Tegucigalpa. – El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, enfrenta en sus primeros seis meses por cumplir, uno de los desafíos más grandes de su gestión: el despiadado repunte de la violencia y la inseguridad con un promedio de 31 masacres o muertes múltiples en lo que va del presente año. La delincuencia no le está dando tregua, las muertes violentas y la extorsión hacen presión sobre su política de seguridad que busca afincarla en un modelo de policía comunitaria en ciernes.
El crimen de cuatro jóvenes saliendo de una discoteca en un conocido centro comercial capitalino, ha sido la cúspide de esa escalada, por el tipo de ejecución, la precisión y los presuntos implicados integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), según la policía. En principio, la presidenta Castro y el asesor presidencial, el ex presidente Manuel Zelaya, atribuyeron la acción a supuestos escuadrones de la muerte que estarían operando en el país desde el régimen pasado.
En ese crimen repudiado por la sociedad fue asesinado el joven Said Lobo Bonilla, hijo del ex presidente Lobo Sosa y la ex primera dama, Rosa Elena de Lobo. Junto a él murieron otros tres jóvenes amigos que venían de departir. Las interioridades van saliendo de a poco, han capturado a las primeras personas, entre ellos un policía depurado, cuyo historial sale a cuenta gotas en los medios, alimentados en su mayoría por filtraciones policiales. Las teorías sobre las causas del crimen están por doquier.
Por ser de impacto, por tratarse del hijo de un ex presidente, y la relación de los otros jóvenes con políticos y un general en retiro conocidos, la dimensión del hecho planta enorme desafío a las autoridades policiales, las respuestas deben ser contundentes y las pruebas fehacientes. El hecho se produjo, justo cuando la mandataria hondureña, había relanzado su apuesta de policía comunitaria, cercana a la población, para poder atacar con mayor precisión a la delincuencia común y organizada.
Poco duró el lanzamiento de la apuesta, la autoridad se ha visto forzada a ofrecer resultados en tiempo estipulado para descartar la tendencia de que un crimen sin respuesta en las primeras 72 horas, corre el riesgo de caer en impunidad. Fresca estaba aún la tierra que cubre la tumba de los cuatro jóvenes ejecutados, cuando otra masacre se registró en el país en la zona de Puerto Cortés. Se suman a estas muertes, los crímenes violentos en contra de las mujeres, el otro grupo golpeado por la inseguridad y por quienes la presidenta Castro ha predicado son parte de la prioridad en su gestión estatal.
Los analistas ofrecen muchas lecturas a este repunte de violencia, entre ellas reacomodo de territorios por plazas en disputa, pero las cifras de la violencia desde hace algún tiempo vienen apuntando los focos rojos de la inseguridad en el país, un aspecto que ninguna administración ha querido ver, bajo el argumento que ellos serán quienes darán el “elemento sorpresa” de las victorias tempranas.
La policía nacional, cuyo liderazgo es encabezado por personas expertas en el manejo de maras y pandillas y de criminalidad organizada, debe tener salidas contundentes, llegar hasta al fondo del asunto, sin dejar de lado el trabajo por el cual había tenido en los primeros meses victorias tempranas: la captura de extraditables.
La delincuencia y la criminalidad organizada los está desafiando, la gente cree que la inseguridad va en aumento y al par de las muertes violentas, el otro delito que les está metiendo presión es el de la extorsión, última que está golpeando todos los estratos. El rubro del transporte, ha sido uno de los más golpeados, con cierre de estaciones de servicio y también con crímenes de sus conductores o asistentes.
Los escenarios no son fáciles para el gobierno de la presidenta Castro, que enfrenta una multicrisis heredada y otras emergentes. Los reacomodos no solo se están dando en las estructuras criminales, también en las fuerzas del orden, donde algunas unidades anticrímenes en manos de los militares han pasado de un soplo a la égida de la policía nacional civil, y no ha sido de buen agrado.
Si de redes sociales se trata, el combate a la inseguridad va viento en popa según los posteo de sus autoridades, funcionarios públicos y militancia del partido en el poder, cuyas narrativas oficiales distan mucho de los datos que arroja el mundo presencial: 10 homicidios diarios y más de 1,180 personas asesinadas de forma violenta en el primer semestre. El reto para la autoridad y el gobierno son enormes, la estrategia debe ser reenfocada, pues la presión también está por mantener las políticas de súper mano dura o evocar autoritarismos cercanos en la región, que, a la larga, pueden caer en políticas de exterminio de las cuales Honduras busca alejarse por los sinsabores y lecciones pasadas. La política de seguridad, invocan los expertos, debe ser de mano inteligente. El reto lo tiene la presidenta Castro.
