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Tres periodistas muertos y 46 agredidos en México en 2009

México – Al menos tres periodistas han perdido la vida y 46 han sido agredidos en México durante el desempeño de su labor profesional en lo que va de este año, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) difundidos hoy.
 

Las agresiones comprenden detenciones arbitrarias, allanamiento, intimidación y trato cruel o degradante, entre otros.

Los territorios que concentran más situaciones de esta clase son Oaxaca (27%), Veracruz (27%), Distrito Federal (23%), Nuevo León (14%) y Michoacán (9%), detalla el reporte.

En el mismo período de los años 2007 y 2008 se produjeron 18 y 19 agresiones a informadores, respectivamente, apuntó la CNDH.

La institución ha abierto expedientes de investigación en 17 de los casos, mientras que el resto de quejas reportadas no son competencia del organismo.

El informe no comprende los reclamos interpuestos ante organismos de derechos humanos de los diferentes estados de México.

Las amenazas por parte del narcotráfico, principalmente, han motivado que los medios mexicanos extremen sus precauciones en algunos estados y demanden a las autoridades que acaben con la impunidad de los crímenes contra periodistas.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), el año pasado fueron asesinados en México cuatro periodistas en el ejercicio de su labor, mientras que decenas más fueron amenazados.

La CNDH reveló además que este año emitió dos recomendaciones sobre casos que tienen que ver con periodistas.

Uno de ellos afecta al asesinato en 2003 del informador Rafael Villafuerte Aguilar en el estado de Guerrero (sur), cuya investigación, según el organismo, no se ha llevado a cabo de forma adecuada.

El otro compete a la retención por parte de agentes policiales en 2005 de la periodista Lydia Cacho, un hecho que la CNDH acreditó como tortura, violación al derecho a la salud, a la legalidad y a la libertad de expresión.

Cacho denunció en un libro una trama de pederastia en el Caribe mexicano que implica a empresarios y políticos, y se convirtió en una reconocida figura pública por su labor activista.

La Suprema Corte mexicana falló en contra de decretar su caso como una violación grave a los derechos humanos, lo que provocó gran indignación social.

La CNDH emitió más de un año después de esa sentencia una recomendación a los gobernadores de los estados de Puebla (centro) y Quintana Roo (sur) para que investiguen los presuntos abusos y torturas a los que fue sometida Cacho.

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