Tegucigalpa (Especial Proceso Digital)– En lo que va del 2024, el gobierno de la presidenta Castro enfrenta al menos tres emergencias visibles que provocan un desgaste en su administración: Salud, Cambio Climático y Seguridad, todas ellas precedidas de rimbombantes decretos de emergencia donde uno sucede al otro y las medidas “radicales” anunciadas siguen estando atrapadas en los discursos y en la reedición de viejas acciones tomadas por sus antecesores.
Se suma a estas emergencias el clima político preelectoral en donde el partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre), ha entrado a una especie de guerra sin cuartel entre su militancia y movimientos internos por el poder y ser ungidos con la candidatura presidencial por ese instituto político. Este desgaste que podría ser predecible está llegando muy temprano y con una ferocidad cavernaria donde los principales protagonistas son ministros, activistas, aspirantes y hasta el tribunal de honor del partido.
El alcance de estas acciones, más allá de confrontaciones intestinas, ya deja expulsiones que restan peso al oficialismo.
Dentro de la tríada de emergencias, destaca el sector de la Salud como uno de los focos de conflictividad social pero también de emergencia sanitaria. Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) indica que al menos unos 20 mil pacientes están a la espera de una cirugía, y si bien señala que no es responsabilidad exclusiva del presente gobierno, sino de decisiones erradas de antaño, tampoco se ha hecho mucho por mejorar este escenario.
La emergencia en Salud ahora la encabeza la epidemia de dengue que azota el país, desbordando los hospitales públicos, obligando a la apertura nuevamente de los triajes y hasta del hospital móvil destinado para el departamento de El Paraíso que se resistieron por más de dos años a habilitar.
Honduras registra más de 30 mil casos de dengue y al menos cerca de 50 decesos, de acuerdo con la titular de la Secretaría de Salud, Carla Paredes, que se vio obligada a declarar a inicios de junio una emergencia nacional por dengue, mientras algunos municipios del interior del país hacen lo propio, con sus recursos, ante el desborde de casos por la enfermedad. Una de esas alcaldías es la de San Pedro Sula, que convocó de emergencia a su cuerpo de regidores para autorizar la instalación de un pabellón para atender la emergencia. El departamento de Cortés es uno de los epicentros de la epidemia, pero también Francisco Morazán y otras regiones del interior del país. El dengue avanza implacable y las personas más afectadas son los niños, los menores de edad y los adultos mayores.
Emergencias sanitarias, previsibles, pero sin estrategias
La epidemia de dengue fue alertada desde hace un año al gobierno, pero no se tomaron las medidas y de acuerdo con los expertos epidemiólogos, las estrategias sanitarias utilizadas han sido reactivas, tardías y descoordinadas.
En los hospitales públicos y las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social, las salas están repletas de pacientes y los casos de dengue están desplazando otras enfermedades de base, y de nuevo salen denuncias de falta de medicinas, y el mal estado de los equipos de Rayos X, en el caso del seguro social.
La Secretaría de Salud ha negado que haya mora quirúrgica alta como ha denunciado la ASJ, pero lo cierto es que las citas para cirugías se siguen corriendo, y el dengue, un brote de COVID y diversos tipos de influenza, se convierten en ingredientes nada favorables ante la emergencia sanitaria decretada por dengue.
Esa crisis de medicamentos y de avance de una epidemia por carecer de estrategias de intervención y prevención más efectivas, tiene otro condimento no esperado: la politización de la salud con la entrega a los colectivos de Libre de la seguridad de los hospitales públicos, a tal punto, que ya se presentaron las primeras fricciones entre esos grupos en el Hospital Escuela por la disputa de 140 plazas que los activistas de Libertad y Refundación, divididas en dos facciones a lo interno del nosocomio, quieren controlar con fines proselitistas. Los expertos han advertido de los riesgos de dar la seguridad a gente sin experiencia, a activistas partidarios solo para llenar cupos laborales.
Los defensores de esta iniciativa aseguran que los colectivos de Libre darán cátedra de buen manejo de los hospitales y atribuyen a acciones “fascistas” a quienes cuestionan estas nuevas funciones de seguridad otorgada a los militantes de los colectivos de Libre, caracterizados por su virulencia, y ahora andarán armados.
Si esa crisis sanitaria salpicada por múltiples factores, entre ellas las denuncias de nepotismo de la titular de Salud, es de por sí un problema que alimenta la conflictividad en el país, no menos urgente es la otra crisis simultánea que enfrenta la administración Castro: la del cambio climático y los problemas ambientales en los territorios ligados a proyectos que contaminan el medio ambiente.
Narco-carretera, primera orden incumplida
Recién concluye un verano intenso con una contaminación ambiental sin precedentes que obligó el gobierno a decretar el retorno al teletrabajo por dos semanas, a consecuencia de la densa capa de humo que inundó la capital en sitios y zonas insospechadas, cuando los primeros aguaceros de nuevo evidencian dos hechos: la vulnerabilidad del país y la incompetencia por respuestas coherentes y efectivas en las zonas en donde cada año las inundaciones son dramáticas y recurrentes.
La Costa de los Amates, en el Pacífico, y el Valle de Sula, en el norte, cruzan los dedos cada año por sobrevivir a las lluvias, porque los bordos nunca llegan, se quedan a medias, y las represas siguen en estudios de factibilidad y maquetas que nunca aterrizan en la práctica. Solo trascienden los montos de 53 millones para un vado sumergible, otros 100 o 200 millones para acciones a mediano o largo plazo en la Costa de los Amates, mientras el BCIE calienta en su cartera de préstamos el tema de las represas Jicatuyo y Los Llanitos para los próximos años en las prioridades para Honduras en el Valle de Sula.
Previo a esta emergencia por las primeras lluvias que deja más de una veintena de zonas incomunicadas y los primeros muertos, el gobierno de Castro en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad decretó otra emergencia, esta vez en materia ambiental, por la quema de los bosques, el avance de la ganadería extensiva en zonas de reserva forestal, así como del crimen organizado, en especial el narcotráfico, en la construcción de narco-carreteras.
Esa emergencia ambiental decretada en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) desde la región selvática de la Mosquitia, en el atlántico hondureño, ya había sido declarada y con mayor alcance en un decreto del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, pero fue ignorado y creado otro a la medida del gobierno de la refundación. En esa nueva emergencia climática, la presidenta Castro otorgó un mandato relacionado con destruir en un término de 25 días, una narco-carretera construida entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios que habría provocado al menos la pérdida de 16 mil hectáreas de bosque en la región selvática de la Mosquitia hondureña, de acuerdo con reportes de expertos ambientalistas.
Ha pasado un mes desde que se ordenó esa disposición y la narco-carretera sigue funcionando, no se ha podido destruir, y según el Instituto de Conservación Forestal, no entiende por qué el Ministerio Público no ha actuado, mientras éste aduce que está a la espera de unos informes de la fiscalía del medio ambiente y de la fiscalía de las etnias y patrimonio cultural. En tanto, las comunidades misquitas favorecidas con la narco-carretera dicen que, si la destruyen, quedarán incomunicadas y volverán nuevamente al aislamiento en que se encontraban antes de la construcción ilegal de ese tramo.
Las metas en esa emergencia ambiental y climática hablan de una reforestación para este 2024 de 70 mil hectáreas de bosque y la producción al menos de 3 millones de plántulas. Pero esa emergencia, no contempla los daños que la construcción de dos cárceles, una entre Olancho y la Mosquitia, y otra en las Islas del Cisne, en el caribe, traerá para el ecosistema hondureño y la biodiversidad mesoamericana.
Las caras de la (in)seguridad
Las cárceles empezarán a construirse y desde ya la secretaría de Mi Ambiente trabaja en la otorgación de las licencias ambientales, anunciaron los militares, a quienes la presidenta Castro ha delegado esa función.
Ello lleva al último componente de la tríada de las emergencias: la Seguridad, la violencia y la inseguridad. Desde hace más de un año, Honduras vive un estado de excepción que surgió para combatir la extorsión, pero ésta no cesa, se expande hacia otros sitios del país, según los transportistas e informes presentados por la ASJ con datos oficiales del actual gobierno.
Ese estado de excepción es parte de un plan anticrimen, que ahora ha sido ampliado en su versión 2.0 con medidas que ya fueron tomadas en el gobierno del expresidente Hernández, pero también por la presidenta Castro en el lanzamiento de la primera etapa del plan anticrimen, que ahora, según los militares y policías busca emular la “efectividad” de las medidas del presidente Bukele en el Salvador.
En la reedición de las medidas adoptadas por el gobierno se habla de reformas penales para endurecer penas a quienes maten a operadores de justicia, así como en la categoría de terrorismo bajo la cual han ubicado a las maras y pandillas.
El 20 de septiembre de 2017, el Congreso aprobó un nuevo artículo del Código Penal (artículo 590) que establece que «son asociaciones terroristas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos o más personas, para cometer algún delito» con finalidades como «subvertir gravemente el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población o parte de ella».
Así la medida anunciada por el gobierno junto al CNDS que piensa enviar al Congreso Nacional, está vigente, no es nueva. Como nuevo tampoco es lo relacionado al control de chip y billeteras electrónicas.
El 28 de noviembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro en su discurso de 10 meses de gobierno, en un evento en la Policía Nacional, dijo que giró instrucciones para que en un término de 30 días se controle la venta de simcard (chips) y billeteras electrónicas, últimas que según los expertos no necesitan legislación, pues es algo reglamentario que compete a la Comisión Nacional de Banca y Seguros en el marco del plan antiextorsión.
En mayo de 2023, un mes antes de la matanza de Támara, el titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Lorenzo Sauceda anunció “apagón total” de las comunicaciones en la cárceles, pero esto nunca ocurrió. Recién la semana pasada el mismo funcionario volvió a prometer un completo bloqueo de las llamadas de 24 centros penales.
En una comparecencia televisiva, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, dijeron que estas nuevas medidas han sido ampliadas para ser más efectivas, destacando entre ellas una cárcel para llevar “en el corto” plazo a 20 mil privados de libertad entre un espacio aún incógnito en la frontera entre los departamentos de Olancho y La Mosquitia. Las autoridades militares informaron también que en los próximos 30 días iniciaban la licitación para construir la mega cárcel en las Islas del Cisne porque ya se tenía la licencia ambiental.
La segunda fase de este plan anticrimen contempla acciones inmediatas en zonas en donde opera el crimen organizado, las maras y pandillas y los que efectúan transacciones ilícitas como el lavado de activos, además de acelerar las 16 órdenes de captura con fines de extradición, una de las cuales ya se produjo relacionada con el ex vicealcalde de Gracias, Lempira, Mario Cálix, ligado al clan del exalcalde de el Paraíso, Copán, Alexander Ardón y también de la familia Hernández que conforman los hermanos Tony y Juan Orlando Hernández, ambos presos en cárceles de Estados Unidos por asuntos de narcotráfico.
Cálix fue capturado en un operativo policial en una hacienda en Catacamas, Olancho, goza de detención preventiva mientras se realiza su próxima audiencia con fines de extradición. Las autoridades policiales y del Poder Legislativo han emitido efusivas versiones acerca de que “vamos bien” y que se cumple el plan anticrimen de la presidenta Castro. Estados Unidos había solicitado a Cálix en el 2019, pese a las versiones del ministro Gustavo Sánchez que dijo tuvieron que ir hasta la DEA para buscar la orden de captura contra el exvicealcalde de Gracias.
Pero en medio de esta emergencia en seguridad, la violencia y los homicidios no cesan, menos los crímenes contra las mujeres que van más de 110 a mayo de 2024, en tanto trascienden los homicidios dentro de las cárceles y los centros de internamiento de menores.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos reportó que al menos 90 personas han muerto en las cárceles o bajo la custodia del Estado y de los militares de 2023 a mayo de 2024, y que toda muerte bajo estas circunstancias debe ser investigada. Ofreció datos y zonas donde se produjeron estos crímenes en las cárceles o en las postas policiales. El comandante de la Policía Militar de Orden Público, el coronel Ramiro Muñoz, a cargo de los centros penales, rechazó esos datos y retó al Comisionado de Derechos Humanos a presentar pruebas porque Honduras no es Ucrania. Ni corta ni perezosa la instancia defensora de los DDHH hizo lo propio.
Y para rematar la tríada con la emergencia en seguridad, la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, ratifica no solo que las 46 privadas de libertad masacradas en la cárcel de mujeres en Támara el 20 de junio de 2023, fueron asesinadas con armas oficiales de la Policía Nacional, sino que también revela que desde la Policía Nacional siguen operando las bandas delincuenciales que tienen de rodillas a la población.
A lo interno de la Policía operan bandas de extorsionadores y secuestradores, otros son socios del crimen organizado, asegura, tras hundir con su aliento al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, al asegurar que las empresas de sus hijos están siendo beneficiadas con contratos en el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (Inami) y con contratos de publicidad de la secretaría de seguridad.
Villanueva ofreció estas expresiones en el programa de debates Frente a Frente que dirige su director, Renato Álvarez, luego de haberse ausentado tres meses del país por amenazas contra su vida por denunciar la colusión policial en el caso de la barbarie en contra de las 46 privadas de libertad en la cárcel de mujeres de Támara.
Esa tríada de emergencias mantiene conflictuado el gobierno de la presidenta Castro que, al filo de concluir su presidencia pro tempore en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) el 30 de este junio, para oxigenarse ha iniciado una serie de visitas a sus colegas de Costa Rica, Guatemala y Panamá (asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente Raúl Mulino). En ese empujón, la gobernante ha solicitado a sus colegas reactivar el SICA y elegir un nuevo secretario general que corresponde a Nicaragua, pero no hay consenso en la mayoría de los países para que asuma esa posición la dictadura de Daniel Ortega.
Sobre ese péndulo en el cual se mueve la administración Castro, se suma el tsunami político a lo interno de su partido Libre y la suspensión de derechos o expulsión del líder opositor al oficialismo en ese instituto político, el diputado Jorge Cálix. Lo que ha originado la salida de Cálix de las filas de ese partido, ha avivado la llama de la fractura interna de Libre tras los hechos por la presidencia del Congreso Nacional de 2022.
La presidenta Castro con una reprobación en su gestión de 4.23 de un total de 10 puntos, según el sondeo de los jesuitas, ha intentado en estos seis meses del 2024, frenar la declive con decretos de emergencia, cuyos resultados siguen siendo magros, mientras la vorágine interna que vive su partido puede terminar desgastar su gestión, que de paso, ha incumplido una promesa de campaña anhelada por la ciudadanía: la instalación de la CICIH, que sigue en negociaciones para largo mientras afloran los primeros casos de corrupción en su gobierno y el creciente nepotismo entre sus funcionarios. Es la tríada de las emergencias que potencialmente se multiplican. (PD)
