A propósito de la presentación del Presupuesto de Ingresos y Gastos que el gobierno entregó a comienzos de la semana al Congreso Nacional, como parte de la ritual vidorria pública, mi entrañable amigo Hugo Noé pronunció una sentencia lapidaria que plagio a continuación: “Si bien el presupuesto de un país es la expresión cuantitativa de su política fiscal, perfectamente podría estar huérfano de ella”.
Pocas cosas definen la realidad pública de Honduras como la frase anterior. Desde 1950, nuestro país repite año tras año un sainete que sirve para justificar el cobro de impuestos a la gente, el pago de favores políticos a mórbidos activistas y el enriquecimiento de unos pocos individuos que, desprovistos del talento necesario o las ganas de ganarse la vida decentemente, buscan en el erario la forma fácil de resolver sus problemas crematísticos.
Evidentemente esa no es la razón de existir de esa ficción que los economistas llaman “política fiscal” y que, como bien apunta Hugo, tiene su expresión cuantitativa en el presupuesto.
Vale la pena abordar este asunto de la política fiscal desde una perspectiva moral. ¿Tiene sentido que el gobierno cobre impuestos, explote recursos naturales (cuando los hay y están nacionalizados) o se endeude con terceros, bajo la excusa de mejorar la vida de sus súbditos? Porque al final, la política fiscal emerge de al menos una de estas tres fuentes.
Si concluimos, como lo hizo Thomas Hobbes en su “Leviathan”, que el gobierno es un mal necesario aun, y que por tanto debemos darle vida, estructurarlo de forma ordenada (como apuntaba Weber) y ponerlo a trabajar al servicio de la ciudadanía, cómo es mandatorio de todo lo público, surge entonces la otra pregunta: ¿Qué hacer para que funcione bien?
Difícil tarea. Sobre todo, si debemos asumir que la naturaleza de los humanos les empuja a buscar su beneficio personal y que solo un mecanismo inteligente de orden social hará disuadir a quienes manejen recursos de todos, de la tentación de apropiarse, aunque sea en parte, de lo ajeno.
Quienes hemos tenido la posibilidad de administrar lo que no nos pertenece, nos hemos visto tentados a apropiarnos o aprovechar la influencia que da una posición, sea por ambición o por vanidad. Pareciera que el poder genera esta pulsión que es irresistible casi a todos, con honrosas excepciones como Mujica.
Pero una sociedad como la hondureña no se puede dar el lujo de esperar a que lleguen funcionarios o líderes políticos “iluminados y honestos” para hacer que el estado se convierta en un generador de bienestar para su gente.
El único camino posible en nuestro caso es la construcción de normas, ya sea legales o de convención social, que disuadan a quienes administran la cosa pública, de posibles abusos. Pero dichas normas deben asegurar la división del poder y los mecanismos adecuados de vigilancia, sin ellos es imposible el éxito social.
Lo anterior implica que la gente, a través de organizaciones ciudadanas independientes, luche por una verdadera emancipación de lo público. Esto solo puede lograrse mediante la “captura” del estado por estas organizaciones y que, a su vez, las mismas generen un esquema de control que impida que algunas de ellas monopolicen el poder. Acemoglu y Robinson llaman a ello, “Pequeñas coyunturas críticas” y son indispensables en la democracia republicana.
Todo eso existe en nuestro país: los gremios como el Colegio Médico, las Cámaras de Comercio, los claustros académicos y otras instancias de vigilancia especializadas como el CNA o el FOSDEH, pueden aglutinarse y forzar a los funcionarios y empleados gubernamentales a hacer su trabajo de forma adecuada y sobre todo, presionar a los operadores de justicia para que castiguen su desobediencia.
Solo así podrá funcionar la maquinita del presupuesto; en obediencia a una política económica clara, destinada a cumplir un mandato directo de la ciudadanía. No es agrandando el estado, ni dejando a la suya al mercado, es con una ciudadanía fuerte, organizada y dispuesta a generar el cambio.
2021 nos ofrece de nuevo esa posibilidad, ¡No la echemos a perder!
