Ginebra.– Tres de cada cuatro refugiados nicaragüenses en Costa Rica pasan hambre, comen solo una o a lo mucho dos veces al día, como consecuencia de la difícil situación económica que la pandemia de COVID-19 ha puesto al país que les recibió.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) alertó hoy de esa grave situación, que está llevando a que muchos refugiados se estén planteando regresar a Nicaragua, de donde huyeron por la grave crisis política que derivó en abusos de los derechos humanos y represión de cualquiera que fuese percibido como opositor al régimen.
Si actualmente el ACNUR tiene registrados 81.000 nicaragüenses solicitantes de asilo, hace algunos meses eran 84.000, confirmó en una rueda de prensa en Ginebra la portavoz del organismo, Shabia Mantoo.
Un sondeo realizado entre los refugiados para conocer el impacto que está teniendo en ellos la pandemia ha revelado que más del 20 % de los entrevistados tiene al menos un miembro de su familia que contempla retornar a Nicaragua y que la mayor razón es la falta de alimentos.
Antes de que la crisis sanitaria golpee al mundo, varias iniciativas locales permitieron que prácticamente todos los refugiados, incluyendo los de otras nacionalidades, tuviesen acceso suficiente a alimentos, pero ahora esa ayuda se ha debilitado porque las propias comunidades que los acogieron están soportando una situación muy difícil.
Las medidas de cuarentena han afectado el acceso al empleo en este país, como en el resto de América Latina, donde la economía informal es predominante.
Según la base de datos del ACNUR, Costa Rica acoge al 80 % de todos los refugiados y solicitantes de asilo de Nicaragua que huyeron de la persecución y el año pasado fue uno de los diez países del mundo que recibió más peticiones de asilo (59.200).
En total, más de 100.000 nicaragüenses escaparon de su país para buscar protección, en la mayoría de casos en un país vecino.
La información recogida entre los refugiados indica que solo el 59 % de las familias refugiadas en Costa Rica tenía un ingreso por alguna actividad laboral hasta fines de julio, frente al 93 % que se ganaba la vida antes de que la pandemia golpeara.
«Esto deja a muchos ante el riesgo de un desalojo y de convertirse en sintecho», señaló la portavoz.
Esa posibilidad y la angustia que genera se revela en que una quinta parte de los refugiados que fueron entrevistados dijeron que no sabían donde estarían viviendo al siguiente mes.
En los últimos meses, el ACNUR ha puesto en marcha programas de asistencia a través de la entrega de efectivo en Centroamérica para apoyar a los desplazados, incluyendo más de 1.200 familias vulnerables en Costa Rica, donde también ha podido facilitar -gracias a un acuerdo con la Seguridad Social- la cobertura médica para enfermos graves y crónicos.
Sin embargo, indicó que para continuar deberá recibir más financiación y cubrir los 26,9 millones de dólares que cuesta su operación en Costa Rica, y de la que sólo ha recibido contribuciones equivalentes al 46 %.
