Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El Consejo Nacional Electoral (CNE), el principal ente rector de las elecciones generales del 30 de noviembre se encuentra actualmente bajo la embestida de cinco poderosos adversarios que, de una u otra forma, buscan obstaculizar el desarrollo del proceso electoral con amenazas, intimidaciones, boicots y denuncias penales, entre otras formas de presión que incluye la toma de instalaciones por parte de integrantes de los llamados colectivos de Libre, el partido en el poder que pretende continuar los próximos cuatro años en el solio presidencial.
Desde los comicios primarios del 9 de marzo a la fecha, cinco grandes adversarios tienen en su mira al CNE. Estos adversarios son el poder Ejecutivo, el poder Legislativo, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el partido en el poder, Libertad y Refundación. Todos ellos investidos de poder y de autoridad, frente a un Consejo Nacional Electoral que según la ley es autónomo e independiente. Esa es la mirada profunda de observadores locales internacionales que ven la democracias hondureña en sus horas más aciagas.
Las elecciones generales de noviembre para elegir un nuevo inquilino o inquilina en la casa presidencial apuntan a convertirse en la “madre de todas las batallas” como advirtió en su momento el coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), el expresidente y asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales. Y la víspera parece darle la razón. La expresión también es parte del discurso de la candidata de Libre Rixi Moncada.
La consejera presidenta del CNE, Cossette López, fue directa al indicar que los comicios generales se encontraban bajo una grave amenaza de no realizarse por los ataques internos y externos que enfrentan para llevar a ese organismo a colapsar y abdicar ante las presiones de una minoría sobre una mayoría. López se refería así al último incidente que ha desatado la furia del partido en el poder relacionado con la transmisión de resultados preliminares.
En el mes de junio, en sesión de pleno, se votó por los pliegos de licitación para el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), que incluye un tercer blindaje al proceso en materia de verificación de resultados de las actas. La decisión fue aprobada por mayoría de votos y el voto en contra del consejero Marlon Ochoa que representa a Libre en el Consejo Nacional Electoral. Ochoa aduce que ese tercer blindaje es una puerta a un presunto fraude similar al del 2017 cuando se produjo la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández. Las decisiones del pleno según la ley electoral se toman por unanimidad o por mayoría.
Las autoridades del CNE, entre ellas las consejeras propietarias Cossette López y Ana Paola Hall han reiterado que la decisión tomada es legal, rechazan cualquier tipo de fraude y alegan que más bien se ha puesto un cerrojo a cualquier acción de manipulación electrónica de datos. La decisión sobre los pliegos para la licitación del TREP es una resolución legal, legitimada en una votación por mayoría de votos. No obstante, ahora el consejero Ochoa quiere desconocer esa votación y presiona junto a su partido para que se revierta esa resolución.
Libertad y Refundación, dispuesto a todo
El día que se iba a recibir las ofertas de licitación de las empresas interesadas en el TREP, los colectivos de Libre se tomaron una de las instalaciones del CNE donde se iba a realizar el acto para boicotear el proceso, obligando a que el mismo se suspendiera y se reprogramara una nueva fecha de entrega. El CNE se enfrenta así a su primer gran adversario: el partido Libertad y Refundación.
El consejero Marlon Ochoa se presentó ante el Ministerio Público para denunciar y acusar a las consejeras López y Hall por delitos electorales, prevaricato administrativo y usurpación de funciones por ampliación del plazo para la entrega de recepción de las ofertas del TREP y por el triple cerrojo en la verificación de las actas de resultados del sistema preliminar de transmisión de resultados, que según Ochoa viola la ley electoral y de las organizaciones políticas vigente. A lo interno del CNE, Ochoa ha sido acusado de acciones de intimidación, agresiones verbales y amenazas a las consejeras López y Hall, así como a empleados del CNE que no son de su línea partidaria.
El partido Libertad y Refundación se ha enfrascado en presionar para que la decisión tomada en el pleno por mayoría de votos sobre el TREP sea revertida. La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, ha pedido públicamente a la consejera Ana Paola Hall que se retracte, y ha sido enfática al decir que no permitirán un fraude como en el 2017. La presidenciable convocó a su militancia a las calles en tres días de resistencia a fines de junio y presionar con sus protestas al CNE para revertir la decisión. La marcha de tres días terminó en uno, la militancia de Libre—que conmemoraba también un año más del golpe de estado—se aglomeró a las instalaciones principales del Consejo Nacional Electoral y terminó en un discurso de la candidata presidencial arengando que no permitirán un fraude ni que les arrebaten el triunfo.
El partido llamó a su militancia a estar activa y sacó a los colectivos para impedir que se realizara la recepción de las ofertas de las empresas interesadas en el TREP, en tanto, su representante en el CNE, el consejero Ochoa se ha declarado en rebeldía al no asistir a las convocatorias de pleno para abordar los asuntos pendientes en el cronograma electoral. Las autoridades del CNE convocaron a uno de los suplentes ante la rebeldía de Ochoa, pero en un inusual video, los dos consejeros suplentes también entraron en desacato al informar que no iban a atender ningún llamado del Consejo Nacional Electoral por considerar que la resolución sobre el TREP era ilegal.
Las autoridades del CNE salieron a aclarar que en la agenda del cronograma electoral pendiente no está la reversión de los términos acordados para el TREP porque esa fue una resolución votada legalmente y que una minoría no debía imponerse sobre la mayoría y advirtieron a los consejeros suplentes que podrían cometer delito electoral al no acatar un llamado del CNE, muchos menos justificar sus ausencias mediante fundamento.
Libertad y Refundación ha decidido entonces introducir en la agenda mediática la presión de que la decisión del TREP debe revertirse porque debe ser una aprobación “por consenso”, entrando así en el debate jurídico que se entiende por consenso, que se entiende por mayoría de votos y que significa la votación por unanimidad. Y en medio de ese debate jurídico en donde desde las definiciones de la real academia hasta la literatura jurídica en doctrina concluyen que lo actuado por las consejeras en torno a resoluciones por mayoría de votos es legal, surgen las voces ligadas al oficialismo que proponen resolver esta crisis mediante un diálogo de pactos políticos para que las minorías se impongan sobre las mayorías. El TREP debe ser pactado, sino las elecciones no tendrán legitimidad, arengan. Y así el tono de las voces poniendo presión al principal ente rector en materia electoral.
El MP, los cálculos y amenazas
El segundo gran adversario que enfrenta el CNE es el Ministerio Público, que no ha podido resolver qué pasó el 9 de marzo en los comicios primarios cuando se fueron de paseo turístico las urnas por más de 14 horas en la capital. El Ministerio Público ha enfocado la investigación en el tema del contrato del transporte, exonerando tácitamente a las Fuerzas Armadas de su responsabilidad constitucional de custodia de las urnas y que no ha podido explicar por qué las dejó salir sin custodia y pasear tanto tiempo por la ciudad. El Ministerio Público ha acusado a un par de empleados del CNE, pero sin llegar a los que dieron las órdenes de boicotear las primarias en la capital. Y tiene retenida información estratégica que impide a las autoridades electorales hacer los pagos a las empresas de transporte e imprentas que participaron del proceso. La consejera presidenta del CNE ha dicho que no puede pagar en base a fotocopias porque incurriría en delito y sería acusada y llevada a los tribunales por la fiscalía.
El fiscal Johel Zelaya anunció que tenía listos dos requerimientos contra “peces gordos” por el caso de las primarias, los medios de prensa, líderes políticos y sociales advirtieron que esos requerimientos serían contra las dos consejeras del CNE como parte de una estrategia para generar una implosión en el organismo y sembrar incertidumbre al proceso electoral y retrasos en el cronograma.
Los sectores de oposición política han cuestionado la rapidez con que el Ministerio Público ha aceptado la denuncia de Marlon Ochoa contra las consejeras López y Hall, pero no ha actuado de oficio ante los actos de los colectivos de Libre boicoteando con sus tomas la entrega de las ofertas relacionadas con el TREP. Los colectivos de Libre, según los expertos en materia electoral, han incurrido en un delito electoral que debe ser juzgado por las autoridades. El Ministerio Público ha optado por ver hacia otro lado, pero amenaza con requerimientos en caso de comprobarse que la denuncia de Ochoa tiene asidero contra las consejeras López y Hall. El CNE se encuentra de esta forma bajo el acoso del principal ente persecutor en materia penal.
Dos poderes en contra; militares intimidantes
El tercer gran adversario del Consejo Nacional Electoral es el poder Ejecutivo que encabeza la presidenta Xiomara Castro, quien no ha dudado en cuestionar y acusar a las consejeras del CNE por su rol por garantizar unas elecciones limpias, justas y transparentes. En el mes de mayo la mandataria arremetió contra la consejera-presidenta por advertir que no existían condiciones para poder llevar a cabo unas elecciones generales con la normalidad con la que se venía trabajando. La presidenta Castro la acusó de “poner en riesgo” las elecciones con sus declaraciones irresponsables y llamó a la clase obrera a exigir comicios transparentes y justos. Y desde el engranaje gubernamental ministros, cuadros intermedios, medios de comunicación estatales y asesores gubernamentales han generado intensas campañas de descrédito en torno al CNE y sus consejeras. En una de sus últimas comparecencias, la presidenta Castro se mofó de la agresión que fueron objeto las consejeras del Consejo Nacional Electoral en el pleno del congreso nacional, calificando el hecho como “un show”, mientras soltaba una carcajada.
El cuarto adversario poderoso que tiene el CNE es el Congreso Nacional, quien invitó a los tres consejeros del CNE para que explicaran qué estaba pasando con el tema del TREP, y cuando una de ellas, la consejera-presidente disertaba, fue interrumpida por los colectivos de Libre que ingresaron al hemiciclo, obligando a las dos consejeras a retirarse por falta de garantías a su seguridad, mientras la directiva del congreso permitía la disertación del consejero Ochoa. Luego de ello, la sesión fue suspendida y el presidente del congreso nacional pidió sacar a los colectivos del interior del hemiciclo, pero el boicot y la intimidación ya se habían consumado. El presidente del Congreso, Luís Redondo, emitió tres días después del percance, un comunicado en el cual responsabiliza a las bancadas de los partidos liberal y nacional de ser los artífices de ese boicot en donde la autoridad agredida, no fueron las consejeras López ni Hall, sino el consejero Ochoa. Y luego dijo en sus redes que no iban a acompañar la resolución sobre el TREP porque era ilegal.
Y el quinto adversario del principal ente rector electoral, son las Fuerzas Armadas de Honduras, encabezadas por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández, y su junta de comandantes, que ha dicho que quiere que en 48 horas antes de las elecciones les entreguen todo el material electoral para no tener retrasos y que sean puntuales en la entrega. No ocurre igual con otros estamentos castrenses que con discreción miran la escena sin estar dispuestos a que el descredito arrastre a la entidad armada. El general Hernández, además se ha negado a dar la protección al CNE ante la presencia de los colectivos de Libre por alegar que es una responsabilidad propia de la Policía Nacional, en respuesta a una petición escrita hecha por las autoridades del organismo electoral.
Hernández no ha dudado en acusar a las consejeras del CNE de querer responsabilizarlas por los hechos del 9 de marzo, llegó a una sesión de pleno a intimidarlas, rodear las instalaciones de la reunión con un despliegue militar armado inusual, así como increparlas para que retiraran de su cuenta de X expresiones vertidas que a su criterio calumniaban a la institución castrense. Esa fisura abierta tras los comicios primarios no termina de cerrar y en su ultimátum de cómo quiere la entrega del material electoral evidencia que este otro poderoso adversario será parte de los espinosos caminos que deberá enfrentar el CNE para poder llevar a cabo las elecciones el 30 de noviembre, “llueva, truene o relampaguee”, según expresó la consejera Ana Paola Hall, que ha pedido que las dejen trabajar, que las dejen de acosar y de intimidar.
Con estos adversarios la embestida es potente, pero las autoridades han reiterado que seguirán con el cronograma electoral, agotan los pasos que les indica la ley para dar al país garantías mínimas de un proceso electoral limpio, transparente y justo ante la “madre de todas las batallas”. (PD)
