Tegucigalpa – Nueve de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), enviaron una nota al presidente de ese poder del Estado, Jorge Rivera Avilés, para denunciar injerencias del Consejo de la Judicatura, debido a los últimos acontecimientos que derivó en la suspensión de una jueza.
– Los únicos que no firmaron la nota fueron los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
“Consideramos manifestarle nuestra preocupación por dos situaciones que vienen trascendiendo mediáticamente atrás y en los últimos días. La primera de ellas a posibles injerencias desde lo interno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en las decisiones estrictamente jurisdiccionales adoptadas en diferentes juzgados y tribunales”, reza la nota de los nueve magistrados.
Cabe destacar que la nota no fue firmada por los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional.
Los denunciantes mencionan que debido a “referidas decisiones disciplinarias que se imponen por decisiones jurisdiccionales susceptibles de ser recurridas por las partes”.
Critican que la actitud de la Judicatura afecta la independencia institucional que es un presupuesto fundamental para garantizar la imparcialidad de los jueces y asegurar a la ciudadanía una impartición de justicia sin interferencias indebidas de ninguna autoridad o persona.
“Los traslados, remociones o sanciones por decisiones jurisdiccionales que pueden ser revisadas a través de los recursos legalmente establecidos sin que vayan precedidas de un procedimiento disciplinario con las debidas garantías, atentan contra la independencia judicial”, argumenta el escrito.
Aseguran que los jueces solamente pueden ser destituidos por razones de notoria mala conducta, faltas disciplinarias, delitos o por la incapacidad que los inhabilite para desempeñar sus funciones.
“Los jueces no pueden ser destituidos por errores de buena fe o por discrepar con una determinada interpretación jurídica y menos aún por no actuar conforme a intereses extraños a los de la jurisdicción”, agregan.
Los altos jueces piden al Consejo de la Judicatura que se ajusten a sus funciones meramente administrativas, bajo políticas de gestión internas, claras y transparentes que permitan a los jueces las herramientas necesarias para el eficiente desempeño de sus funciones.
La nota la firman los magistrados: Carlos David Cálix Vallecillo, Jacobo Cálix Hernández, Marco Vinicio Zúniga Medrano (todos de la Sala de lo Penal); Edith María López Rivera, Raúl Enrique Interiano y Reina Sagrario Solórzano (ambos de la Sala de lo Civil); Rosa de Lourdes Paz Haslam, José Tomás Arita Valle, Víctor Manuel Martínez Silva (éstos de la Sala de lo Laboral).
Jueza suspendida aclara que nunca conoció La juez de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Nelly Martínez, denunció este martes ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que se le violentaron sus derechos al ser expuesta públicamente sobre hechos que no conocía en ese tribunal como “El Carretillazo” y el caso de la “Cuarta Urna”. Martínez fue suspendida recientemente por el Consejo de la Judicatura por un supuesto retardo de la justicia.
Expresó que no es fácil en este país ser juez de letras de lo penal manejando expedientes tan delicados del crimen organizado sin tener el respaldo ni la seguridad que como funcionarios se merecen. “No tenemos ninguna seguridad, solo confiar en Dios, aplicar la justicia tal y como nos está encomendado por las leyes y que Dios nos proteja a todos”, declaró. El pasado 16 de junio el Consejo de la Judicatura resolvió «que se suspenda de forma provisional sin que esta suspensión constituya una sanción para el investigado, a la servidora judicial: Nelly Lizeth Martínez Martínez, Jueza de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán». La Ley del Consejo de la Judicatura establece que una vez que ha sido notificada la jueza tiene tres días para solicitar una reposición de la resolución que en derecho corresponda. |
“Vengo al Conadeh a que me sea restituida mi imagen” ya que ahora la opinión pública maneja erróneamente que yo estaba escondiendo unos expedientes relacionados al caso de la “cuarta urna” y del “Carretillazo”, documentos que nunca los he tenido a la mano, aclaró.
