Tegucigalpa – El millonario desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) descubierto en 2014, sigue salpicando a reconocidos políticos y empresarios, algunos con intereses en Panamá, como Schucri Kafie, quien es directivo de una sociedad que construye una hidroeléctrica en ese país.
El desfalco en el Seguro Social hondureño también ha sacudido a un Ministerio Público que ha perdido credibilidad en un país donde está tomando fuerza un movimiento social, con jóvenes como principales protagonistas que se identifican como los «indignados» y exigen que cesen la corrupción y la impunidad.
Desde mayo pasado ese movimiento ha venido celebrando manifestaciones en las principales ciudades del país centroamericano con marchas denominadas de «las antorchas», en las que además exigen la renuncia del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández y de su Gabinete.
El gobernante ha respondido que el reclamo de los manifestantes es justo, pero que no debe ser infiltrado por sectores incluso políticos que tienen cuentas pendientes por actos de corrupción, y que en su administración seguirá luchando para frenar la corruptela que tanto daño le hace al país «caiga quien caiga».
Hasta ahora en Honduras, con muy pocas excepciones, era casi impensable que reconocidos empresarios o políticos fueran enjuiciados por presuntos actos de corrupción.
Sin embargo, el desfalco en el Seguro Social, uno de doce sonados casos de corrupción que están siendo investigados, ha movilizado a un Ministerio Público en el que muchos sectores no creen porque en el país muchos corruptos han sido «intocables», como dice el presidente Hernández.
Ante la presión para que se investigue a fondo el escándalo en el Seguro Social, los órganos encargados de impartir justicia han comenzado a moverse más en un caso que hasta ahora ha salpicado a decenas de personas, de las que unas diez guardan prisión y otras están prófugas.
Entre otras acciones, en los últimos diez días se ha procedido a la detención del empresario Schucri Kafie, acusado por el presunto delito de fraude asociado a una venta millonaria de equipo sobrevalorada al Seguro Social a través de la empresa Distribuidora de Equipos Médicos (DIMESA), de la que es socio.
Contra Kafie, quien además es directivo de la Generadora del Istmo S.A. (GENISA), que construye la Hidroeléctrica Barro Blanco, en Panamá, un juez de letras de Tegucigalpa le dictó detención judicial por el supuesto fraude contra el Seguro Social.
En Panamá, donde ha habido rechazo a la construcción de la Hidroeléctrica Barro Blanco, la empresa GENISA ha expresado esta semana su solidaridad «con las vicisitudes que enfrenta uno de sus directores (Schucri Kafie)».
Algo similar ha ocurrido en Honduras con la empresa DIMESA, que ha solicitado la liberación de Kafie por la prisión preventiva que se le ha dictado.
DIMESA alega además que en el caso de Kafie «ha habido una discriminación flagrante, ya que en el 100 % de los casos por este supuesto delito, se establece que el imputado se pueda defender en libertad».
El jueves, el Ministerio Público presentó un requerimiento ante la Corte Suprema de Justicia contra 16 personas, cuatro de ellas miembros de una misma familia, entre los que figura Lena Gutiérrez, una de los vicepresidentes del Parlamento, dos hermanos y su padre, el empresario Marco Tulio Gutiérrez.
Lena Gutiérrez es diputada ante el Parlamento hondureño por el gobernante Partido Nacional, que también ha sido salpicado por el desfalco en el Seguro Social.
Los miembros de la familia Gutiérrez son acusados por varios supuestos delitos contra la salud pública, entre ellos falsificación de documentos públicos y fraude asociados a la venta de medicamentos al Estado a través de la empresa Astropharma.
La diputada compareció con su familia ante la prensa el mismo jueves y dijo que ella vendió desde 2009 las acciones que tenía en la empresa, que no han cometido delito y que responderán ante la justicia.
Por el desfalco en el Seguro Social, lo que ha causado un repudio generalizado en el país, guardan prisión su último director, Mario Zelaya y dos ex viceministros, entre otras personas.
Zelaya el principal acusado, también involucró en el escándalo a la modelo chilena Natalia Patricia Ciuffardi, de 28 años, con quien tiene un hijo y el jueves fue condenada en su país a cinco años de libertad vigilada por el delito de lavado de activos en perjuicio del Estado de Honduras, asociado al Seguro Social.
No se sabe cuántas personas más caerán por el desfalco en el Seguro Social y otros sonados casos de corrupción en Honduras que también salpican a los últimos dos gobiernos que presidieron Manuel Zelaya y Porfirio Lobo, aunque ahora sí pareciera que van en serio las acciones contra la corrupción, «caiga quien caiga».
