Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Honduras vive en un estado de excepción sin final visible. Lo que en noviembre de 2022 se anunció como una medida extraordinaria y temporal para combatir la extorsión y el crimen organizado, se ha transformado en una práctica rutinaria del Gobierno de Xiomara Castro que lleva ya casi tres años y se extendió al 90 % de la población.
– “Honduras normaliza lo excepcional: 23 ampliaciones del estado de excepción en menos de tres años”
– “Estado de excepción indefinido: Honduras vive bajo la suspensión de derechos desde 2022”
– Estado de excepción en Honduras: de medida temporal a política de Estado
De nueva cuenta el Gobierno de Honduras oficializó una nueva prórroga del Estado de Excepción Parcial mediante el Decreto Ejecutivo PCM-24-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
La ampliación número 23 entró en vigor el pasado sábado 16 de agosto a las 6:00 p.m. y se mantendrá vigente hasta el lunes 29 de septiembre de 2025.
Con la aprobación de la vigésima tercera prórroga consecutiva, el país suma ya casi tres años bajo la suspensión parcial de derechos constitucionales, consolidando lo que especialistas denuncian como una política de Estado encubierta en la excepcionalidad.
La medida fue impuesta por primera vez en noviembre de 2022 por la presidenta Xiomara Castro, bajo el argumento de combatir la extorsión y el crimen organizado, en un esquema inspirado en la política de seguridad del gobierno salvadoreño. Sin embargo, lo que se presentó como un recurso temporal y focalizado se ha convertido en una práctica recurrente que, según especialistas, ha perdido su naturaleza excepcional para convertirse en una política de Estado.
Es una medida fracasada
El criminólogo, Germán Licona, dijo a Proceso Digital que el estado de excepción es una medida fracasada.
Argumentó que inicialmente se implementó para combatir el delito de extorsión el cual creció un 9 % en el año 2022 y para el año 2024 aumentó en más de un 11 %.
Reflexionó que técnica y jurídicamente no debería pasar nada si Honduras afronta el proceso electoral de noviembre bajo esta medida.
Sin embargo, dijo que la población debe salir a ejercer el voto masivamente.
Acotó que, al dejar de ampliar el estado de excepción, el Gobierno hondureño debe proceder a la contratación de 34 mil policías y echar a andar un programa de prevención que tenga como eje la seguridad ciudadana.
Finalmente, dijo que se deben atacar las causas estructurales de todos los tipos de violencia en el país y para ello se deben endurecer todas las penas, una acción que debe pasar primero por el Congreso Nacional de la República.
Preocupa cómo el Gobierno ha manejado el estado de excepción
El director de Seguridad y Justicia de ASJ, Nelson Castañeda, dijo a Proceso Digital que nuevamente se aprobó un estado de excepción que se convierte ilegal al no ser aprobado por el Congreso Nacional y no cumplir con todas las normativas, lo que preocupa es como el gobierno ha manejado el estado de excepción como una política de Estado eso pierde su naturaleza.
Indicó que no se está visualizando el impacto que este estado de excepción le está provocando al país y al pueblo hondureño.
“Todos los estados de excepción que no han sido ratificados por el Congreso Nacional son ilegales y toda actuación que se hizo en el marco de estos son una violación a los derechos humanos”, afirmó.
Explicó que son 23 ampliaciones, ya se hubiese buscado medidas transversales que busquen solventar los problemas de seguridad.
Sostuvo que mientras no se miren políticas en materia de seguridad se seguirán realizando capturas que no son fructíferas, pero seguirá incrementando la extorsión, los homicidios, feminicidios, muertes de jóvenes, masacres.
Se saltaron el CN durante años, refiere diputado Umaña
El jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) y miembro alterno de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, Carlos Umaña reiteró durante una entrevista a Proceso Digital que el tema del estado de excepción es una situación completamente ilegal.
“Se saltaron completamente el Congreso Nacional durante años, es una medida que no ha dado el resultado que nosotros deseamos, es más, tiene más de mil reportes de violaciones a los derechos humanos y por lo tanto consideramos que no es conveniente prorrogarlo, mucho menos en las elecciones”, afirmó.
El parlamentario señaló que durante esta prórroga a la suspensión de garantías constitucionales, que inició hace casi tres años, las fuerzas del orden pueden intervenir las campañas y las reuniones políticas, por lo que “no estamos de acuerdo”.
Umaña auguró que si esta vigésima tercera prórroga es sometida a votación en el Congreso Nacional, no va a alcanzar los votos que se requiere para que sea legal y lo tendrían que eliminar.
“Pero lamentablemente, el gobierno hace las cosas ilegales y no permite la discusión del tercer debate de este estado de excepción, yo considero que no tienen los votos porque las bancadas de oposición no los vamos a acompañar en este proyecto», apuntó.
Femicidios y violencia contra menores, siguen en la impunidad
A criterio del presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, el estado de excepción ha sido una medida que ha tomado el Gobierno para contrarrestar la violencia, pero que en algunos casos no ha sido efectiva.
A su juicio el estado de excepción ha sido efectivo en algunos delitos, pero, en cuanto a feminicidios y violencia contra menores, siguen en la impunidad.
Afirmó que esa impunidad es del 80 a 90% y eso es lamentable.
Abusos versus versión oficial de éxito
Inicialmente, el decreto se limitaba a Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más grandes del país. Hoy, tras múltiples renovaciones, alcanza 226 de los 298 municipios, lo que implica que más del 90 % de la población vive bajo la suspensión de derechos constitucionales.
El Gobierno insiste en que la medida ha sido “un éxito” en la reducción de la criminalidad, aunque las estadísticas oficiales no muestran un impacto proporcional frente a la violencia y la extorsión, delitos que continúan siendo parte del día a día.
En contraste, los organismos de derechos humanos ofrecen un panorama muy distinto. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ha recibido más de 800 denuncias contra agentes estatales, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e incluso violencia sexual. Además, se reportan casos de incriminaciones sin pruebas, destrucción de propiedad privada y robo de pertenencias durante operativos policiales y militares.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó en mayo de 2025 su preocupación por la “persistente renovación” de esta medida, señalando que ha derivado en “graves violaciones de derechos humanos”. La recomendación de poner fin al régimen excepcional, sin embargo, ha sido ignorada por las autoridades hondureñas.
La reiterada ampliación plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto un Estado de excepción puede prolongarse sin convertirse en Estado permanente de excepción? En Honduras, la respuesta parece inclinarse hacia la normalización de lo que debería ser extraordinario. PD
