Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), sostuvo que las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) son un riesgo inminente para los inversionistas nacionales y extranjeros.
El director del Cohep, Armando Urtecho, señaló que las tres ZEDEs que han sido aprobadas no cumplen con los preceptos constitucionales.
“Por lo tanto, hay un riesgo inminente para aquellos inversionistas que hayan depositado dinero aquí”, dijo el director del Cohep ante periodistas.
Apuntó que el Congreso Nacional es el único que tiene la facultad de crear zonas sujetas a un régimen especial basándose en el artículo 129 de la Constitución de Honduras.
Urtecho cuestionó que las ZEDE benefician a un cierto grupo y no genera inversiones ni empleos como justifica el Poder Ejecutivo.
“Lo que hemos estado cuestionando no es que no haya inversiones y que no se generen empleos, porque es la ficción que quieren meterle a la población que el Cohep está opuesto a la generación de empleo”, increpó.
Advirtió que con las ZEDE el estado de Honduras no será obligado al pago de indemnizaciones.
EL director del Cohep se preguntó ¿si los alcaldes están de acuerdo si ya no van a recibir sus impuestos y se reduzca el tamaño del municipio?
Retó que al gobierno que revele si realizó consulta a los municipios y quienes son los dueños de las ZEDE.
Seguridad jurídica
Por su parte, el asesor legal del Cohep, Gustavo Solórzano, opinó que la forma como fueron concebidas las ZEDE no representa seguridad jurídica ni para el inversionista ni para el país.
Solórzano exigió que la Secretaría de Finanzas señale cual fue su análisis jurídico que emitió en base a la Ley de Responsabilidad Fiscal para favorecer a las ZEDE.
Pidió la opinión de la Administración Aduanera de Honduras en cuanto al ingreso de productos y del Servicio Administrador de Rentas (SAR) sobre la recaudación tributaria.
Sugirió que el Congreso Nacional reconozca que fue un error la aprobación de las reformas a la ley orgánica de las ZEDE y rectifique su decisión.
“Nuestra recomendación es que se van a abstener de continuar con esas reformas que se han introducido desde el Poder Ejecutivo con el propósito de generar algunos beneficios”, dijo el profesional del derecho.
Reiteró que la iniciativa privada pide legalidad y que se respete el Estado de derecho. (ag)
