Por: Luis Cosenza Jiménez
La semana pasada fuimos informados que el gobierno de los Estados Unidos de América suspendió la visa de los integrantes de la anterior Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS.
La medida ha sido criticada por algunos, ya que rechazan lo que consideran «injerencia» de Estados Unidos en nuestros asuntos internos.
Otros porque piensan que tal medida vulnera uno de los derechos fundamentales de las personas, es decir, que a todos debe concedérsenos la presunción de inocencia.
En resumen, nadie es culpable hasta que así sea declarado en firme por el sistema de justicia.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de los méritos de los argumentos enarbolados por estas personas, parece razonable suponer que la mayoría de nuestra población apoya la decisión de Estados Unidos.
Ahora bien, más allá de los argumentos en pro y en contra, cabe preguntarnos qué implica la decisión de Estados Unidos. Permítanme ofrecer algunas ideas al respecto.
En primer lugar, el escándalo en el IHSS parece ser la gota que derramó el vaso.
Desde hace años, la Embajada de Estados Unidos ha venido planteando la necesidad, y la urgencia, de hacer frente a nuestra endémica corrupción.
Después de mucho insistir, en privado y en público, optaron por declararnos inelegibles para una segunda donación de la Cuenta del Milenio, precisamente por el profundo nivel de corrupción en el que caímos.
Estados Unidos entiende perfectamente que la corrupción mina y carcome nuestra incipiente democracia y sirve de peldaño para que los populistas, enemigos de la democracia, se alcen con el poder y establezcan un régimen autoritario y enemigo de Estados Unidos.
Los ejemplos en nuestra América están a la vista, siendo Venezuela el caso más claro y patético.
En resumen, Estados Unidos ha venido endureciendo su mensaje a lo largo de los últimos años y la suspensión de visas parece ser un paso más en su estrategia para que se combata la corrupción en nuestra tierra.
Si esto es así, es posible que de no combatirse efectivamente la corrupción veamos en el futuro otras medidas aún más duras.
En segundo lugar, resulta evidente que la medida tomada por Estados Unidos dificulta que el escándalo en el IHSS termine en el olvido, como ha ocurrido en otros casos.
La medida envía un claro y fuerte mensaje.
Están, y estarán pendientes del resultado de las investigaciones y de los juicios que puedan entablarse en el sistema judicial.
Sin pretender juzgar el resultado, vigilarán porque se respete el debido proceso y porque la parte acusadora actúe diligentemente.
Al final suponemos que la suspensión de la visa será levantada para quienes sean declarados inocentes, y que la suspensión se convertirá en revocación para quienes sean declarados culpables.
Sin perjuicio de lo anterior, resulta evidente que los afectados con la suspensión de sus visas serán los más interesados en que su situación se esclarezca cuanto antes, con lo cual se asegura que el caso sea dilucidado prontamente.
Es decir que, al menos en este caso emblemático, tendremos justicia expedita, transparente y respetuosa del debido proceso. Solo queda esperar que esas características se difundan y permeen nuestro sistema judicial.
No obstante lo anterior, surgen varias interrogantes que merecen ser despejadas. Para comenzar cabe preguntar si estamos frente a un caso aislado, o en efecto a un cambio de política.
Si fuera lo segundo, debemos inquirir a qué otros casos aplicarán el mismo tratamiento.
¿Cuál será el criterio a aplicar? ¿Se tratará del monto involucrado, o de la naturaleza del hecho? El caso que nos ocupa ha sido condenado más enérgicamente por la opinión pública por tratarse de recursos asignados a la salud, pero ¿se actuaría de manera diferente si se tratara de fondos dedicados a otras actividades? De igual forma resulta obligatorio plantear que sucedería si nuestro sistema judicial exonerara de culpa a todos, o casi todos los acusados.
¿Se procedería entonces a suspender las visas de los operadores de justicia? Finalmente, si aceptamos que en un acto de corrupción se requiere usualmente de dos actores, uno de los cuales labora en el sector público y el otro en el privado, ¿se aplicará la suspensión de la visa a ambos actores? Claramente que el aplicar la medida únicamente al servidor público deja la impresión de haberse actuado parcial e injustamente.
El estimado lector deberá juzgar los méritos y los defectos de la decisión tomada por Estados Unidos, pero independientemente de ello, resulta incontrovertible que estamos frente a un nuevo paradigma.
Hemos entrado en una nueva fase, tanto de la lucha contra la corrupción, como en nuestra relación con Estados Unidos. Resulta difícil predecir que nos depara esta nueva realidad y que dificultades nos planteará en el futuro.
Lo único que puede decirse con certeza es que la paciencia, de nacionales y extranjeros, se está agotando frente a nuestros frecuentes actos de corrupción.
