Tegucigalpa – Luego del anuncio de la bancada nacionalista de presentar una moción para declarar como grupo terrorista al Cártel de Los Soles, el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Mario Portillo anunció que el oficialismo analiza los argumentos jurídicos para presentar una iniciativa para quitarle la personería jurídica al Partido Nacional y al Partido Liberal y declararlos terroristas.
“En los últimos días se ha estado diciendo en el Congreso Nacional que el Partido Nacional pretende presentar una iniciativa para declarar terrorista a una organización de Suramérica, misma que hasta el momento solo la ha mencionado Estados Unidos y que se presentará en el Congreso”, dijo Portillo.
El parlamentario agregó que los diputados de Libre han hablado y que si el objetivo es declarar terroristas a todos los que se dedican al narcotráfico y que utilizan el Estado, “en este caso aplica la misma teoría para poder en este caso declarar terrorista y quitarle la personería jurídica tanto al Partido Nacional como al Partido Liberal”.
Portillo argumentó que en los juicios de New York, el PN fue mencionado una organización criminal dedicada al trasiego de droga hacia Estados Unidos, mientras que en el caso del exdiputado Midense Oquelí, van a salir salpicados diputados actuales y exdiputados del bipartidismo.
El diputado oficialista no mencionó que en esos mismos juicios, los narcotraficantes dijeron que todos los partidos políticos, incluyendo a Libre, recibieron dinero.
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Además defendió que en el caso que salpica a Libre, con el narcovideo en el que el exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya se reunió con narcotraficantes y negoció incluso cómo se iba a repartir un soborno, el cuñado de la presidenta Xiomara Castro ya está fuera del gobierno. “Carlos Zelaya ya renunció, ya no es miembro de Libertad y Refundación, además esa investigación se está llevando en Honduras y hasta el momento ningún miembro de Libre ha sido condenado en Estados Unidos por cuestiones de narcotráfico”, dijo.
El legislador aseguró que la iniciativa, analizada por unos 10 diputados del partido gobernante, no tiene finalidad política, sino que con argumentos jurídicos. PD
