Tegucigalpa- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se suma a las voces de preocupación que han encendido las alarmas al señalar que la observación electoral ciudadana podría estar en riesgo de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, un proceso que ya arrastra un historial de desconfianza heredado de los comicios de 2017 y 2021 y elecciones primarias del presente año.
-CIDH establece que los observadores electorales deben considerarse defensores de derechos humanos y el Estado tiene la obligación de no interferir ni tomar represalias contra su labor.
En su informe de observación preelectoral, el CNA advierte que la democracia hondureña sigue presa de un sistema político fuertemente controlado por los partidos, lo que convierte a la observación no en un trámite formal, sino en un mecanismo clave para garantizar legitimidad.
En línea con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución 1/24, el CNA recordó que los observadores electorales deben considerarse defensores de derechos humanos y que el Estado tiene la obligación de no interferir ni tomar represalias contra su labor.
Según los datos recopilados, de las elecciones primarias realizadas el 9 de marzo de 2025, un total de 27 organizaciones nacionales solicitaron acreditación para observar el proceso electoral, pero diversas fuentes internas del Consejo Nacional Electoral (CNE) revelaron supuestos intentos de sabotaje en la acreditación de algunas de estas entidades.
Aunque el CNE emitió 2,320 credenciales para observación nacional, solo 2,057 fueron retiradas. En el caso de la observación internacional, de 109 acreditaciones emitidas, 108 fueron recogidas.
El CNA señaló que, mientras ya se dio luz verde a organismos internacionales como la OEA, el Centro Carter, la Unión Europea y la UNIORE, aún se mantiene incertidumbre sobre la participación plena de las organizaciones nacionales, a pesar de que estas requieren tiempo para prepararse logística y técnicamente.
El reglamento aprobado por el CNE establece requisitos básicos para la acreditación de observadores —ser mayor de edad, no estar inhabilitado, no militar en partidos, y contar con el respaldo de una organización civil—, lo que, según el CNA, no debería dar espacio a interpretaciones discrecionales que restrinjan derechos políticos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales.
Eco de la preocupación
La consejera Cossette López, hizo señalamientos sobre las debilidades en la observación de las elecciones internas, que —según advirtió— no deben repetirse en las elecciones generales de 2025. Agregó que la observación es un derecho de los ciudadanos.
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Desde el propio órgano electoral, el consejero Marlon Ochoa defendió que las decisiones en torno a la observación deben aprobarse por unanimidad y no por mayoría. “No es una obligación legal, pero sí una exigencia de la ciudadanía. Si queremos confianza, debemos dar señales de que aquí no habrá imposiciones ni exclusiones”, expresó, aunque también insistió en que la acreditación es “una potestad facultativa” del CNE.
La posición del consejero Ochoa, aumenta la preocupación debido a las posibles diferencias por una decisión por unanimidad, sin que la ley así lo establezca.
Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), a través de su director ejecutivo Armando Urtecho, llamó a la calma, pero subrayó la importancia de despejar dudas cuanto antes. “El sector privado espera elecciones transparentes, por la democracia y además porque sin confianza no hay inversión ni generación de empleo, algo crítico ante el eventual retorno de miles de compatriotas por el fin del TPS, señaló.
Mientras el sector privado sociedad civil y la ciudadanía en particular reclaman reglas claras, desde el CNE persiste el retraso y la duda para aprobar el reglamento. El riesgo, según el CNA, es que se repita la vieja fórmula: elecciones vigiladas desde afuera, pero cuestionadas desde adentro.
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Con la designación de Ana Paola Hall como nueva consejera presidenta del CNE, la presión aumenta. En principio su gestión será puesta a prueba con la aprobación del reglamento y así abrir espacios a la sociedad civil sin filtros discrecionales. LB
