Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – El gobierno y el partido Libre se preparan a seis semanas de las elecciones para dejar protegidos a sus miles de militantes que tienen una plaza gubernamental y a la vez que sirvan como una “bomba laboral” incrustada en una nueva administración y que pueda “explotarle” cuando intente regular la gigantesca masa salarial del Estado.
– Entre el discurso y la práctica el gobierno estrena Decreto laboral de conveniencia que según expertos es más política que justicia, mientras realiza despidos que generan más demandas laborales.
Cuesta arriba en las encuestas y sondeos electorales, el partido Libre y el gobierno comenzaron a tomar medidas que les permitan salvaguardar su activo, que son sus militantes leales y que puedan ser utilizados para movilizarlos en caso de pasar a la oposición.
El Poder Ejecutivo publicó el 14 de octubre del año en curso en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto PCM 30-2025, el cual permitirá que los trabajadores estatales contratados bajo modalidad de contrato retengan todos los beneficios de los que tienen acuerdos.
La medida, señalan especialistas, colocaría a un nuevo gobierno en la posición de que si despide tiene que pagar indemnizaciones millonarias, lo que debilitaría la tesorería del Estado.
Un decreto que huele a cálculo político
Mientras los despidos se multiplican, el Poder Ejecutivo publicó el 14 de octubre del año en curso en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto PCM 30-2025, mediante el cual se autoriza reconocer la antigüedad laboral a empleados que pasaron de contrato a acuerdo de nombramiento. En apariencia, se trata de un acto de justicia; sin embargo, especialistas en derecho laboral advierten que es una maniobra política de último minuto.
El presidente de los abogados laboralistas, Arturo Vides, señaló que la medida, aunque tiene base jurídica, responde a un cálculo político evidente. “El decreto se publica seis semanas antes de las elecciones, beneficiando a sectores visibles como los empleados de medios estatales. Se corrige una injusticia estructural, sí, pero también se premia la lealtad administrativa”, expuso en un análisis que compartió con Proceso Digital.
“Esta maniobra, aunque jurídicamente defendible bajo el artículo 124 literal c) de la Ley General de la Administración Pública, responde a un cálculo político evidente», remarcó.
Vides explicó que el PCM 30-2025 institucionaliza lo que por años fue objeto de sentencia judicial: el reconocimiento de la continuidad laboral. No obstante, su aplicación selectiva, al excluir a los trabajadores con demandas activas, impide considerarlo una reforma integral.
Las mismas trampas
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras y asesor legal del Cohep, Gustavo Solórzano, advirtió que el Estado está repitiendo las malas prácticas que tanto criticó.
“No deberíamos estar pagando cantidades multimillonarias como consecuencia de malas administraciones. Son prácticas muy negativas que dejan una herencia pesada a quienes vengan a gobernar”, alertó en conversación con Proceso Digital.
Según Solórzano, existen más de 20,000 demandas laborales, de las cuales 18,000 son contra el Estado y más despidos solo significa más demandas. Para él, el PCM-30-2025 de antigüedad es una “trampa que amarra a las siguientes administraciones”, porque legitima contrataciones de último momento y prepara el terreno para futuras indemnizaciones injustificadas.
Añadió que partiendo de estas prácticas “no sería extraño que, al finalizar este período, se repita lo ocurrido hace cuatro años, cuando se autorizaron indemnizaciones indebidas a funcionarios de confianza. Eso demuestra que seguimos viendo las finanzas públicas como si no tuvieran dueño”, apuntó.
Otros laboralistas consultados también califican el PCM 30-2025 como un “fraude laboral”, un instrumento diseñado para asegurar la permanencia y los beneficios de los simpatizantes del oficialismo antes de una posible transición política. “Si pierden las elecciones, esos empleados tendrán una mejor condición para demandar y justificar futuras tomas o conflictos laborales”, advirtieron.
La justicia laboral, al borde del colapso
La magistrada de la Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Odalis Nájera, en recientes declaraciones a la prensa confirmó que el país atraviesa una crisis creciente de demandas laborales.
“Ha llegado el momento de tomar medidas radicales, porque el problema laboral es tan sensible como el penal”, dijo.
Nájera subrayó que la mayoría de las demandas provienen del sector público, donde “no terminamos de aprender a hacer bien las cosas”. A su juicio, mientras no se deduzcan responsabilidades a los funcionarios que despiden sin fundamento, la “avalancha” judicial continuará.
En ese sentido la magistrada exhortó a las autoridades del Ejecutivo a no seguir despidiendo trabajadores sin aplicar los procedimientos legales adecuados porque eso solo engrosa el ya abultado archivo de demandas laborales.
El doble discurso del poder
La combinación de despidos masivos y decretos de conveniencia electoral refleja un doble discurso en el gobierno que prometió dignificar el empleo público. Por un lado, se habla de justicia y reconocimiento; por otro, se ejecutan despidos arbitrarios y se aprueban decretos que favorecen solo a ciertos grupos.
El Estado no aprende de sus errores
Mientras el gobierno repite las mismas prácticas que condenó en el pasado —despidos injustificados, favoritismo político y manipulación administrativa—, con decretos de último momento, la mora judicial laboral sigue creciendo.
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Cada despido arbitrario se traduce en una nueva demanda, cada demanda en un gasto millonario, y cada gasto en un golpe más a unas finanzas públicas ya debilitadas y una grave violación a los derechos de los trabajadores que al final nunca reciben justicia laboral, porque como se ha evidenciado los juicios laborales en Honduras tarden más de una década en obtener una sentencia.
Como resumen los laboralistas: Hablamos de transparencia y respeto a la ley, pero seguimos despidiendo sin causa y pagando por errores que pudieron evitarse, teniendo como resultado, un país atrapado entre la improvisación política y la impunidad administrativa, donde los trabajadores son, una vez más, los que pagan el precio de los juegos políticos de quienes están de turno en el poder.
Despidos anticipados
En las últimas semanas, decenas de empleados públicos han sido despedidos en distintas instituciones del Estado, justo antes y después del Feriado Morazánico, en un ambiente marcado por incertidumbre laboral, favoritismo político y maniobras administrativas de último momento.
Los despidos ocurrieron previo a la publicación del Decreto PCM 30-2025 con lo cual se “limpió” previamente el pasivo laboral en la presente administración, próxima a vacar.
Fuentes de entero crédito confirmaron a este medio que los despidos se han ejecutado en instituciones como la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Instituto de la Propiedad, Aduanas, INFOP, entre otras.
En la Secretaría de Trabajo, los ceses de personal alcanzan todas las áreas, incluyendo la Dirección General del Empleo, Inspección, Previsión Social, Informática y Atención al Cliente. “Están haciendo barrida, en un solo día entregaron 16 sobres en oficinas centrales y 17 en las regionales”, relató una fuente interna de dicha institución.
El presidente del sindicato de la ENEE, Miguel Aguilar, confirmó Proceso Digital, que se trata de despidos arbitrarios. “Han despedido muchos compañeros en todo el país. Ya hemos acudido por la vía administrativa al Ministerio del Trabajo solicitando reintegros y que se constate la ilegalidad de estas cancelaciones”, manifestó. LB
