “No digo que la ley no haya servido, pero el problema es qué hacen con esa información, quién la tiene y hasta cuándo están obligadas esas personas a dejar de intervenir una comunicación”, afirmó.
El abogado también criticó la falta de control jurisdiccional efectivo, ya que —según dijo— en el país existen apenas “tres o cuatro jueces autorizados para autorizar estas intervenciones”, y no se tiene claridad sobre dónde operan las oficinas encargadas de tales procesos.
Esta es una afección jurídica que se justificó en su momento por razones de seguridad, pero hoy parece tener fines políticos o económicos. Lo más importante debería ser garantizar el control judicial y la transparencia, subrayó Duarte.LB
