Tegucigalpa – La lucha contra la corrupción, que con gran ímpetu se registró en los últimos años en los países del Triángulo Norte, parece cobrar un nuevo giro con los aires electorales en Guatemala, la asunción de un nuevo gobierno en El Salvador y la tendencia de una justicia en los tres países que prefiere mantener en «abstracto» resoluciones judiciales que podrían beneficiar, la libertad de unos o la reducción de penas, de otros, como parte de un poderoso blindaje.
La llamada primavera anticorrupción, que desde el 2015 se instaló con fuerza en el Triángulo Norte, comienza a tener sus traspiés, en especial con subterfugios legales que ralentizan los procesos, golpean por donde menos se esperan y tienen en los procesos electorales esperanzas para revertir los esfuerzos por la transparencia y contra la impunidad.
Las primeras advertencias las dio Guatemala, cuando el actual gobernante Jimmy Morales, denunció el convenio con la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala (CICIG), luego que ésta señalara a Morales y a su círculo familiar—un hijo y un hermano del presidente—en ilícitos para posteriormente acusar al gobernante de haber recibido financiamiento ilícito en su campaña electoral, un delito que es castigado por la legislación de ese país.
Guatemala en la encrucijada
El Presidente de Guatemala Jimmy Morales
Ese paso de la CICIG y otros relacionados con fuertes golpes a sectores políticos y económicos ligados a la impunidad, en donde un expresidente y una exvicepresidenta guardan prisión a la espera de un juicio, permitió que las fuerzas anti CICIG se unieran y hoy tengan a esa instancia en una suerte de lucha contra molinos de viento, en especial, cuando su principal aliado, el Ministerio Público, empieza a tomar rumbos más discretos de la mano de su nueva fiscal, María Consuelo Porras.
Alejandro Giammattei y Sandra TorresLa apuesta guatemalteca por la institucionalidad la está llevando a otra encrucijada: las elecciones de segunda vuelta programadas para inicios de agosto en donde las fuerzas se centrarán en la candidata socialdemócrata Sandra Torres y el ultraderechista Alejandro Giammattei, ambos en la mira de la CCIG por presuntos ilícitos. Los guatemaltecos deberán escoger entre el menos malo, según los analistas.
Independientemente de quien gane los comicios, Torres o Giammattei, ambos no están interesados en la que la CICIG continúe y los escenarios de lucha anticorrupción siguen siendo inciertos. La primavera guatemalteca se debilita.
El Salvador entra a lo “abstracto”
Los expresidentes de El Salvador enfrentan la justicia por corrupción
Mientras, en El Salvador, con la asunción de un nuevo gobierno, la lucha contra la corrupción parece haber encontrado un asidero legal que generará complicaciones a quienes buscan poner tras las rejas a los delincuentes de cuello blanco. Ese asidero se llama justicia y sus figuras “en abstracto”.
Bajo esta figura legal de “lo abstracto” un tribunal tomó dos determinaciones que favorecen al ex presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca: cerrar el caso por el desvío de fondos procedentes de Taiwán por considerar que la causa prescribió hace más de una década y así lo ordena la ley; y dejar en “abstracto” una sentencia en la cual se le obliga a Saca a devolver más de 200 millones de dólares que había sustraído de las arcas públicas tras argumentar que toca a la fiscalía probar si en efecto él desvió ese dinero.
El expresidente Saca está condenado por corrupción luego de confesar su delito y lograr así una reducción de pena. La decisión de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador favoreció también con esa medida a otras cuatro personas, todas ellas allegadas al círculo del poder del expresidente Saca.
La justicia salvadoreña pone así en “abstracto” una sentencia y si bien la Fiscalía puede apelar la decisión, el camino legal se ha abierto y otros casos ligados a la corrupción que están siendo investigados y procesados podrían invocar esa figura legal de “abstracto”.
Mientras, la promesa del gobernante Nayib Bukele de instalar una Comisión contra la Corrupción en El Salvador, según los analistas, el ímpetu empieza a apagarse y centran su preocupación en la especie de hibernación en que ha caído la Fiscalía frente a los casos de corrupción.
Honduras y sus leyes de blindaje
Luiz Guimarães Marrey culminó un año frente a la MACCIH
En Honduras, la estadía de la MACCIH depende de la renovación de un convenio que ha empezado a ser cabildeado en Washington entre la OEA y el gobierno hondureño, para determinar si se amplía o no su mandato por al menos dos años más.
La MACCIH, actualmente sin vocero oficial, ha apoyado al Ministerio Público en la presentación de más de una docena de casos en los tribunales de justicia, todos ellos de alto impacto que sindican a funcionarios y exfuncionarios de gobierno, diputados y exdiputados, personas naturales allegadas a círculos del poder en los últimos dos años.
Pero la legislación hondureña ha entrado también en “abstracto” mediante un blindaje de leyes que buscan “frenar” el impulso en la lucha anticorrupción en el país.
Caso Red de Diputados Primero una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dijo que el convenio de la MACCIH era constitucional pero no así la UFECIC, en una interpretación que iba más allá de lo que le habían pedido: si MACCIH era o no inconstitucional. En tal sentido, el Ministerio Público fijó su posición indicando que, si MACCIH era legal, también lo era UFECIC.
Luego otra sentencia de la Sala Constitucional dejó “archivado” o en “abstracto” el caso Red de Diputados que implica a exdiputados y diputados en supuestos ilícitos, bajo el argumento de una interpretación a la ley de presupuesto hecha por el Congreso Nacional, que, de acuerdo con otro fallo de la Sala Constitucional, fue declarado como inconstitucional. No obstante, el caso sigue “en abstracto”.
Por su parte, el Congreso Nacional ha aprobado una serie de leyes y reformas que los analistas califican de “blindaje” a la corrupción. La última iniciativa es el nuevo Código Penal que contiene una fuerte reducción de penas a los delitos de corrupción, crimen organizado, trastoca la libertad de expresión, además de rebaja en penas a los casos de violencia contra la mujer.
Instancias nacionales e internacionales han alertado sobre los alcances de este código que no garantizan aplicación adecuada de la justicia y han demandado la derogación del mismo. La lucha contra la corrupción enfrenta así nuevos retos democráticos en donde las grandes decisiones se tomarán en los tribunales de justicia, quienes con sus sentencias dirán cuál será el rumbo que tomará la lucha contra la impunidad.
